Los derechos laborales son derechos fundamentales

 

 

El reconocimiento y la garantia de derechos para todas las personas es el eje desde el cual se puede consolidar la democracia, redistribuir la riqueza y hacer a toda la ciudadanía participe activa del crecimiento del país. Los derechos laborales son fundamentales, como condición necesaria para que trabajadoras/es de toda edad, desempeñen sus labores en un contexto orientado al desarrollo individual y colectivo.

Por lo tanto, no se espera que un gobierno cuya línea de trabajo supuestamente es la búsqueda de la inclusión social, diseñe y apruebe políticas cuyo resultado sea la exclusión de jóvenes, a quienes – por el contrario- debería proteger con medidas orientadas a garantizar un trabajo digno, de calidad y que brinde posibilidades para incrementar su competitividad.

La llamada Nueva Ley de Promoción del Empleo Juvenil, o conocida como Ley Pulpin, no garantiza derechos laborales en igualdad, lo cual vulnera el artículo 23 y 26 de la Constitución Política del Perú, en donde se señala que el Estado a través del trabajo debe promover condiciones para el progreso social y económico; y que uno de los principios que regulan la relación laboral es la igualdad de oportunidades sin discriminación.

De otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha criticado la aprobación de la norma y demandado su revisión, pues afirma que el recorte de beneficios laborales no favorece la disminución de la informalidad; además de evidenciar que el país ya tenía mecanismos para la contratación de jóvenes que en todo caso tendrían que ser evaluados para analizar su efectividad.

La Ley Pulpin, genera un escenario conflictivo pues aunque es importante que el Estado implemente medidas para la creación de empleo, esto no puede darse a costa del recorte de derechos en poblaciones vulnerables. La experiencia señala que los regímenes laborales especiales no han conseguido garantizar derechos en la población objetivo, sino limitarlos, tal es el caso de las medidas implementadas en el sector agroexportador quienes a partir de una ley especial se vieron expuestos/as a despidos, contratos eventuales y situaciones de explotación, especialmente las mujeres de sectores rurales, embarazadas y con hijos/as.

Con las medidas aprobadas no solo se expone a los jóvenes a contratos temporales y la inestabilidad sino además a la ausencia de condiciones sobre las cuales demandar derechos. Además, el escenario que genera es de riesgo para todos/as los/as trabajadores/as, quienes podrían ser vulnerables a un despido para contratar personal joven, quienes en el marco de ley, se convierten en mano de obra barata por tener derechos recortados; lo cual visibiliza a esta norma como un mecanismo perverso para generar empleo sin derechos para una gran parte de la población.

Por lo tanto, exigir la derogación de la llamada Ley Pulpin no es labor únicamente de la juventud, sino de la ciudadanía que anhela políticas que garanticen derechos y seguridad para todos y todas.