Otro caso de violencia familiar que espera justicia

 

 
 

El caso de Elizabeth Alanya, una mujer a la que su pareja le echó agua hirviendo al rostro mientras dormía, demuestra, una vez más, que en este país el tema de la violencia hacia las mujeres continúa siendo tratado a la ligera.

La primera persona que tuvo en sus manos este caso y no operó con justicia fue el juez del Séptimo Juzgado Penal, Zoilo Cirilo Enrique Sotelo, quien sin solicitar un informe médico que dé cuenta del estado de salud de Elizabeth, ordenó que el agresor sea puesto en libertad.

Recientemente, la fiscal Liz Benavides Vargas, dictó una orden de captura contra el sujeto denunciándolo solo por lesiones leves.

Al respecto, Edith Aiquipa, abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, señala que “no es adecuado calificar este delito como lesión leve porque teniendo en cuenta el grado de la agresión y conociendo que además de las quemaduras en el rostro, también, han sido comprometidos la vista y el oído, se puede ver indicios de que hay lesiones graves”.

“Lamentablemente, en lo que se refiere a la violencia contra la mujer en sus distintas modalidades, siempre hay reparos para aplicar la ley con toda su fuerza. Eso trae como una de sus consecuencias la impunidad del agresor, y con ello que otras mujeres estén expuestas a pasar por situaciones similares”, agregó Edith.

Según datos oficiales proporcionados por la Policía Nacional del Perú, sólo en el 2009 se produjeron 95 mil 749 denuncias por violencia familiar y en los dos primeros meses del 2010 se registraron 17,697 denuncias.

El Estado Peruano no debe olvidar que nuestro país está suscrito a la Convención contra toda Forma de Discriminación hacia la Mujer y a la Convención de Belem do Pará, que lo obliga a proteger los derechos de las mujeres y erradicar toda situación de violencia. Las cifras nos muestran la magnitud del problema, y la necesidad de hacer vigilancia para que hechos concretos, como el expuesto, se resuelvan con justicia. El Estado debe exigir que las autoridades realicen una investigación eficiente y exhaustiva, y que los operadores de justicia actúen adecuadamente frente a estos casos aplicando sanciones efectivas para los agresores.

 Lima, 20 de agosto del 2010

 

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