Tribunal de Mujeres en la Cumbre de los Pueblos: por una justicia no patriarcal

Belém do Pará (Brasil). El Tribunal Ético en Defensa de los Cuerpos y Territorios de las Mujeres y Disidencias Sexuales y de Género se realizó en esta ciudad donde se presentaron nueve casos emblemáticos de vulneración de derechos de las mujeres en el actual contexto de crisis climática, política, económica y social causada por el modelo que expanden los países ricos del norte global.

“Estamos acá para hacer una verdadera justicia, una justicia que no sea patriarcal, colonial ni monocultural”, afirmó la presidenta del Tribunal, Celia Xacriabá, lideresa indígena y diputada federal del Brasil.

El tribunal se organizó en el marco del Eje 6 de Feminismos Populares de la Cumbre de los Pueblos, que en forma paralela a la 30 Conferencia de las Partes de la convención climática de Naciones Unidas, se reunió en la sede de la Universidad Federal do Pará con participación de más de 1,100 organizaciones del sur global y unas 15,000 personas.

Fue promovido por la alianza del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán con el Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático (Perú), en conjunto con la Articulación de Mujeres Brasileras (AMB) y la Coalición Mundial por los Bosques, se realizó el 13 de noviembre.

Además de la presidenta, estuvo integrado por las juezas Sophie Dowlar, de la Marcha Mundial de Mujeres, de Kenia, África; Uli Arta Siagian, activista de Indonesia por la justicia climática, del Sureste de Asia; Nazely Vardanyan, de      Bosques Armenios, en representación de Asia Central/Europa del Este; y por América Latina Marisol García, lideresa indígena del pueblo amazónico kichwa de Perú.

Los casos testimoniados mostraron la intersección de las violencias de género, geopolítica, económica, social, ambiental, racial, transfóbica y climática en los cuerpos y territorios de las mujeres, así como sus resistencias ante un orden de opresión frente al cual oponen una lucha articulada por una convivencia en paz, sin discriminaciones, con justicia, en equilibrio con la naturaleza y celebrando la diversidad.

Los casos presentados ante el Tribunal, fueron:

1. El de Assalah Abu Khdeir, de Palestina, integrante de la Marcha Mundial de Mujeres. Ella denunció el genocidio impuesto a su pueblo por el Estado sionista de Israel, en el que las mayores víctimas son mujeres, niñas y niñxs, que padecen de hambre, están privados de la salud y de condiciones para poder existir. Ella clamó por su derecho a vivir en paz, con libertad y autonomía frente a los incesantes ataques de Israel, Estados Unidos y sus aliados.

2. El de Juslene Tyresias, de Haití, integrante de la Vía Campesina. Ella testimonió sobre los graves impactos de la inseguridad en su país que ha incrementado la violencia física, psicológica y sexual, inclusive feminicidios contra las mujeres y las niñas ante la debilidad del Estado, que lejos de resolver el problema, ha facilitado el accionar de las bandas delincuenciales. Los efectos del cambio climático se suman a esta grave realidad, obligándolas a desplazamientos forzados.

3. El de Chaba Siny, del Sahara Occidental, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres, quien reclamó el derecho que corresponde al pueblo saharawi de autodeterminarse sin la intromisión de Marruecos ni ningún Estado. Denunció que las mujeres sufren de represión, acoso y de la prohibición de manifestarse políticamente, y que para forzarlas al silencio se les recorta los salarios. Afirmó que no puede haber justicia climática con ocupación y sin justicia territorial.

4. El de Olivia Bisa Tirko, lideresa indígena del Perú, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra. Ella acusó al Estado peruano de sostener pactos empresariales que están destruyendo a su país, orillándolo al ecocidio y genocidio, violentando los derechos de los pueblos indígenas mientras son asesinados mujeres y hombres que defienden sus territorios y la naturaleza. Denunció que las actividades extractivas causan daños irreparables: la pérdida de biodiversidad, identidad cultural y violencias múltiples contra las mujeres. Cuestionó que 30 COPs no hayan frenado la crisis climática y que no tomen en cuenta las propuestas de las mujeres.

5. El de Beku Gogti del pueblo indígena Xikrin, de Brasil, militante del Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería. Ella reveló que la vida y salud de las mujeres, particularmente embarazadas, están afectadas debido a la contaminación de los ríos por la actividad minera causada por Vale. Alzó su voz de reclamo en defensa de los derechos y conocimiento tradicional y cosmovisión de su pueblo, cada vez más amenazados por la presencia de esta minera.

6. El de Cledeneuza Bizerra, del Movimiento Quebradeiras de Côco Babacú, de Brasil, quien denunció las amenazas a los medios de vida y seguridad alimentaria que están sufriendo por la expansión de la industria agrícola. Reivindicó la importancia de sus saberes y conocimientos tradicionales y demandó el derecho de seguir con su modo de producción libre de veneno. Y recordó que las personas no comen dinero, sino lo que producen las mujeres rurales en todo el mundo.

7. El de Alejandra Laprea, de Venezuela, de la Araña Feminista, quien denunció el acoso de Estados Unidos a su pueblo y los impactos del bloqueo económico impuesto a la vida, salud y bienestar de la población, que perjudica de manera desproporcionada a las mujeres porque son ellas las que están en el trabajo de cuidados. Dijo que toda esta situación las ha colocado en mayor vulnerabilidad ante la violencia de género y las forzó a desplazarse fuera de su país.

8. El de Julia Chunil, lideresa indígena mapuche (Chile), desaparecida el 8 de noviembre de 2024, luego de ir a buscar a sus animales en su territorio, al que defendía de empresarios agroforestales. María José Lubertino, de la Red Ecofeminista de Latinoamérica y el Caribe, denunció su caso a este tribunal y cuestionó que sucedan estos hechos en un Estado democrático, al que imputó su responsabilidad de no cuidar. Pidió al Tribunal justicia para Julia Chunil. 

9. Melisandra, mujer trans, de la organización Casa Cura de Belém do Pará. Ella testimonió sobre la situación de peligro y vulnerabilidad en que se encuentra su comunidad, sin derechos y bajo una persecución histórica a sus cuerpos por odio, transfobia y racismo religioso. Denunció la impunidad del Estado de Brasil, donde ocurren más asesinatos de personas trans en el mundo y demandó justicia para las diferentes dimensiones de sus vidas. Exigió que se efectivice el derecho que tienen a ser parte de la toma de decisiones en todo espacio, pues de lo contrario no se puede hablar de justicia climática ni transición justa.

Ante los casos testimoniados, la sentencia de las juezas señaló que cada uno de ellos evidencia que “venimos de un proceso de neocolonización del norte global con sus grandes empresas y proyectos que arrancan los bosques con un capitalismo depredador que mata los hijxs, las infancias, que mata nuestros territorios y ve a los bosques como mercadería, explotando nuestros ecosistemas”.

Y entre las medidas exigidas a los Estados colocaron la justicia financiera porque son las mujeres quienes están en la primera línea de la crisis climática, reparaciones justas por las ocupaciones ilegales de sus territorios y daños socio ambientales y culturales, y representación equitativa en todos los espacios de decisión.

Anunciaron también la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los responsables de estos crímenes contra las mujeres y disidencias de género “ya que nuestros cuerpos y territorios deben estar protegidos por el derecho internacional. Quien mata a las mujeres mata a la naturaleza y mata a la humanidad”.