Declaración de Córdoba: Agenda Locales de Género

 

Las mujeres y hombres municipalistas, en el marco de la Cumbre Iberoamericana Agendas Locales de Género: Construyendo modelos para la igualdad, celebrada en Córdoba, Argentina, los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2011 resolvió COMUNICAR comunicar la siguiente Declaración de Córdoba ADOPTAR la presente Declaración, fruto de reflexiones y el sentir general de mujeres y hombres municipalistas convocados en el marco de esta Cumbre e INVITAR a los y las municipalistas, a las asociaciones nacionales, regionales e internacionales de municipios y ciudades, asociaciones y redes de mujeres autoridades locales, redes de hombres comprometidos con la igualdad, a los mecanismos de género, instancias estatales de para las mujeres y gobiernos locales iberoamericanos, a adherirse a la presente Declaración, y a promover acciones concretas tendentes a hacer efectivos los principios, valores y postulados contenidos en la misma.
Las Autoridades de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, han asumido el compromiso de difundir y promover las acciones que ayuden a hacer realidad el espíritu de esta I Cumbre Iberoamericana.


CONSIDERANDO:

1.    Que según el Índice de Equidad de Género (IEG) (Social Watch: 2007), y aún cuando la situación ha mejorado en la última década, en ningún país las mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que los varones. La erradicación de la pobreza no está siendo afrontada desde un análisis de género, en tanto la feminización de la pobreza supone la cronicidad de este flagelo para 840 millones de mujeres en todo el mundo.

2.    Que la discriminación y la pobreza femenina vulnera  el libre acceso y ejercicio de sus derechos humanos, económicos, políticos, sociales y civiles, e incluso sus derechos sexuales y reproductivos. Y junto a ello, las mujeres sufren de múltiple discriminación según su raza, etnia, cultura, clase, orientación sexual y edad.

3.    Que la salud y la educación siguen siendo derechos limitados para millones de mujeres, en tanto el acceso tiende a reproducir los roles estereotipados de género relacionados a su papel reproductor y maternal, repercutiendo negativamente en su posición social y vital.

4.    Que si bien se ha registrado un gradual incremento de la inserción femenina en el mercado laboral, las mujeres sufren una grave discriminación respecto a los derechos laborales. La segregación laboral según el sexo determina discriminaciones salariales, jornadas laborales extendidas, mayores tasas de desempleo, sobre-representación en la economía informal, inestabilidad, inseguridad y precariedad laboral.

5.    Que el trabajo realizado por la mayoría de las mujeres al interior de la esfera privada es generalmente no remunerado y socialmente no reconocido, reafirmado así la invisibilidad de su contribución a los valores de producción económica nacional. Junto a ello, la responsabilidad casi exclusiva por parte de las mujeres sobre las labores domésticas condiciona su inserción laboral y provoca por otro lado el ejercicio de dobles o triples jornadas de trabajo.

6.    Que los patrones culturales patriarcales han determinado la división sexual del trabajo, extendiendo entre las mujeres el rol destinado a la reproducción, el cuidado y la protección de las personas dependientes, lo que ha definido el confinamiento de éstas al ámbito doméstico, y en consecuencia, su exclusión del ámbito público.

7.    Que la participación ciudadana de las mujeres es mayoritariamente social con escaso poder en los espacios de poder y toma de decisiones. La sub-representación femenina en el plano político contribuye a que la comprensión de las problemáticas y la definición de las políticas públicas continúe siendo vistas desde una perspectiva androcentrista, dando lugar a la persistencia de la invisibilidad de las necesidades específicas de las mujeres.

8.    Que la violencia de género contra niñas, jóvenes y mujeres es el tipo de violación más generalizada, extendida tanto al ámbito privado, como el público y el político. Socialmente, la violencia de género es la más tolerada y ejercida con gran impunidad legal. Según el PNUD (2005), la violencia de género mata y discapacita a tantas mujeres como el cáncer.

9.    Que las políticas de género no están atendiendo a los procesos de socialización masculina, a través de la cual se generan impactos en el ejercicio de la sexualidad, la paternidad y el propio ejercicio de la violencia, determinando necesidades y desigualdades que afectan a los hombres de manera particular.

