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 Los
avances en el tema de las reparaciones son lentos.
No se ha reparado a ninguna víctima individual
de las 10 670 registrados y solo se ha entregado
6 500 000 nuevos soles a 65 comunidades, de las
3 560 registradas, correspondiéndole a
cada una 100 000 nuevos soles.
Después de 24 años de la masacre
de 123 personas en Putis (incluidos ancianos,
niña/os, mujeres embarazadas), las familias
no tienen justicia.
Llama la atención la actitud del ministro
de Defensa, Ántero Flores-Aráoz
que, como dijera el secretario ejecutivo de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald
Gamarra, su actuación dista mucho de ser
de un funcionario de Estado comprometido con los
derechos humanos.
Al parecer, el Ministro se ha autoproclamado
vocero político de aquellas fuerzas armadas
que violaron los derechos humanos y no de las
actuales fuerzas armadas que actúan en
un Estado democrático. Su actitud contrasta
con la de los jefes militares en Argentina y Chile,
quienes pidieron perdón a la ciudadanía
por los excesos cometidos durante los años
de violencia política. En el Perú,
el Ministerio de Defensa no entrega aún
la documentación acerca de la conducta
de integrantes de las fuerzas armadas en las zonas
de emergencia durante el conflicto armado.
En este quinto aniversario se está desarrollando
una serie de actividades de homenaje a las víctimas
y de análisis sobre lo que pasó
en el Perú y sobre cómo evitar que
aquellos aciagos sucesos vuelvan a repetirse en
el país. También sobre las mujeres
en los conflictos armados. Se busca de esa manera
sensibilizar e informar a la ciudadanía,
al mismo tiempo que se alcanzan propuestas a los
sectores políticos
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