El Estado, la democracia y la igualdad en América Latina. Una relación compleja y escurridiza

El Estado, la democracia y la igualdad en América Latina. Una relación compleja y escurridiza

Virginia Vargas

Centro Flora Tristán

Articulación Feminista Marcosur

 

Hablar de democracia, Estado, igualdad y ciudadanía en el siglo XXI es un reto político, cultural y de conocimiento, debido tanto por las tremendas transformaciones vividas en las ultimas décadas, a las múltiples crisis –para much@s, expresión de una crisis civilizatoria, y que están alimentando cambios paradigmáticos, y por lo tanto dando paso a nuevos contenidos democráticos y nuevos contenidos ciudadanos, en un contexto sin embargo de tremendos déficits democráticos que se expresan en una creciente exclusión social y en una creciente e inaceptable polarización en la redistribución de la riqueza, que hace a America Latina, según datos de Naciones Unidas, el continente más inequitativo.

Junto con esta dramática realidad se dan otras amenazas desestabilizadoras que traen fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad social, la falta de transparencia. Todo ello ha producido democracias aún frágiles, o “de baja intensidad”[1] y un desencanto creciente de las ciudadanías frente a las democracias realmente existentes y frente a los riesgos de la pérdida de dimensiones ciudadanas ya conquistadas[2].

Esta permanente extensión de los contenidos preestablecidos de los derechos ciudadanos obedece a los nuevos riesgos, a los nuevos horizontes de transformación que empiezan a configurarse en las sociedades y a nivel global, y a los nuevos sujetos y actores sociales que los impulsan. Es el paso de un derecho específico a la conciencia del derecho a tener derecho, base fundamental del desarrollo ciudadano. Es una conciencia no solo en referencia a las estructuras de derechos o de poderes existentes, sino como “búsqueda permanente que los sujetos hacen de una mayor inclusión y participación dentro del sistema democrático”.[3]

Estas dinámicas de ampliación de los contenidos democráticos y ciudadanos sin embargo se enfrentan en el siglo XXI a una serie de trampas antidemocráticas, que impactan a mujeres y hombres, pero de manera particular a las mujeres. Una de ellas es la tensión entre mercado y ciudadanía o, en términos más amplios, entre democracia y desarrollo económico. En el actual modelo económico capitalista neoliberal, la ciudadanía es valorada como acceso al consumo y no por ser portadora de derechos, acentuando el riesgo que lo público no sea el espacio primordial de la ciudadanía sino el mercado, debilitando aún más los vínculos sociales colectivos[4]. Y, en el caso de las mujeres, invisibilizando aún más su aporte en los ámbitos reproductivos, cotidianos, porque se asume que no obedecen ni a los intereses del mercado ni a los intereses de la política.

Alimentada por esta lógica, que conlleva también una profunda lógica de exclusión y discriminación, otra de las trampas está dada por la forma en que la perspectiva hegemónica, imperante hoy sobre democracia y ciudadanía, ha obviado las consecuencia políticas, subjetivas y paradigmáticas de la diversidad y las consiguientes diferencias de acceso al poder y los recursos. No solo en la relación entre mujeres y hombres sino también en relación a las diferencias en clase, raza, etnia, orientación sexual, capacidades especiales, etc., invisibilizando así múltiples, persistentes e invisibles formas de exclusión. Como dice la feminista negra Sueli Carneiro, el discurso de la diversidad es más inocuo cuanto más sea capaz de encubrir uno de sus elementos básicos y estructurantes: el racismo y la discriminación racial, en relación a la cual existe una conspiración del silencio.[5] Esta conspiración del silencio es confirmada por algunos cuadros que ofrece Latinobarómetro para el periodo 1997-2007[6], evidenciando que la mendicidad de la población afrodescendiente e indígena fue exponencialmente mayor que el resto de la población en los diferentes países. Igualmente, evaluaciones de los avances de Beijing más 15 evidencian que los índices mayores de exclusión se concentran en las mujeres de las poblaciones indígenas y negras del continente.