10.    Que las mujeres siguen siendo más vulnerables que los hombres al impacto de los desastres desencadenados por amenazas naturales, tales como inundaciones, sequías, tormentas tropicales y terremotos, debido a las desventajas socioeconómicas, políticas y culturales existentes.  Las cuestiones de género continúan siendo un tema marginado en las políticas para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

11.    Que aún cuando los movimientos y organizaciones de mujeres, locales y nacionales, han contribuido decisivamente a la apertura de espacios dentro de las agendas de los gobiernos, las reivindicaciones y logros del movimiento feminista no son suficientes para alcanzar la justicia social y la equidad de género, haciéndose necesaria la involucración masculina en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, y el fortalecimiento de la cohesión social y la gobernabilidad democrática.

12.    Que las recomendaciones emanadas de las conferencias mundiales de las mujeres y sus plataformas, así como los Objetivos del Milenio, si bien han contribuido en importantes avances para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres y la conciencia social, no se traduce en un compromiso efectivo ni prioritario por parte de los Estados parte, relegando las políticas de género de sus agendas y presupuestos.

13.    Que los procesos de descentralización y las reformas municipales han transferido nuevas competencias a los gobiernos locales, impulsando un renovado municipalismo en América Latina y el Caribe en donde existen aproximadamente 16.400 municipios, representando una amplia heterogeneidad y rica diversidad, donde el 77,8% de la población habita en ciudades, también existiendo numerosas localidades rurales y comunidades indígenas.


LA CUMBRE IBEROAMERICANA SOBRE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO: CONSTRUYENDO MODELOS PARA LA IGUALDAD RESUELVE:


ADOPTAR la presente Declaración, fruto de reflexiones y el sentir general de mujeres y hombres municipalistas convocados en el marco de esta Cumbre.

INVITAR a los y las municipalistas, a las asociaciones nacionales, regionales e internacionales de municipios y ciudades, asociaciones y redes de mujeres autoridades locales, redes de hombres comprometidos con la igualdad, a los mecanismos de género, instancias estatales de para las mujeres y gobiernos locales iberoamericanos, a adherirse a la presente Declaración, y a promover acciones concretas tendentes a hacer efectivos los principios, valores y postulados contenidos en la misma.


LA CIUDAD INCLUSIVA: LA NECESIDAD DE REPENSAR LAS CIUDADES Y LOS MUNICIPIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO


PRIMERO: Proteger y garantizar los derechos de mujeres y hombres

El reconocimiento y respeto a la diversidad, la equidad, la justicia y la igualdad de derechos para todos y todas, son los principios sobre los cuales las agendas de los gobiernos y las políticas públicas deben ser concebidas.
En este contexto, los gobiernos locales constituyen el eslabón primario para la protección y defensa de los derechos humanos, cívicos-políticos, laborales, y en el caso de las mujeres en particular, los derechos sexuales y reproductivos, constituyendo éstos últimos el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, y a la vez una cuestión sustancial al respecto, como es la salud pública, alertada por elevados índices de violaciones, maternidades precoces y no deseadas, mortalidad femenina como consecuencia de abortos clandestinos, etc. Persistir con la negación de estas realidades sólo agrava y perjudica la vida de las personas, especialmente de miles de mujeres jóvenes.

Resulta clave entonces que Estados y gobiernos locales generen y arbitren los mecanismos para que éstos últimos los implementen a través de políticas públicas concretas, mediante la ampliación de competencias municipales que coadyuven a amparar los derechos de las mujeres y la justicia social. Competencias que por supuesto vayan acompañadas de las transferencias y normas legales de respaldo, avalados por  compromisos efectivos de la gestión local en la defensa de los derechos de mujeres y hombres y la igualdad de género, amparándose en los consensos internacionales suscriptos por los Estados.

SEGUNDO: Planificar los territorios y el acceso a bienes y servicios públicos desde la perspectiva de género

La planificación urbana y territorial de las ciudades debe estar basada en medidas positivas que aseguren la equitativa distribución de los recursos asociados al territorio y que fomenten la participación ciudadana con el fin de detectar los múltiples sistemas de exclusión implícitos en el mismo.

Resulta insoslayable repensar las ciudades desde una perspectiva de género, sensible a las necesidades de mujeres y hombres, apartando la interpretación androcentrista del desarrollo que ha contribuido históricamente a la invisibilidad de las necesidades específicas de las mujeres.

La ciudad inclusiva desde la perspectiva de género es aquella donde es posible realizar múltiples tareas en el menor tiempo: ciudades próximas, con usos mixtos, espacios de relación y equipamientos en relación a las viviendas,  recorridos peatonales útiles  que permitan entretejer la complejidad de la vida coitidiana… Entendemos que “favorecer la equidad” en la planificación  es poner en valor las tareas del mundo reproductivo hasta ahora invisibilizadas.

