Flora Informa: Por una Ley integral que proteja la vida de las mujeres

 

Hasta septiembre de este año se han registrado a nivel nacional 80 casos de feminicidio y 29 de tentativa de feminicidio, siendo Lima la región con mayor número de casos (30.4%), seguida por Junín (10.9%), Arequipa (9.8%), Cusco (5.4%) y Callao (5.4%). Solo en los 15 primeros días de este mes se han reportado 13 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas.[1]

Durante el 2009 se registraron 95 749 denuncias por violencia familiar en todo el país; 86 112 (89.93%) de éstas fueron hechas por mujeres[2]. El mismo año, el Ministerio del Interior atendió 6 751 denuncias de violación sexual; en 6 383 de estos casos (94.54%) la víctima fue una mujer.[3]

 

La violencia contra las mujeres es un problema social y frecuente que responde a la construcción de una sociedad machista, violenta y discriminatoria. Las cifras y consecuencias nos demuestran que la actual Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, no responde a la problemática de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, ya que, además de restringirse solo al ámbito familiar y obviar otros espacios, deja de lado también a otros agentes productores de violencia de género.

Esta situación se agudiza en sectores rurales y de selva donde hay una ausencia del Estado, ya que no se cuenta con servicios mínimos para el acceso a la justicia y de atención legal formal, como son los Centros de Emergencia mujer, Defensorías de la Mujer, Niñas/os y Adolescentes-Demunas, comisarías y tampoco con fiscalías o juzgados, y los pocos que existen son lejanos y, por lo mismo, casi inaccesibles.

 

Frente a esta realidad, y en el marco de la revisión de la Ley 26260 por parte del Congreso de la República, exigimos al Estado Peruano cumplir con los compromisos asumidos internacionalmente, como la CEDAW, aprobada  y ratificada en 1982, y la Convención de Belem do Pará, suscrita 1996; en las que se expresa una firme convicción por eliminar las causas, manifestaciones, riesgos y efectos de la discriminación de género.

Siguiendo esta línea, el Estado debe proporcionar mecanismos legales eficaces que proteja de manera efectiva a las mujeres de la violencia, y está  obligado a actuar con la debida diligencia, lo que implica prevenir, investigar los casos, sancionar a los agresores y reparar a las víctimas. Por ello, demandamos la aprobación de una “Ley contra la violencia hacia las mujeres y la familia”. Asimismo, el Estado está en la obligación de disponer de presupuestos adecuados destinados a la implementación de las políticas públicas para la erradicación de la violencia de género, tal como es el caso del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009–2015.

Las mujeres necesitamos una Ley que proteja nuestra vida e integridad ¡Basta de violencia contra las mujeres!

 

Lima, 25 de noviembre del 2010-11-25

 

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

[1] Observatorio de DEMUS-noviembre 2010

[2]Data estadística proporcionada por el Ministerio del Interior, a través de su página web http://www.dirfapasec.gob.pe/estadisticavfyvs.html

[3] Data estadística proporcionada por el Ministerio del Interior, a través de su página web http://www.dirfapasec.gob.pe/estadisticavfyvs.html

 

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