En este contexto, las nuevas conceptualizaciones que acompañan la búsqueda de nuevos contenidos democráticos van mucho más allá de su dimensión representativa o electoral, abarcando muchas más dimensiones en las vidas de las gentes: globalización, diversidad, multiculturalidad, plurietnicidad, interseccionalidad, interculturalidad, deconstruyendo visiones homogéneas sobre nación, sobre ciudadanía, sobre mujer, y potenciando el reconocimiento de las diversidades, muchas de ellas convertidas en desigualdades en realidades tan diversas como las de America Latina. Todas ellas dando otras bases para la ciudadanía, superando un contenido abstracto de igualdad que no consideraba la enorme disparidad de experiencias y posicionamientos en las relaciones de poder entre los sexos y en la sociedad. Y la enorme diferencia y desigualdad en el desarrollo de las ciudadanías de las mujeres, según su ubicación en las escalas de discriminación de la sociedad

En esta búsqueda permanente de ampliación de las ciudadanías políticas, una dimensión central que ha sido generalmente obviada es la dimensión política de la vida cotidiana. Es lo que Castells llama la “democracia de proximidad”,[7] que se construye y recalifica en los espacios públicos cotidianos, que son, paradójicamente, los espacios donde los aportes de las mujeres son invisibilizados. Y este es un dato central para pensar e imaginar otras formas de hacer política, más ligadas a las cotidianeidades de las gentes. Por eso quizá Norbert Lechner decía que una política que no se haga cargo de las esperanzas, las apuestas, los miedos, las incertidumbres de las gentes en sus vidas cotidianas, se vuelve una política insignificante[8] porque es en esa vida privada, cotidiana, donde la ciudadanía de las mujeres, y la democracia que lo permite, comienza a ser devaluada e irrespetada.

La igualdad es una categoría política central en el pensamiento político democrático y feminista, más aún por ser, desde nuestra experiencia, una realidad esquiva, abstracta y aparentemente inalcanzable. ¿Qué requiere la igualdad? Evidentemente, no solo legislación favorable. Una certera distinción posicionada por la CEDAW alerta sobre las brechas existentes entre igualdad real e igualdad formal. ¿Cuáles son las brechas persistentes? ¿Cómo y quién define lo que hace iguales, en la realidad, a las personas? ¿Igualdad en relación a qué? ¿Igual a quién? ¿Igual en qué? ¿Cómo evitar el dualismo androcéntrico que equipara la igualdad desde el paradigma masculino? ¿Cómo evitar que la experiencia de las mujeres se perciba como una particularidad, devaluada y en referencia a otra particularidad, la masculina, convertida en universal y hegemónica?

No considerar la diferencia como una dimensión de la igualdad, nos coloca frente al riesgo de aislarla, alejándola de las estructuras sociales desiguales que existen en la realidad (Elizabeth Jelin[9]). No es posible igualdad para todos, nos advierte Sonia Montaño, si no se dan iguales condiciones de partida (Sonia Montaño, 2006[10]). De allí la necesidad de recuperar las distinciones y desigualdades básicas que viven las mujeres entre sí, desde una perspectiva de interseccionalidad, que considere la profunda articulación de los sistemas de opresión: patriarcado, racismo, discriminación de clase.

¿Cómo lograr esas condiciones similares para las mujeres, en toda su diversidad? Hay algunas dimensiones centrales, simultáneas e impostergables, para avanzar en ese proceso: por un lado, se requiere, como propone la CEPAL, un nuevo pacto sexual entre mujeres y hombres, que modifique las bases sociales de la división sexual del trabajo, rompiendo el monopolio de la mujer en el ámbito de lo privado y el casi monopolio de los hombres en el ámbito público; lo que alude a las estrategias de redistribución, a la necesidad de recuperar la “economía del cuidado”, como una dimensión central, reconociéndola como responsabilidad de las mujeres sino de mujeres, hombres y la sociedad, como estrategia de justicia que alimenta nuevas sensibilidades y subjetividades, alrededor de la interdependencia de la vida, en una dimensión tan fundante como el de la reproducción cotidiana de los seres humanos. La economía del cuidado conlleva, en su concepción, otro sentido del tiempo y del trabajo para las personas

Democracia con tiempos de beligerancia

Recuperar una perspectiva radical de democracia implica crear permanentemente horizontes para la convivencia de lo diverso, en igualdad de condiciones y oportunidades, con derechos garantizados por el Estado y responsabilidades asumidas por las ciudadanías. Implica romper conspiraciones antidemocráticas del silencio, frente a exclusiones e injusticias. Y eso trae conflicto: de intereses, de perspectivas, de poderes, de resistencia a la redistribución de poder y de recursos. No asumirlo, pensar en la neutralidad de las categorías y prácticas, puede ser una poderosa arma para justificar la exclusión: “…  cuando  estás en los márgenes, cuando tu historia ha marcado el lugar desde el que hablas, cuando el racismo o la explotación económica ha marcado tu identidad, no puedes dejar la historia a un lado y hablar ‘desde ninguna parte’…“ese lugar neutro que parece asumir la idea de la des-identificación no existe, es siempre un lugar de poder”.[11] Desde esta perspectiva, el conflicto –y no la neutralidad– aparece como motor de la democracia.