Asimismo, las mujeres rurales son las grandes invisibles de América Latina. No son importantes en número, pero representan una fuerza a proteger y preservar por identidad y por impacto. La creciente urbanización que domina el panorama latinoamericano de nuestros países debe buscar equilibrios que incorporen políticas de arraigo y de regreso que impliquen un uso sustentable del territorio, un desarrollo inclusivo para los hombres y las mujeres, tanto del campo como de la ciudad.

Por tanto, la planificación urbana y territorial de las ciudades, así como el acceso a los bienes y servicios públicos, deben ser necesariamente considerados en relación a la distinta experimentación que tienen hombres y mujeres respecto al entorno y con atención a los diferentes intereses, de tal modo que la toma de decisiones y el diseño de las políticas territoriales y los servicios públicos estén orientados a favorecer la equidad e igualdad.

TERCERO: Enfocar la Reducción del Riesgo de Desastres desde una perspectiva de género

La igualdad de género es un tema fundamental que debe integrarse y abordarse a través del proceso de desarrollo, tomando en cuenta la necesidad de reducir el riesgo de desastres y tomar medidas para adaptarse al cambio climático.

Tomando como guía el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 para proteger de mejor forma nuestras sociedades y economías contra las amenazas actuales y futuras, hombres y mujeres deben participar por igual en los procesos relativos a la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y la toma de decisiones a nivel local, para así reducir las vulnerabilidades enfrentadas por la mujer, fomentar su participación en los procesos de decisión y contribuir a la igualdad de género.

Es de vital importancia que los gobiernos locales promuevan campañas de sensibilización pública y programas de educación y capacitación en este sentido, poniendo en práctica las políticas y los lineamientos de UNISDR, la UICN y el PNUD para la integración de una perspectiva género en la reducción del riesgo de desastres.

CUARTO: Luchar contra toda forma de violencia de género

Podemos reconocer a la violencia como el grado más alto de la discriminación y la desigualdad por eso llamamos a mujeres y varones a participar en la inmediata puesta en marcha de medidas para erradicar toda forma de violencias físicas, sexuales, económicas, ecológicas, verbales y psicológicas; como lo enuncian las cartas y convenios internacionales sobre la temática para garantizar la universalidad de los derechos.

El flagelo de la violencia que, según PNUD, sufre una de cada tres mujeres, demanda acciones públicas y sociales inmediatas, tanto reactivas como proactivas.

Por un lado, la violencia doméstica debe traspasar la frontera del ámbito privado y debe ser asumida por gobiernos y sociedad como un asunto de carácter público. En este caso, actores locales, tanto políticos como sociales, deben propiciar estrategias preventivas de sensibilización, espacios y servicios de atención a las personas maltratadas, así como mecanismos garantes de la justicia.

Por otro lado, las mujeres se enfrentan en condiciones de mayor vulnerabilidad a la inseguridad ciudadana. Su exposición en el espacio público agudiza las ocasiones de agresión, acoso y violación, por lo que la planificación urbana, el trazado de las ciudades, los servicios de movilidad y la proximidad de los sistemas de seguridad, son determinantes para la prevención del delito. Las políticas de seguridad ciudadana deben desarrollar acciones que fortalezcan los enfoques de prevención y protección, incorporando la violencia de género como parte inherente a las mismas. Esto implica también comprometerse a generar la información necesaria, sistemática y continua que permita evaluar avances para su erradicación.


UN PACTO LOCAL POR LA EQUIDAD DE GÉNERO:

QUINTO: Abanderar juntos, mujeres y hombres, la lucha por la equidad e igualdad de género y derechos

Los hitos alcanzados por las reivindicaciones y lucha del movimiento feminista han puesto de relieve la incesante labor de las mujeres que han forjado un presente y una sociedad alerta a las desigualdades de género. Sin embargo, la persistencia de tales desigualdades y los desafíos aún pendientes demandan la suma de los varones en la búsqueda de la igualdad.

Es sustancial entonces la implicación y participación masculina, puesto que de otro modo las brechas de género existentes difícilmente serán reducidas, en tanto no sean compartidas las relaciones de poder –políticas, económicas, sociales y familiares-, las oportunidades, así como las responsabilidades domésticas.

La democracia debe ser ampliada y entendida desde el enfoque de género, abierta al diálogo entre hombres y mujeres, sustentando el reconocimiento equilibrado como hacedores del desarrollo y como premisa para la configuración de relaciones más igualitarias.

