XVI Conferencia Regional sobre la Mujer: Declaración del Foro Feminista

Nosotras, mujeres diversas: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y mayores; indígenas,
afrodescendientes, racializadas, con discapacidad, con VIH, trabajadoras del hogar y los
cuidados, periodistas, defensoras, madres buscadoras, trabajadoras sexuales,
lesbianas, bisexuales, trans e intersex; migrantes, refugiadas, exiliadas y desplazadas;
mujeres campesinas, rurales y jornaleras; estudiantes, académicas y profesionales; así
como mujeres sindicalistas y organizadas; desde nuestras distintas realidades y
territorios, estamos hoy aquí para exigir que se reconozca nuestra contribución a la
sostenibilidad de la vida, al trabajo digno y a la justicia social. Desde nuestras múltiples
realidades y resistencias, demandamos que se garanticen todos nuestros derechos, se
fortalezca el financiamiento a los movimientos y contar con condiciones de protección
integral para salvaguardar la vida y las luchas de quienes defendemos derechos
humanos.

A 30 años de Beijing, las feministas de América Latina y el Caribe reconocemos los
avances hasta hoy para colocar al centro los derechos humanos de las mujeres, niñas y
personas con identidades y expresiones de género diversas. Beijing fue posible por la
potencia de los movimientos feministas históricamente organizados en todo el mundo,
y en particular del sur global. Y ha sido gracias a esa fuerza colectiva que logramos
ganar derechos frente a contextos profundamente adversos.

Hoy, sin embargo, enfrentamos un estancamiento y retroceso alarmante. La crisis del
multilateralismo, la captura corporativa de los sistemas democráticos y la expansión de
discursos anti derechos y fundamentalistas ponen en jaque las justas demandas por la
justicia social, la paz, el bienestar y la dignidad humana. Nos encontramos ante una
escalada de violencia letal, la criminalización en contra de las defensoras, los
movimientos feministas y el cada vez más reducido espacio para la participación cívica.
En nuestra región se vulneran derechos humanos todos los días, a través de figuras
como el Estado de Excepción, reelecciones indefinidas, la normalización de la pobreza
extrema, el racismo sistémico, la violencia sistemática, la colusión de autoridades del
Estado con poderes fácticos y la inestabilidad política.

Es claro que las desigualdades en esta región están vinculadas a relaciones de poder
internacionales marcadas por políticas colonialistas heredadas del Norte Global y aún
vigentes en nuestra región, que afectan los proyectos de vida de las mujeres en toda su
diversidad. El despojo de bienes comunes, el extractivismo, las políticas públicas post
desastres que facilitan el desplazamiento y la especulación financiera, el eterno
endeudamiento de nuestros países y las medidas coercitivas unilaterales son formas de
neocolonialismo que vulneran la vida digna y los ecosistemas de la región.

Estamos atestiguando en tiempo real el genocidio en Palestina, la Guerra Civil en
Yemen, las consecuencias de la Guerra en Etiopia, Somalia, Sudán, Ucrania y la crisis
humanitaria en Haití. Las guerras no son nuevas, pero sí lo es la incapacidad —o el
desinterés— de los Estados y organismos multilaterales para actuar con eficacia frente
a la catástrofe social, política, económica y ecológica que atravesamos. Y cada vez son
más claros los intereses económicos y extractivistas, que perpetúan las guerras para
mantener la industria armamentista.

Y por eso, hacemos un llamado a que los países de América Latina y el Caribe se
comprometan de manera firme con el fin de las guerras y de los procesos genocidas,
como condición imprescindible para avanzar hacia sociedades que ponen en el centro
al cuidado de las personas, de la vida y de la Tierra.