Por esto mismo, las disputas por el reconocimiento de la diferencia, generalmente expresada en desigualdad, la existencia de sujetos plurales, como los y las de hoy en America Latina, han adquirido, como sostiene Valdez, “beligerancia política y visibilidad epistemológica”.[12] Beligerancia política porque confronta activamente las múltiples estructuras de dominación desde el género, el patriarcado, el racismo, la explotación económica, la destrucción del ecosistema, el etnocentrismo, –eurocentrismo, misoginia, androcentrismo, etc. Y visibilidad epistemológica, porque evidencia aquellas dimensiones de la realidad que han sido negadas, folclorizadas o invisibilizadas por la cultura hegemónica y que pugnan por su reconocimiento, posicionando así otras perspectivas y cosmovisiones no ancladas en la cosmovisión occidental. Es lo que De Sousa Santos llama la sociología de las ausencias, que se orienta a visibilizar aquello que existe, pero que es activamente producido para no existir, convirtiendo así esas ausencias en emergencia, que presagian nuevas prácticas y nuevos horizontes democráticos.[13]

Esta democracia en beligerancia ha comenzado a posicionar nuevas dimensiones no previstas en la perspectiva tradicional de ciudadanía. Como afirma el estudio de la CEPAL sobre etnicidad y ciudadanía en America Latina, si tenemos en cuenta los cambios que ha traído la globalización, los nuevos riesgos, los nuevos espacios de ejercicio de derechos, la búsqueda de ampliación hacia nuevas dimensiones ciudadanas es coherente con las dinámicas actuales, obligándonos a pensar nuevas formas de ciudadanía e inclusión y nuevas representaciones plurales y diversas.[14]

Y en este proceso de beligerancia democrática y de expansión de las ciudadanías, el rol de los movimientos sociales y sus luchas por reconocimiento y redistribución del poder ha sido clave, contribuyendo a ampliar las nociones y dimensiones ciudadanas con efectos democráticos de largo alcance. Ha sido un proceso de permanente politización, que va más allá de agendas específicas. En esta beligerancia se han politizado ámbitos de la ciudadanía que antes aparecían relegados a la vida privada, se ha ampliado el horizonte de derechos y las subjetividades ciudadanas, se han expandido los espacios de transformación, se ha politizado la vida cotidiana, se han organizado voluntades y movimientos que aportan contenido a nuevas dimensiones ciudadanas:

Así, la dimensión étnico racial de las ciudadanías, aportada por los movimientos indígenas y afro latinos, ha posicionado la lucha contra el racismo y la perspectiva de interculturalidad e interseccionalidad como co-sustancial a las propuestas democráticas. Esta dimensión apela a los derechos al reconocimiento de culturas y cosmovisiones y, en el caso de comunidades indígenas, a la defensa de territorios expuestos al daño ecológico y la expropiación de tierras que trae el capitalismo minero trasnacional. Levantan sus derechos colectivos, en la medida que las disputas son ahora también por los bienes comunes de la naturaleza, como el agua y el territorio. Además de llevar una disputa al interior de sus propias comunidades por el logro de la paridad entre mujeres y hombres, como parte de sus cosmovisiones, resemantizan las prácticas liberales y universalizantes. Los contenidos de la dimensión sexual de la ciudadanía han sido un aporte significativo de los movimientos feministas y de diversidad sexual, al posicionar el reconocimiento del cuerpo como portador de derechos, “cargado de ciudadanía” y por lo tanto sujeto político, sujeto de conocimiento y libertad de decisión Y esta ampliación es política.