Creemos que es el momento oportuno de propiciar el nacimiento de un entramado que permita la discusión, el debate, la interacción y la formulación de acciones concretas y consistentes destinadas a consolidar la equidad de género y la igualdad de oportunidades en el contexto de un contrato social que plantee una interrelación virtuosa y equitativa entre hombres y mujeres, la corresponsabilidad del Estado y el sector privado.

SEXTO: Democracia de género y responsabilidades sociales por un nuevo pacto local

La democracia de género exige el compromiso de todos los actores sociales para un nuevo pacto local sensible a la igualdad entre hombres y mujeres.

Los gobiernos locales y otras instancias públicas tienen la gran responsabilidad de promover sociedades justas, abrir espacios y oportunidades en condiciones de igualdad, propiciando acciones de protección y desarrollo de las personas más vulnerables y desfavorecidas, generando políticas públicas que permitan avanzar en el cumplimiento de los compromisos por la igualdad asumidos a nivel internacional, actualizando y dando coherencia al marco jurídico nacional de modo de garantizar la plena aplicación de dichos compromisos.

Las organizaciones sociales tienen como reto contribuir y velar por el desarrollo basado en valores democráticos de equidad. El compromiso social por parte del sector privado es fundamental para allanar las desigualdades y discriminaciones por razones de género.

Partidos políticos, medios de comunicación e instituciones académicas deben asumir un contrato social tendiente a promover el empoderamiento femenino con el propósito de alcanzar cuotas equilibradas de participación, reconocimiento y desarrollo. Los órganos legislativos y judiciales deben constituirse, en este sentido, como los garantes del acceso y ejercicio de los derechos humanos, sociales, políticos, económicos y culturales, de mujeres y hombres.

Las familias, por su parte, deben asumir el compromiso de reproducir estilos de vida y relaciones más igualitarias y justas, que contribuyan a una distribución equitativa de las responsabilidades familiares, tiendan a la valoración de las tareas domésticas y a la promoción de paternidades responsables.

Resulta ineludible generar el compromiso de todos los actores sociales a favor de la igualdad de género a partir de una visión más amplia sobre la participación de hombres y mujeres en el desarrollo, lo que sin dudas contribuiría a fortalecer una mayor cohesión social.

SÉPTIMO: Incorporar la transversalidad de género en el diseño, planificación y ejecución de todas las políticas públicas

El desarrollo no puede ser entendido si la mitad de las poblaciones no accede de manera equitativa a los beneficios que reporta, y, en este sentido, el enfoque de género supondrá impactos efectivos en la medida que sea transversal a todas las políticas públicas.

Resulta importante subrayar la importancia de transformar los procesos políticos e institucionales para que sean realmente propulsores de la igualdad de género en todas las instancias del diseño y ejecución de las políticas públicas, a la luz de un enfoque holístico del desarrollo humano.

Del mismo modo, los presupuestos públicos deben ser construidos a la luz del enfoque de género, buscando allanar el impacto del gasto público que afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres.


CIUDADANÍA PLENA Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA COMO METAS DE  INCLUSIÓN Y EQUIDAD

OCTAVO: Promover el ejercicio pleno de la ciudadanía femenina como premisa para la profundización de la democracia


Las ciudades suponen para millones de mujeres un nudo crítico para el ejercicio de sus derechos ciudadanos, restringido por su segregación al ámbito privado y la infravaloración del rol que juegan las mujeres en el desarrollo mediante del aporte económico que se desprende a partir de la producción de bienes y servicios en la esfera privada, así como su contribución comunitaria a través de la participación social; aportaciones no remuneradas en cualquier caso.

Acelerar la total integración de las mujeres en los procesos de desarrollo es elemental para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el perfeccionamiento democrático. Su participación en los espacios públicos y políticos abre las vías para agenciar sus intereses e inquietudes, favoreciendo asimismo sus capacidades de liderazgo y su acceso y posicionamiento en los espacios de poder y toma de decisiones.

Los gobiernos locales deben, por tanto, garantizar los mecanismos procedimentales que permitan la participación efectiva y equilibrada de mujeres y hombres en las decisiones que impactan su calidad de vida cotidiana y que permitan el control de gestión como premisa para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la cohesión social.

