Preocupación por modificaciones en el Nuevo Código Penal

 

Preocupación por modificaciones en el Nuevo Código Penal

Nos sumamos a la preocupación manifestada por la titular del Ministerio de la Mujer, Marcela Huaita, frente a las propuestas que se están incluyendo en el Proyecto Nuevo Código Penal (CP), aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, del actual Congreso de la República.

Si bien consideramos que es necesario revisar este ordenamiento legal, para hacer ajustes pertinentes, estos deben ser acordes con los estándares internacionales de los derechos humanos. Así mismo, un escenario de modificación debería ser oportunidad para mejorar los mecanismos de sanción y combatir la impunidad imperante en los casos de violencia contra las mujeres, las niñas y niños.

Algunas preocupaciones:

  • El referido proyecto de ley, hace alusión a la "prostitución de menores"; esto impide fortalecer la comprensión del hecho en el marco del concepto de Explotación. Es decir no existe la "prostitución infantil" pues toda persona mayor de 18 años involucrada en el intercambio comercial de actividades sexuales, es considerada en situación de explotación. Por lo tanto, los responsables deben ser sancionados en dicho marco.
  • Así mismo se hace uso del término “Prostitución involuntaria”, siendo claro que al no tener la “voluntad” de la persona, se estaría ante un caso de trata con fines de explotación sexual. Este hecho no sólo preocupa por las dificultades conceptuales en el legislativo, a la vez se constituye en un riesgo que puede hacernos retroceder en los mecanismos existentes para sancionar la trata de personas. Una de las modalidades de este crimen es la explotación sexual, por lo que tener claridad sobre sus dimensiones es fundamental para combatir la impunidad.
  • De otro lado, a pesar de los avances para visibilizar el acoso sexual callejero, así como de la ley aprobada (Ley 30314) para prevenir y sancionar esta forma de violencia; la modificación al CP relacionada con “Exhibiciones y publicaciones obscenas”, no responde al concepto claramente señalado en la mencionada norma, toda vez que afirma la necesidad que estos actos, para que se configuren en delito, deben ser realizados frente a un tercero.
  • De otro lado, desde que se aprobó la Ley 30364 “Ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, se ha exigido al Estado mejores condiciones para su implementación, tanto a nivel presupuestal, de formación como de adecuación de las normativas. La actual propuesta para el CP, no incorpora las disposiciones señaladas por dicha ley, en la cual se declara como delito la mala actuación de las autoridades encargadas de atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Esta omisión, perpetúa los malos tratos en los servicios de atención y no favorece el acceso a la justicia.

Por lo tanto, es necesario que esta propuesta sea nuevamente revisada y debatida con responsabilidad.

 

 

 

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