Igualmente, los derechos a una ciudadanía global están ya instalados en el horizonte y en las prácticas sociales. Hay avances, aún insuficientes, pero importantes, en normatividad internacional: la CEDAW, los diferentes pactos, convenios y convenciones internacionales, las instituciones de justicia regional y global, además de las recomendaciones de las conferencias mundiales, principalmente Cairo, Beijing y Durban; en la región, además, contamos con la Convención Interamericana de Belem du Para, contra todas formas de violencia hacia la mujer; contamos también con lo que significativamente avanza CEPAL a través de los consensos regionales, especialmente el Consenso de Quito(2007) y el Consenso de Brasilia (2010)[15]. Todo ello está alimentando una trama institucional alrededor de una ciudadanía global, exponencialmente visibilizada en su urgencia frente al megafenómeno de la migración, el que esta teniendo cada vez más cara de mujer. Pero también a la existencia, hoy por hoy, de los que comienzan a ser derechos tan globales como el globo mismo, como, por ejemplo, la sobrevivencia del planeta. Hay también nuevas dimensiones levantadas por los movimientos sociales en el siglo XXI. El aporte de los movimientos ecologistas en su lucha contra el cambio climático y el potente aporte de la cosmovisión indígena, con su propuesta del Buen Vivir (Sumak Kawsak), aportando al reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la defensa del ecosistema, están logrando que esta sea la dimensión, cada vez mas compartida, que constituye uno de los ejes político paradigmáticos de transformación.

El Estado mutante

En la construcción de las ciudadanías y la consolidación de la democracia, el Estado tiene una responsabilidad fundamental. Sin embargo, en estos procesos, el rol de los Estados también cambió. Como dice Line Bareiro, en su concepción de “Estado mutante”, este cambio no es menor, pues se refiere tanto a su propia definición, como a sus funciones y formas e, incluso, a sus límites nacionales y a su soberanía.[16] Con el proceso de globalización, el casi monopolio de los Estados en otorgar y administrar los derechos ciudadanos ha sufrido una creciente erosión y debilitamiento, al debilitarse los alcances de su autonomía. El modelo capitalista neoliberal imperante ha debilitado su rol de mediador de la conflictividad social, modificando el contenido de su accionar democrático y sus ámbitos de incidencia, al restarle capacidad y fuerza tanto para abordar y decidir sobre los asuntos macro (las migraciones o la sobrevivencia del planeta), como para atender las preocupaciones vividas como centrales por la ciudadanía en su cotidianidad. Igualmente, uno de los efectos de la creciente diversidad de actores visibilizando sus especificas realidades pluriculturales y multiétnicas, es el haber acabado con el mito de “nación” unitaria sobre la que se construyó el imaginario estatal en la región. Algunos países han iniciado cambios profundos en la institucionalidad estatal, como el actual estado plurinacional en Bolivia y Ecuador, procesos que abren perspectivas nuevas y también reflexiones y retos, por ejemplo sobre la armonización de los derechos y la forma en que los derechos de las mujeres son considerados.

Ahora bien, no podemos negar los avances tenidos a lo largo de las últimas décadas  del siglo XX en institucionalidad de género, igualdad ante la ley, legislaciones adecuadas,  consolidación de instancias regionales para las mujeres. Ha habido exitosos logros, mujeres presidentas ya no son una excepción, etc. Y sin embargo, hay una asombrosa inercia política en relación a las agendas emancipatorias de las mujeres. Un ejemplo dramático lo constituye la falta de cumplimiento de los compromisos de los gobiernos latinoamericanos en relación a las recomendaciones de la  Plataforma de Acción de Beijing (PAM): la evidencia que lo cumplido no ha sido mucho; ha sido desigual, parcial, fragmentado, sin sentido de acumulación ni de armonización entre las diferentes áreas críticas de la PAM.[17] Y menos ha considerado una efectiva redistribución de poder. Más aún, en relación a las Metas del Milenio,  asumidas mucho más entusiastamente por los Estados sin esforzarse en colocar  la implementación de la PAM como requisito indispensable para su cumplimiento real  –comienza a ser evidente que no se darán las condiciones reales para ser alcanzadas en el 2015.  Por todo ello, parece haber un proceso creciente de deslegitimación del Estado en relación a su capacidad de defender los intereses ciudadanos.

Es indudable la necesidad de más Estado, como sugiere la CEPAL.[18] Pero es también indudable que no es este Estado; no un Estado que asume una   concepción estrecha de la política referida solo al sistema político, sino que reconoce y abarca  al conjunto de relaciones sociales. Tampoco un Estado homogeneizante y monocultural, que consagra una conceptualización uniforme y restringida de nación. Es más bien un Estado capaz de alterar los patrones de dominación,  a múltiples niveles. Uno de ellos es devolverle al Estado y a la política democrática su capacidad de defender los intereses ciudadanos, evitando que la tensión agudizada entre estado, mercado y ciudadanía se exprese en tremendas desventajas para las ciudadanías.  Y devolverle a la ciudadanía democrática  su derecho y su capacidad `participativa y deliberativa, alimentando una perspectiva democrática intercultural, que reconozca la  las diferentes formas de deliberación democrática, que reconozca los derechos colectivos,  así como aquellos que han ido surgiendo frente a los nuevos riesgos (derechos al agua, a la tierra y territorio, a la soberanía alimentaria, a la biodiversidad, a los saberes tradicionales y las formas múltiples de producir conocimiento; que reconozca el pluralismo jurídico, etc. (Boaventura). Es  así otro Estado, refundado desde otra matriz cultural y otra cultura política, desde otro paradigma de desarrollo.