En este contexto, es urgente recuperar el sentido profundo de la democracia y del
multilateralismo, no como fines en sí mismos ni como ejercicios de diplomacia vacía,
sino como herramientas reales para transformar las condiciones de vida de nuestras
comunidades. Los instrumentos y normas internacionales no pueden seguir
acumulando polvo en los estantes mientras los derechos se vulneran a diario. No
estamos aquí para defender rituales institucionales en grandes salones, sino para exigir
vidas dignas, libres de toda forma de discriminación y violencia, con acceso a salud y
educación de calidad, a trabajos decentes, sistemas integrales de cuidado y protección
social efectiva. La legitimidad del sistema internacional se juega en su capacidad de
responder a las urgencias de los pueblos, no en la repetición de compromisos que nunca
se cumplen.

Hacemos un llamado a los Estados a volver a lo básico: a colocar en el centro la vida, la
justicia social, racial y ecológica, así como la igualdad de género, y la protección de los
derechos humanos. También los invitamos a ser valientes y creativos en sus respuestas.
Las feministas llevamos décadas construyendo estrategias colectivas, sostenibles y
radicales que deben ser reconocidas e incorporadas en el debate de los Estados.
Exigimos una política fiscal con justicia feminista que no tenga miedo de tocar los
intereses de quienes más concentran capital. Los gobiernos deben garantizar que
quienes más acumulan capital paguen más impuestos y que los recursos públicos sirvan
para garantizar derechos a los sectores más empobrecidos de nuestras sociedades. Sin
justicia fiscal no hay sociedades de cuidados y sin sociedades de cuidados, no hay
justicia de género.

Nos pone en alerta que prioricen las alianzas público-privadas dentro de los
compromisos, ya que son la puerta de entrada para la captura corporativa. Reiteramos
la vigencia de la Plataforma de Acción de Beijing y del Plan de Acción de la Estrategia
de Montevideo, los cuales ofrecen marcos claros para avanzar en la autonomía física
económica, y en la toma de decisiones.

Para construir una verdadera Sociedad de Cuidados, es imprescindible, entender a los
cuidados como un bien común y transformar la lógica que ha sostenido la injusta
división sexual del trabajo remunerado y de los cuidados. Ello requiere desfeminizar
los cuidados y apoyos, para que dejen de recaer únicamente sobre las mujeres y
personas feminizadas, desfamiliarizarlos, trasladando la responsabilidad al Estado y la
comunidad, y desmercantilizarlos para que el acceso a los cuidados y a los apoyos sea
universal. Esta triple transformación debe guiar la política pública, los marcos
normativos y la reorganización social de los Estados y las comunidades.

El derecho a los cuidados y los apoyos para personas con discapacidad y sus cuidadoras
deben ser pilares de los sistemas de protección social, garantizando autonomía,
igualdad y participación plena. La autonomía incluye contar con apoyos para cuidar. La
accesibilidad universal y los ajustes razonables son clave para reducir inequidades y
ejercer derechos. Promover cuidados desde la dignidad humana es avanzar hacia
sistemas inclusivos, libres de barreras, que aseguren la participación activa y autónoma
de todas las personas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya reconoció que el cuidado es un
derecho humano por lo que en el Compromiso de Tlatelolco se debe aprovechar esta
oportunidad para llegar a compromisos que den rutas claras para la implementación
progresiva, el monitoreo y la rendición de cuentas. Porque no podemos permitir que la
agenda de género regional sea reducida a enunciados simbólicos sin contenido, ni
transformaciones estructurales.

Exigimos compromisos claros con la agenda más humanizante de todas. La que
promueve un modelo económico, político, social y cultural que genera bienestar, es
sustentable y pone al centro los cuidados. La agenda que ha abanderado el
reconocimiento del derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y proyectos de
vida. La que propone garantizar una justicia social con enfoque restaurativo y reparador.
La agenda de la igualdad sustantiva que los feminismos sostenemos.

Exigimos compromisos claros con la agenda más humanizadora de todas. La que
promueve un modelo económico, político, social y cultural que genere bienestar, sea
sostenible y ponga el cuidado en el centro. La agenda que ha defendido el
reconocimiento del derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y proyectos de
vida. La que propone garantizar la justicia social con un enfoque restaurativo y
reparador. La agenda de la igualdad sustantiva que apoyan los feminismos.
¡Desde Palestina hasta Haití, exigimos paz, justicia e igualdad!