Congreso debe aprobar Ley para fijar límites a la propiedad agrícola

 

Ante el debate actual sobre el proyecto de ley que plantea fijar límites a la propiedad de la tierra, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán se pronunció favorablemente considerándola una iniciativa bien sustentada que contribuirá a la seguridad alimentaria en el país. Sin embargo, señaló la urgencia de atender la agenda pendiente del sector.

El Estado ha dado poca importancia a la agricultura, en especial  a la pequeña producción agropecuaria de las zonas andinas,  en las cuales  las mujeres tienen un rol protagónico. Aun así, históricamente, se les ha negado el acceso a la propiedad y control de la tierra por razones de herencia, matrimonio, costumbres ancestrales, decisión de funcionarios del sector y la ausencia de una política para superar esta discriminación.

Las mujeres productoras rurales del país dirigen apenas el 20.3% de la tierra que trabajan y menos del 5% cuenta con título de propiedad según el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal-Cofopri. Esta discriminación en la propiedad de los recursos productivos incumple la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. A la vez obstaculiza su acceso a una alimentación adecuada establecida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales-PIDESC , suscrito por el Estado peruano.

En ese contexto, el Congreso debe aprobar esta ley que responde a lo señalado en el artículo 88 de la Constitución, pues protegerá la propiedad de pequeños y medianos agricultores/as y evitará la concentración de la tierra en pocas empresas dedicadas a la agroexportación. De esta forma, se evitará el descuido de los cultivos que alimentan a la población y favorecen la seguridad y soberanía alimentaria.

La ley debe incluir medidas de reactivación del agro considerando la situación de pequeñas/os  propietarias/os, el sector más afectado por las fluctuaciones del mercado y los efectos del cambio climático. Para ello se deben tomar en cuenta las buenas prácticas de las mujeres que vienen aportando a preservar la biodiversidad del país.

La pequeña agricultura contribuye con los alimentos para el 33% de hogares, aproximadamente, y genera seis de las 10 toneladas de alimentos que se consumen en el país. Y ello no obstante a la escasa inversión estatal y ausencia de políticas de revalorización y desarrollo del sector, que profundizan problemas derivados de la falta de capacitación y tecnificación que impiden óptimos niveles de producción y comercialización.

Si este sector es asumido como una prioridad nacional,  sería una palanca para disminuir la pobreza; de lo contrario, podría seguir afectando al 2025 a más del 65% de la población rural que se dedica a esta actividad, con lo cual se estaría incumpliendo una de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Además, en concordancia con lo expresado ante el Congreso en agosto último, por el entonces primer ministro Salomón Lerner, este año debiera realizarse el Censo Agropecuario, pero con claro enfoque de género para poder conocer la situación de las mujeres rurales y su acceso a los recursos productivos a fin de que las políticas públicas respondan a sus necesidades e intereses y se avance en garantizarles el ejercicio de sus derechos en forma integral.

Finalmente, el gobierno tiene el compromiso de lograr la inclusión productiva al mercado de un 40% de productoras/es agrarias/os que viven con estrategias de subsistencia, y un crecimiento del 5% anual del sector, duplicando el financiamiento formal. Tales metas deben incorporar la participación de las mujeres y el enfoque de género para ser realmente inclusivas, no discriminatorias y efectivas.


[1] El artículo 11 del PIDESC obliga a los Estados a reconocer el derecho a la alimentación para las personas y sus familias, y de asegurarlo a través de la mejora de métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, perfeccionamiento o reforma de regímenes agrarios, entre otros.


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