Para una nueva perspectiva de Estado, es fundamental recuperar su  poder en lo económico, político y cultural, como extensión del ejercicio democrático, con contenido paritario a todos los niveles,  hacerlo sujeto a escrutinio democrático, exigirlo transparente, con claras políticas fiscales tendientes a la redistribución de la riqueza y los activos del Estado,  inventando formas no jerárquicas de relacionarse con el poder. Asumiendo, como dice González Plessmann, coherencia favorable a sectores excluidos y discriminados, y orientando políticas públicas que se inscriban en un proyecto democrático de sociedad (González Plessmann[19]).  Un Estado democráticamente descentralizado, con reconocimiento de las diversidades étnicas, raciales,  culturales y sus cosmovisiones, con mecanismos y políticas claras de integración regional, cumplimiento de la normatividad internacional, así como la confrontación de la separación sexuada entre lo público y lo privado, la heterosexualidad institucionalizada, la división y estructura sexuada del trabajo y empleo (Betania Ávila, 2003[20]).

Y un Estado que supere las tensiones que trae para la ciudadanía y la democracia la no separación entre Iglesia y Estado. Los planteamientos democráticos sobre el Estado laico que asumen y levantan las feministas son conocidos, como una de las demandas  más significativas en los feminismos latinoamericanos, argumentando que en una sociedad democrática la separación entre el poder político y las instituciones religiosas es una ganancia histórica de la democracia, lo que significa colocar las religiones en el ámbito de lo privado y, por lo tanto, como expresión de intereses particulares. Este posicionamiento es ampliamente compartido por importantes sectores de la sociedad civil, e incluso, en las expresiones más democráticas de las mismas iglesias, como son las opiniones del  sacerdote teólogo mexicano Julián Cruzalta: “Un Estado laico no tiene religión, no va a misa, no es creyente, es el que garantiza libertades y derechos de distinta índole, incluyendo la libertad de creencias.” El Estado laico, dice Julián, devuelve al ámbito de la conciencia de las mujeres la decisión sobre sus derechos reproductivos y sexuales (Julián Cruzalta 2009[21]).

Sin embargo, este pacto, o cualquier otro pacto democrático requiere asentarse en una de las funciones claves de la democracia: la redistribución del poder. Y asumirla como “…una forma de organización del poder en la sociedad con el objetivo de ampliar la ciudadanía, evitar o limitar la dominación de individuos o grupos que impiden este objetivo y lograr la perdurabilidad de la organización democrática.”[22] Y este es un posicionamiento ético político: no es éticamente posible construir democracia en ciudadanía y al mismo tiempo asumir la existencia incuestionada de un modelo económico sustentado en la existencia de patrones de vida inviables para el conjunto de la humanidad, asumiendo sin escándalo la existencia de condiciones mínimas (muchas veces infrahumanas) de sobrevivencia para una gran mayoría y condiciones máximas de bienestar para pequeños grupos de poder.

Por ello, una dimensión central en un nuevo tipo de Estado es la relación Estado-sociedad. La democracia requiere no solo un Estado democráticamente fuerte, sino también una sociedad civil fuerte que tenga voz e incidencia en las decisiones que la afectan[23]. La democracia es también el espacio donde la ciudadanía defiende sus derechos de los posibles incumplimientos y agravios estatales, y eso es parte de la beligerancia democrática. Así, la relación entre Estado y sociedad civil será una relación de cooperación y conflicto, en la cual la autonomía de la sociedad civil frente al Estado es de un valor político incuestionable, como una vía cierta de construir y consolidar la democracia y ampliar los contenidos ciudadanos.

