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| No a la
criminalización de protesta social
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Pronunciamiento de organizaciones sociales peruanas
Por la libertad de expresión y las garantías
fundamentales:
No a la criminalización de la protesta
social
Ante las crecientes denuncias y acusaciones por
parte del Gobierno y algunos sectores de la prensa
nacional, en contra de personas e instituciones
que vienen expresando opiniones críticas,
así como manifestaciones legítimas
de protesta frente a la política oficial,
denunciándolos con ligereza de tener supuestos
vínculos con el terrorismo, las organizaciones
que suscribimos nos dirigimos a la opinión
pública para hacer conocer nuestra posición:
1. Desde hace varios meses observamos con preocupación
una fuerte tendencia a judicializar y criminalizar
con facilidad la movilización y la protesta
social. Con el uso y la acusación con calificativos
fáciles y altisonantes, se pretende intimidar
y aislar a todo aquél que discrepa de la
política oficial. Esta tendencia evidencia
la cada vez más importante presencia que
tienen los sectores autoritarios en el gobierno.
2. La intolerancia y la pretensión de
acallar las diversas voces disidentes se ha expresado
en estos días en contra de APRODEH, Francisco
Soberón, y por extensión en todos
los organismos de defensa de los derechos humanos
de la sociedad civil del país. Magnificando
y tergiversando la posición que expresaran
en respuesta a Parlamentarios Europeos, distintas
fuerzas políticas, y muy claramente el
fujimorismo, buscan revancha por el juicio a Fujimori,
a la par que pretenden afirmar un orden claramente
represivo. El debate suscitado ha pretendido obviar
que APRODEH en diversas declaraciones públicas
califica al MRTA como grupo terrorista, calificación
con la que estamos de acuerdo la mayoría
de peruanos y peruanas, y que claramente expresó
la Comisión de la Verdad y Reconciliación
- CVR.
3. Acciones como éstas representan un
peligro creciente para el ejercicio en el Perú
de las libertades fundamentales. Pretenden deslegitimar
la protesta social y el papel que cumplen las
organizaciones de la sociedad civil, atentando
contra la esencia misma de la democracia y los
derechos humanos. Recurrir a la descalificación
del opositor y al insulto, solo contribuye a la
polarización y dificulta la consolidación
democrática en nuestro país. Más
aún, hace mal el Gobierno en alimentar
un ambiente de enfrentamiento e intolerancia,
ante la proximidad de la Cumbre ALC-UE.
4. Llamamos al Gobierno a reflexionar sobre las
implicancias de los pasos que viene dando, a garantizar
la libertad de expresión y las garantías
individuales, así como a no reproducir,
y por el contrario lograr que no se repitan las
tendencias autoritarias que hemos vivido en el
Perú, y que peruanas y peruanos rechazamos.
Lima, 05 de Mayo del 2008
Centro Peruano de Estudios Sociales-Cepes, Centro
de la Mujer Peruana FLORA TRISTÁN, Centro
de Estudios y Promoción del Desarrollo-Desco,
Centro de Estudios y Asesoría Laboral-Cedal,
Acción Solidaria para el Desarrollo-Cooperacción,
Foro de la Sociedad Civil en Salud -Foro Salud,
Servicios Educativos Rurales-SER , Estudio para
la defensa de los derechos de la mujer-Demus,
Centro de Investigación y Promoción
del Campesinado-Cipca, Forum Solidaridad Perú
, Asoicación Alternativa, Asociación
Arariwa-Cusco, Centro de Estudios regionales Andinos-
Bartolomé de las Casas-CBC , Centro Ecuménico
de promoción y Acción Social –Cedepas,
Movimiento Manuela Ramos , Asociación Aurora
Vivar, Red Peruana por una Globalización
con Equidad-RedGE, Acción Internacional
por la Salud-AIS, Centro de Estudios para el Desarrollo
Regional-Ceder
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| Flora Tristán
ante violencia en UNMSM
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Centro Flora
Tristán protesta ante violencia a estudiantes
sanmarquinas/os
El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
expresa su enérgica protesta ante la represión
ejercida contra estudiantes, docentes, trabajadores
-hombres y mujeres- de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
La democracia se sustenta en el irrestricto respeto
a la libertad de expresión y de asociación.
Responder con bombas lacrimógenas, palos
y detenciones a la solicitud de las/os estudiantes
para que se revisen los acuerdos firmados entre
la Universidad y EMAPE, erosiona las condiciones
para un diálogo democrático y alienta
acciones violentistas que ponen en peligro la
gobernabilidad y vulnera la identidad de la Universidad
como un ágora de debate y formación
de ciudadanía.
