DEFENDER LA LEY 30364 ES DEFENDER LA SANCIÓN A LA VIOLENCIA ¡Ni un paso atrás en nuestros derechos!

Desde el CMP Flora Tristán expresamos nuestra preocupación y rechazo a los intentos por afectar el acceso a la justicia de las mujeres y otras poblaciones vulnerables, debilitando las políticas públicas y afectando la legislación que existe en esta materia.

El 29 de mayo, se realizó una Mesa de Trabajo convocada por el congresista Muñante en el Congreso de la República, para abordar las presuntas inconsistencias de la Ley N°30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”.

Recordamos que la Ley N°30364 fue incorporada en cumplimiento de tratados internacionales ratificados por el Perú, como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, los cuales obligan al Estado a adoptar medidas integrales y para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

En el 2015, cuando la norma se aprobó se constituyó en un avance importante para hacer frente a la violencia que afecta a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros integrantes del grupo familiar, tanto en espacios públicos como privados.

Durante el desarrollo de la mencionada Mesa de Trabajo, no solo se ha puesto en duda la eficacia de esta norma, sino también el enfoque de género que la sustenta, el uso de herramientas técnicas como la ficha de valoración de riesgo y, una vez más, se ha promovido el mito de las denuncias falsas como argumento para debilitar los avances alcanzados en la protección de mujeres, niñas, niños y otras personas vulnerables.

Lamentamos que el espacio congresal permita el sostenimiento de discursos que minan la confianza en el sistema de justicia, deslegitiman la lucha contra la violencia de género y ponen en riesgo la vida de quienes cada día enfrentan situaciones de violencia en sus hogares y comunidades, además que perpetúa la estigmatización hacia las víctimas, colocándolas como presuntas “mentirosas”.  

Entre lo vertido, uno de los argumentos más irresponsables y peligrosos es que se afirmó que “la mayoría de denuncias por violencia son falsas”, afirmación estadísticamente errónea y sin sustento, que de encontrar respaldo legislativo reforzaría el clima de impunidad frente a la violencia de género. Además, se sostuvo que la ley dejaría en desprotección a hombres padres de familia y vulneraría derechos de niños, niñas y adolescentes, dejándoles a merced de la “perversión femenina”.

Ante ello, queremos señalar:

• El que las denuncias por violencia se archiven no significa que las denuncias sean falsas. En el Perú existe un alto estándar probatorio en la práctica judicial para las víctimas de violencia de género, especialmente en los casos más graves como feminicidios, tentativa de feminicidio, violencia sexual y física. Aunque la legislación peruana ha avanzado, la manera en que se aplica en el sistema judicial suele poner barreras para las sobrevivientes. La falta o tardía articulación interinstitucional es otra de las deficiencias en la prevención, atención y sanción de esta problemática.
• En el 2024 se registraron 168 feminicidios, muchos casos las mujeres denunciaron previamente y no tuvieron una respuesta adecuada, ni protección.
• La evidencia no respalda la idea de denuncias masivas falsas. Según lo sostenido por el representante del Ministerio Público, entre el 2023 y abril 2025, se registraron 14,291 sentencias por delitos relacionados a violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, de estas 11,220 son condenatorias y solo 3,171 absolutorias. Además, el delito de “denuncia calumniosa” o también conocido como denuncia falsa existe y puede ser denunciado por cualquier persona.
• La Ley N°30364 no desprotege a hombres víctimas de violencia familiar.  Los Centros de Emergencia Mujer también brindan una atención integral a hombres víctimas de violencia familiar, en el 2024 se atendieron un total de 26,348 casos de violencia en agravio de hombres, representando al 15,6% de las denuncias. De este número, el 74,4% son niños y adolescentes, 14,7% son jóvenes y adultos y 10,9% adultos mayores. Estas cifras son públicas. 
• Hay una gran cantidad de casos de violencia contra las mujeres que no se denuncian. Según el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), de acuerdo a la ENDES 2024, a pesar que un 52% de mujeres encuestadas señaló haber sido víctima de violencia alguna vez por su esposo o compañero, el 70,5% de este número no acudió a buscar ayuda en ninguna institución del estado.
• Los denunciados como agresores tienen un servicio de defensa pública de acceso gratuito. Según el representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al año 2023 se ha atendido a 10,316 presuntos agresores y al mes de abril 2025 se asistió a 6,217. Tal y como señaló, el principal motivo del archivamiento de las denuncias por violencia contra las mujeres es la insuficiencia probatoria, pero esto no significa que las denuncias son falsas. 
• La violencia machista existe y no es un problema aislado. La violencia contra las mujeres es un problema de interés público que no puede seguir minimizándose en base a discursos falsos y data inexistente.

No se puede retroceder y eliminar las pocas garantías que tienen las mujeres para vivir una libre de violencia. Por ello, denunciamos que el Congreso de la República, está generando un clima de desprotección con leyes que lejos de promover derechos los limita.

Hacemos un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia y a las autoridades que creen en el Estado de derecho, a pronunciarse y rechazar más medidas legislativas que favorecen a quienes cometen delitos y el clima de impunidad.

La prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, es una obligación del Estado. #NoNosCallarán #NoMásRetrocesos.