Como señala Boaventura,  lo que está en disputa no es solamente un conjunto más o menos innovador de políticas públicas sino un pacto político nuevo que además contiene una dimensión de cambio civilizatorio. Este cambio puede resumirse en tres conceptos: desmercantilizar, extrayendo vastos campos de actividad económica a la valorización del capital (la ley del valor), dando espacio a otras experiencias  e impidiendo que la  economía de mercado se extienda y trasforme en sociedad de mercado, donde todo se compra y se vende, incluyendo valores éticos. Significa también nueva relación con los ciclos vitales de la madre tierra. Democratizar, yendo más allá de la  democracia liberal representativa, recuperando otras formas de deliberación. Y Descolonizar confrontando la naturalización del racismo y denunciando todos los mecanismos e instituciones que lo reproducen, desde la enseñanza hasta los medios de comunicación.

 

[1] De Sousa Santos, Boaventura 2006. Conocer desde el Sur. PDTG. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima

[2] Retrocesos que evidencian que aquello que creíamos irreversible puede fácilmente desvanecerse, como lo muestra el persistente e irresuelto conflicto democrático que vive Honduras después del golpe de Estado, O como lo ocurrido en Nicaragua cuyo gobierno derogó la ley de aborto más antigua de America Latina y persiguió judicialmente a nueve feministas.

[3] Bello, Álvaro (2004) Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas. Libros de la CEPAL # 79. publicación de CEPAL-GTZ. Santiago de Chile. www.eclac.org/publicaciones/xml/6/20606/Libro79_lcg2230.pdf

[4] Lechner, Norbert 2006. Obras Escogidas. Tomo 1 Las sombras del Mañana

[5] Carneiro 2008 Carneiro, Sueli 2002. Una Deuda de sangre En Libro Campaña Contra los Fundamentalismos, lo Fundamental es la gente. Articulación Feminista Marcosur. www.mujeresdelsur-afm.org.uy

[6] CEPAL 2010. America latina frente al Espejo. Dimensión objetiva y subjetiva de la inequidad social y el bienestar en la región. AECID. CEPAL. Latinobarómetro

[7] Castells, Manuel 1999 “Los efectos de la globalización en América Latina por el autor de “la era de la información””, en Insomnia. Separata Cultural, (Uruguay) N° 247, viernes 25 de junio.

[8] Lechner, Norbert. Ob.cit.

[9][9] Jelin, Elizabeth (2003) “La escala de la acción de los movimientos sociales”. En Mas allá de la nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales” Elizabeth Jelin (compiladora). Buenos Aires. Libros del Zorzal

[10] Montaño, Sonia 2006 El buen gobierno desde la perspectiva de genero. Ponencia al Seminario Internacional paridad de genero y participación política en America Latina. CEPAL. Santiago

[11]Breny Mendoza en Preciado, Beatriz 2008. Saberes_Vampiros@war. En: Caosmosis. Biblioteca. caosmosis.acracia.net

[12] Valdez Gilberto 2009. Movimientos antisistémicos y gobiernos populares: nuevos desafíos. En: Centre Tricontinental.

[13] De Sousa Santos, Boaventura 2006. Ob.cit.

[14] Bello, Álvaro Ob.cit. cit.

[15] El Consenso de Quito y el Consenso de Brasil han sido productos, respectivamente, de la X Conferencia Regional de la Mujer de America Latina y el Caribe en 2007, y la XI Conferencia, en Brasilia, en 2010.

[16] Bareiro Line, Soto y Soto Lilian 2007. La Inclusión de las Mujeres en los Procesos de Reforma Política en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Desarrollo Sostenible. Unidad para la Igualdad de Género en el Desarrollo. Washington D.C.

[17] Vargas, Virginia 2010. Beijing más quince: más sombras que luces. Discurso leído en Global NGO Forum for Women: Beijing + 15. NGO-CSW. New York

[18] ¿Qué Estado para qué igualdad? Documento de la XI Conferencia Regional de la Mujer de America Latina y el Caribe. Brasilia.

[19] González Plessmann, Antonio s/f. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos: una propuesta para su conceptualización. Documento en la Web:

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/dhdemocraciayemancipacion/antoniogonzales.pdf.

[20] 2003. Ávila, Betania. Pensando el FSM a través do Feminismo. Revista Estudos Feministas 11 (2): 360.

[21] Cruzalta, Julián 2009. Intervención en el panel de la inauguración del Capítulo Perú de Católicas por el Derecho a Decidir. Lima.

[22] Nuestra democracia. 2010. OEA-PNUD. FCE. México.

[23] González Plessmann, Antonio s/f. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos: una propuesta para su conceptualización. Documento en la Web: http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/dhdemocraciayemancipacion/antoniogonzales.pdf

 

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