No olvidamos … 12 años después del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

 

 

Entre 1980 y el 2000, el país vivió dos décadas de dolor, profunda exclusión y terror. Periodo que debió dejarnos aprendizajes, para crecer democráticamente fomentando prácticas antidiscriminatorias, que puedan ayudar a superar las brechas de desigualdad, las cuales finalmente fueron asidero del inicio de la violencia.

Tal como señaló el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) “el conflicto armado interno constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. (…) fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”.

Doce años después, no podemos decir que se han dado grandes avances, mucho menos que se han seguido las recomendaciones que dejó el Informe de la CVR. Por el contrario, las críticas y constante estigmatización a los/as defensores/as de derechos humanos, ponen en evidencia una sociedad que no ha logrado despojarse completamente de su tinte autoritario, que ha tolerado la exclusión y prefiere olvidar lo sucedido durante aquellos años, sin mirar ni reconocer las diferentes dimensiones que tuvo el conflicto.

La CVR estimó que las víctimas fatales fueron 69, 280 personas. El 79% de estas vivía en zonas rurales, y el 75% tenía como lengua materna el quechua u otras lenguas originarias.

La CVR ha sido categórica al reconocer que: “El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos (…).Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas”

No obstante, también reconoció una dimensión que insiste en ser negada sistemáticamente, generando una profunda división y obstaculizando ello los procesos de memoria y de reparación: La CVR ha constatado que las violaciones más graves de los derechos humanos por parte de agentes militares fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La CVR condena particularmente la práctica extendida de violencia sexual contra la mujer. Todos estos actos constituyen una deshonra para quienes fueron sus perpetradores directos y para quienes, en su condición de superiores jerárquicos, los instigaron, permitieron o encubrieron con mecanismos de impunidad”.

El Informe también relevó que el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, agravó la situación, dejando un campo abierto para que tanto los grupos subversivos como el Estado, atenten contra la población y se consolide con ello una dictadura.

En cuanto a las mujeres, estas fueron las más afectadas por diferentes expresiones de la violencia sexual. Si bien denunciaron las desapariciones de sus hijos/as, esposos, hermanos/as, muchas mujeres violentadas, no pudieron hablar de aquello que les sucedió, callaron durante años por vergüenza, temor a la estigmatización del entorno y por saber que aún nos encontramos en un país en donde la justicia parece un bien inaccesible.

La CVR, recalcó que “Las mujeres, por el hecho de serlo, fueron víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y DDHH que difieren de aquellos infligidos a los varones”[1]

Lo cierto, es que las mujeres se encontraron sumergidas en dos fuegos contrarios sufriendo una serie de agresiones de parte de ambos.

Por parte de elementos de los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, la CVR encontró que las mujeres fueron víctimas de asesinatos indiscriminados, según se señala en las investigaciones, realizados con extrema crueldad. Además fueron obligadas a ser parte de los grupos armados bajo amenaza y al régimen de la obediencia por el terror. Así mismo, fueron utilizadas para el cuidado y la atención de sus integrantes, constituyéndose en esclavas para el trabajo doméstico y además víctimas de abusos sexuales.

Por parte de las Fuerzas Armadas, la CVR reportó que las mujeres, principalmente de zonas rurales, fueron víctimas de diferentes expresiones de la violencia sexual. Según los testimonios, hechos como: la desnudez pública, los abortos forzosos, los insultos sexuales y la mutilación sexual; fueron utilizados como práctica cotidiana luego de un interrogatorio frustrado, como medio de amenaza para obtener información o simplemente por el hecho de infringir y demostrar el poder sobre la “otra” o la comunidad a la que se quiso amedrentar.

Estos hechos de horror, siguen pendientes de justicia. Doce años después, los actores del actual Estado deben movilizar esfuerzos y recursos, para construir memoria y generar aprendizajes colectivos, pero sobre todo para reparar y garantizar la justicia a las víctimas, empezando – por ejemplo – por promulgar, la ley que modifica el Plan Integral de Reparaciones, incorporándose en este todas las formas de violencia sexual.

 



[1] CVR, Capitulo 2. El impacto diferenciado de la violencia.