Feministas demandan a ministra De Habich aprobación inmediata de un protocolo que respete autonomía de las mujeres y garantice el acceso a servicios de calidad

Organizaciones feminista demandan a la Ministra de Salud la mejora del Protocolo nacional sobre aborto terapéutico y su aprobación inmediata para garantizar en todos los hospitales servicios de aborto legal accesibles y de calidad que aseguren a las mujeres su derecho a decidir ante un embarazo de riesgo.

Las organizaciones feministas Católicas por el Derecho a Decidir - Perú, Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTÁN, CLADEM Perú, DEMUS, Movimiento Manuela Ramos y PROMSEX, denunciaron la postergación de la aprobación del Protocolo Nacional de Atención al Aborto Terapéutico como meta al 2017, según el reciente Plan de Igualdad de Género 2012 – 2017, por vulnerar el derecho a la salud y la vida de miles de mujeres en el país.

Las organizaciones recordaron que el aborto terapéutico es legal desde 1924 y no garantizarlo es un atentado contra los derechos fundamentales de las mujeres, pues pone en riesgo su vida, salud y derecho a decidir. Además, contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de derechos reproductivos.

 

En abril último estas organizaciones manifestaron al ex ministro de Salud, Alberto Tejada, sus preocupaciones y propuestas para que el Protocolo responda a los estándares internacionales de derechos humanos y a lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud; lamentablemente, nunca recibieron respuesta.


Ahora demandan a la ministra de Salud, Midori de Habich Rospigliosi, la mejora del Protocolo y su aprobación inmediata para garantizar en todos los hospitales servicios de aborto legal accesibles y de calidad que aseguren a las mujeres su derecho a decidir ante un embarazo de riesgo, evitando la muerte de doscientas mujeres por año por falta de protocolo de aborto terapéutico según declaraciones públicas de representante del Colegio Médico en noviembre del 2011. Más aún, cuando se sabe que un 23% de muertes materna son por causas indirectas, es decir las mujeres embarazadas que murieron tenían asociadas otras enfermedades crónicas como las cardiopatías, diabetes, TBC entre otros (MINSA 2012). Asimismo, para evitar daños graves y permanentes en su salud física y mental.


En el 2011, las causas indirectas de mortalidad materna -que podrían prevenirse mediante un aborto terapéutico- cobraron la vida de 100 mujeres según los reportes oficiales aún con el problema de subregistro del que adolescen. A la fecha, ya cobro la vida de 76 mujeres.


La propuesta del gobierno, Guía Técnica para la Atención Integral de la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo Menor de 22 semanas con Consentimiento Informado, se puso en consulta en la gestión del ex titular Alberto Tejada, y cuenta con la opinión favorable del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). No obstante, esta Guía ha sido observada por la Defensoría del Pueblo que emitió sus recomendaciones, y por las organizaciones feministas que plantean lo siguiente para su inclusión:


a. Reconocer el derecho a la salud mental.

b. Evitar a las mujeres trámites adicionales como recurrir al Comité de Ética del Hospital, pues se retrasaría la intervención alargando el sufriendo de la gestante.

c. Suprimir la figura del testigo en el proceso de consentimiento informado porque niega la autonomía de las mujeres para decidir.

d. Considerar la gestación de fetos anancefálicos como un embarazo riesgoso.


Estas omisiones se dan pese a que en el 2005 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sancionó éticamente al Estado por forzar a la adolescente KL a llevar un embarazo anencefàlico y lo exhortó a tomar medidas de no repetición. Y en el 2011, el Comité de la CEDAW[1] lo responsabilizó de violar los derechos humanos de la adolescente LC al impedírsele el aborto terapéutico que le causó graves daños y permanentes a su salud. Ambas aún esperan justicia y medidas de reparación.


Las organizaciones feministas demandaron que el Estado cumpla con las dos resoluciones emitidas por estos Organismos Internacionales de Justicia, y con las recomendaciones de los Comités que vigilan tratados de derechos humanos firmados por el país; la más recientes las emitió en mayo último el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.


Y le exigieron al presidente Humala cumpla con su compromiso de aprobar el protocolo de aborto terapéutico como medida para garantizar el derecho a la vida y la salud física y mental de las mujeres, y como política urgente para promover la igualdad de género. Remarcaron que en un Estado laico los derechos de las personas y sus libertades fundamentales tienen que ser ampliamente garantizadas y no obstaculizadas.


 

29 de agosto de 2012

 

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[1] Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

 

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