NOVENO: Eliminar las barreras que obstaculizan la incorporación y permanencia de las mujeres en el poder local

Los sesgos evidenciados en la distribución de la representación política en el nivel local advierten que no existe igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Las múltiples barreras personales y estructurales que las mujeres enfrentan –determinadas principalmente por la división sexual del trabajo- suponen su subrepresentación en la esfera política.
La enorme brecha de género en la participación política de las mujeres en el gobierno local, señala la persistente desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: el promedio de mujeres que ocupan el cargo de Alcaldesa en la región es de sólo 8,5% (dato del Observatorio de Igualdad de Género, CEPAL); el país que ha alcanzado la mayor proporción de 26% de alcaldesas es Uruguay en las primeras y recientes elecciones municipales, siguiendo Venezuela con 18,2% de alcaldesas. Si bien es alentador el incremento de mujeres concejalas o regidoras, el promedio en la Región es de 22.2% (dato del mismo Observatorio), siendo Costa Rica el país que mayor proporción ha alcanzado: 48%.

Partidos políticos y gobiernos locales deben asumir como reto un mayor empoderamiento femenino, contribuyendo al allanamiento de las desigualdades de género que a partir del ámbito privado limitan las posibilidades de participar activamente en la arena política, facilitando mecanismos de capacitación para el liderazgo, velando por el cumplimiento y efectividad de los sistemas de cuotas, propiciando la dirigencia femenina en las élites partidistas, evitando la transferencia de los estereotipos de género a la función pública, penalizando toda forma de acoso y violencia política en razón de género, entre otras medidas que tiendan a facilitar el equilibrio representativo en el poder local.

DÉCIMO: Promover la institucionalidad de género en las agendas locales

El logro de la equidad de género será factible en la medida en que las instituciones públicas, y en este caso los gobiernos locales, asuman el compromiso por velar y garantizar los derechos de mujeres y hombres. Compromiso que será efectivo en tanto se constituyan mecanismos de género interdisciplinarios, jerarquizados políticamente y con presupuestos suficientes para desarrollar acciones encaminadas a incidir en las diferentes estructuras de gobierno para generar la toma de decisiones políticas con criterios de igualdad, y así por fin corregir las injusticias que afectan a niñas y mujeres en particular.

En este sentido, es importante reconocer la incansable e importante labor que desarrollan las diversas redes de mujeres que a nivel comunitario, a nivel regional e internacional, velan por la protección de los derechos de las mujeres y la incorporación del enfoque de género en todas las  políticas públicas.

UNDÉCIMO: Promover la construcción social de la paridad entre mujeres y hombres

La CEPAL (2007:4) advierte: “La paridad, más que un concepto cuantitativo, es la expresión de la redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar”.
La participación equilibrada de mujeres y hombres en el mercado laboral es un tema clave,  tanto para el empoderamiento económico de las mujeres y su autonomía, como así también para el desarrollo de los pueblos y naciones. Por otro lado, es menester el reconocimiento social y la visibilidad económica de la producción de bienes y servicios que la mayoría de las mujeres realiza en el ámbito doméstico y en las comunidades de manera gratuita.
La dicotomía entre lo femenino y lo masculino, lo público y lo privado, el aporte productivo y el reproductivo, nos emplaza como ciudadanos y ciudadanas a un ineludible contrato social en el que las interrelaciones entre una frontera y otra sean compartidas de manera equitativa entre hombres y mujeres.



DECLARACIÓN FINAL

Por lo expuesto, animamos a los gobiernos locales a que impulsen una construcción social de la ciudad concordante con las propuestas contenidas en esta DECLARACIÓN DE CÓRDOBA, incorporando las mismas en una Agenda por la Equidad, e invitamos a la sociedad civil a involucrarse en esta misión de propiciar ciudades y comunidades en las que convivan mujeres y hombres, complementándose desde las diferencias y perfeccionando así la efectiva democracia local. Será a partir de esta construcción social y pacto local cuando podrá lograrse la anhelada equidad de género, una lucha eficaz y eficiente contra la pobreza y el desarrollo de una democracia verdaderamente inclusiva.
A su vez, y para dar continuidad a los debates y consensos alcanzados en esta Cumbre,  las autoridades locales presentes, las representantes de distintas redes y articulaciones municipalistas y vecinalistas, así como la UIM y el Gobierno de la Provincia de Córdoba como convocantes a esta Cumbre, proponen la creación de un espacio iberoamericano que congregue bianualmente a representantes de gobierno, asociaciones con trayectoria y trabajo a favor de las políticas de género en los municipios, alcaldías para la transferencia de conocimiento práctico a través de las diversas experiencias, y para la definición de consensos y desarrollo  de agendas  locales de género a nivel regional.