Precisamente cuando la Universidad celebra su
457 aniversario con actos de reflexión
académica y de expresión cultural,
en lugar de resaltar su aporte al desarrollo del
país y de haber enorgullecido a la nación
con ilustres nombres de intelectuales, el gobierno
demuestra su escaso espíritu democrático,
su falta de respeto a las personas y la poca importancia
que da a las instituciones culturales de este
país, con estos hechos represivos.
Exigimos la creación de una instancia
de diálogo que permita revisar los acuerdos
y una explicación de parte del Alcalde
de Lima y de las autoridades sanmarquinas; y que
el gobierno exprese sus públicas disculpas
a las/os estudiantes y a su casa de estudios.
Ante la falta de transparencia de las decisiones
tomadas en relación a la integridad del
campus universitario, con la cesión de
terrenos a EMAPE que se viene a sumar a los 2000
metros cuadrados cedidos a la Iglesia Católica
en una clara violación del carácter
laico de estado, instamos a retomar el diálogo
con la intervención de representantes de
los estamentos universitarios.
Lima, 9 de mayo del 2008
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| Acción
de inconstitucionalidad |
| Organizaciones
de la sociedad civil presentan una acción
de inconstitucionalidad contra los Decretos Legislativos
982, 983, 988 y 989 que limitan seriamente derechos
fundamentales.
La iniciativa tiene la finalidad de que el Tribunal
Constitucional declare que determinados artículos
de esos decretos son inconstitucionales, por vulnerar
derechos fundamentales como el derecho a la vida,
la integridad física y la libertad de las/os
ciudadanas/os.
Otra razón para declarar su institucionalidad
es el hecho que el Poder Ejecutivo no tenía
facultades para legislar al respecto, pues debía
enfocarse al tratamiento legal del crimen organizado,
el terrorismo, el narcotráfico o la trata
de personas, pero no así a sancionar a
las personas que participan en protestas o huelgas
en demanda de sus derechos.
Esta iniciativa es impulsada por la Asociación
Pro Derechos Humanos-Aprodeh, la Confederación
Peruana de Trabajadores del Perú-CGTP,
la Confederación Campesina del Perú-CCP,
la Confederación Nacional de Comunidades
Afectadas por la Minería-Conacami, entre
otras.
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Examen
de Perú ante ONU
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El Examen Periódico Universal del
Perú en el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU se dio el 6 de mayo último.
Lamentablemente, los informes del Estado
y los aportes de la sociedad civil estaban
disponibles únicamente en castellano,
por lo que muchos países no pudieron
referirse a sus contenidos.
La delegación peruana estuvo encabezada
por Rosario Fernández, Ministra de
Justicia.
Con relación a los derechos de las
mujeres, la Ministra dijo que la igualdad
entre los sexos y la lucha contra la discriminación
eran prioridades para el gobierno. Dio cuenta
de las instituciones del Estado dedicadas
al tema, así como a la Ley de Igualdad
de Oportunidades.
Hizo referencia a la acusación de
las organizaciones de mujeres de estar retrocediendo
en los temas de las mujeres, pero señaló
que las estadísticas muestran que
la implementación de los planes no
ha sido perjudicada. Igualmente, sostuvo
que con relación a la violencia contra
las mujeres existía desde el gobierno
el objetivo de “tolerancia cero”.
Una de las observaciones de un representante
fue que el Código Penal no cubría
todas las formas de violencia contra las
mujeres.
Los representantes de los países
preguntaron sobre los logros del Ministerio
de la Mujer y el Desarrollo, sobre la política
de reparaciones, sobre las dificultades
que tienen las mujeres para acceder a la
justicia, a la salud, la trata, entre otros
temas, y qué medidas estaba tomando
el gobierno para enfrentar estos problemas.
La Ministra también sostuvo que
el “derecho a la diversidad”
forma parte del nuevo marco de referencia
del gobierno peruano.
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| Niñas/os
en la amazonía |
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El 25% de niñas/os nativas/os fallece
antes de cumplir los once años, dio
a conocer la Defensoría del Pueblo
en un dramático informe sobre la
situación de vulnerabilidad en la
que viven pobladoras/es de las comunidades
nativas de Amazonas, Madre de Dios y Ucayali.
Igualmente señaló que el 50%
de adultos muere antes de cumplir los 42
años.
Entre las causas del alto nivel de mortalidad
en estas zonas están las infecciones
respiratorias, diarrea, fiebre amarilla
y malaria.
Además, dieron a conocer el estado
de los establecimientos de salud en estas
zonas: 33% de éstos no cuentan con
cadenas de frío para la conservación
de vacunas: el 65% del personal médico
no es capacitado para una atención
intercultural: el 76% de centros que la
población visita no tiene medios
de transporte para desplazarse a las comunidades
para ofrecer atención especializada.
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