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ENSAYOS


Violencia contra las mujeres y estrategias democráticas en América Latina

Virginia Vargas*

La violencia contra las mujeres es un escándalo ético y un escándalo democrático. La violencia contra las mujeres es expresión de las relaciones de género marcadas por desigualdades de poder, que impactan a su vez en todas las estructuras e imaginarios de una sociedad. Es un asunto multisectorial, es integral, es de derechos humanos, de seguridad ciudadana y de salud pública. Pero sobre todo, o por todo ello, es un asunto de las agendas y horizontes democráticos de las sociedades pues su resolución exige a su vez un sinfín de otros cambios democráticos. En ellos, la responsabilidad de los Estados es fundamental, como lo es también, prioritariamente, responsabilidad de las sociedades civiles y sus movimientos de mujeres y hombres democráticos.

Posicionamiento

La violencia contra las mujeres como expresión de las relaciones desiguales de poder entre géneros ha sido el gran aporte del feminismo en el siglo XX. No ha sido fácil. Estaba tan incrustada en las prácticas culturales que no podía distinguirse en el entramado social. El primer acto político fue ponerle nombre a una realidad inexistente. Este nombrar dio auto-reconocimiento de una experiencia, personal y colectiva, de exclusión y dominación, pero también de resistencias. Nombrar lo personal en clave política convirtió las preguntas, angustias, incertidumbres y desconciertos personales en propuesta política colectiva, alimentando una acción trasgresora de los límites impuestos por una forma de conocimiento y aprehensión de la realidad social, abriendo un terreno subjetivo fundamental en los procesos de cambio.

En el caso de la violencia, al volverla visible, se volvió también un hecho político, develando sus mecanismos, en lo público y lo privado. Y se diferenció como violencia física, sexual, emocional, psicológica, doméstica, pública, en conflictos armados, como incesto, violación, violación en el matrimonio… Así se evidenció toda su extensión, complejidad y tremendo dramatismo.

Se ha escrito mucho sobre la raíces de la violencia contra las mujeres, en la forma en que históricamente las sociedades han percibido y ubicado a las mujeres y a los hombres y la forma de construcción de poder entre los géneros. Quiero resumir ese proceso desde una breve aproximación a lo que Ivonne Guevara, teóloga feminista brasilera, llama “el rostro oculto del mal”. Para ella la clave está en la valoración diferencial que la conciencia humana hace del sexo que mata y del sexo que engendra. El mal de la desigualdad se manifiesta, para las mujeres, en cuatro formas:

El mal de no tener: las mujeres como responsables de cuidar a niños, enfermos, ancianos -despreciadas por no tener cualidades “buenas” cuando no lo hacen, culpables cuando no tienen recursos para cumplir su rol. El mal no está en el servicio que prestan sino en la imposición de un destino.

El mal de no poder: hay una carencia de poder no solo de los pobres (desposeídos) sino de las mujeres que no tienen la misma libertad de expresarse, su palabra no es valorada, su cuerpo no es respetado, no tienen iguales oportunidades democráticas.

El mal de no saber: aún con plenos derechos a la educación, siguen sin igual acceso, siguen analfabetas, sus conocimientos ancestrales no son reconocidos, sus saberes domesticados, la opinión masculina es más valorada que la femenina. El ansia de saber es castigada.

El mal de no valer: las mujeres valen menos que los hombres, como lo expresan los feticidios femeninos en India y China, y los feminicidios en Ciudad Juárez y Guatemala, los más visibles, pero no los únicos. Este mal de no valer es el que alimenta directamente la violencia, pero todos los demás le dan sustento y argumento.

La lucha contra la violencia hacia la mujer ha sido intensa para enfrentar ese mal de la desigualdad en las últimas décadas, y ha dado indudablemente sus frutos: se ha logrado un conjunto de cambios, leyes y reconocimientos nacionales y globales, especialmente desde la década de los noventa, a través de recomendaciones de la CEDAW, las Plataformas y Programas de Acción de las Conferencias mundiales, entre ellas la de Viena sobre Derechos Humanos; la del Cairo, sobre Población; y especialmente la IV Conferencia de la Mujer en Beijing, en 1995. Desde 1993, existe la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde 1994, existe una Relatora especial sobre violencia. También desde esa fecha, existe la Convención de Belem do Pará, contra la Violencia hacia la Mujer, y en la OEA hay una Relatora especial sobre derechos humanos de las mujeres. En todos los países de América Latina existen leyes y programas contra la violencia a las mujeres, tribunales especializados, comisarías especializadas, etc., y amplios movimientos y redes feministas y de mujeres que hacen de la lucha contra la violencia su principal objetivo.

Sin embargo, este exitoso recorrido en legislación y normatividad nacional e internacional no ha logrado impactar sustantivamente en la violencia contra las mujeres, ni en sus causas ni en sus dramáticas expresiones.

La realidad de la violencia hacia la mujer en América Latina

Ana Caicedo y Monserrat Sagot nos dicen que a pesar de los grandes avances en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un problema social de grandes dimensiones (servicios, leyes nacionales, tratados internacionales) sigue causando más muertes que la malaria, el sida y la guerra en mujeres entre 15 y 44 años. Y esto a pesar del amplio subregistro de violencia física y sexual. Estamos así frente a una situación de conflicto entre los sexos, sustentada en desprecio, intolerancia, superioridad de los hombres hacia las mujeres, y de las instituciones en relación a los derechos de las mujeres. Sino, no existirían “leyes complacientes”: libertad para violadores en pandilla si uno de ellos se casa con la "víctima ", aún en vigencia en varios países de la región. No subsistirían aún en algunos países atenuantes para el asesinato de mujeres desde la figura de “homicidio por honor”. Existirían más países con leyes sobre violencia sexual en el matrimonio (hoy solo la tienen Cuba y Costa Rica). Un ejemplo dramático y reciente es el que nos cuenta Silvia Rivera: hasta 1995 la tipificación del delito de violencia doméstica castigaba tan solo a partir del trigésimo día de hospitalización o inhabilitación de la mujer.

Susana Chiarotti resume bien esta realidad: la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema aislado y menor. No está incorporado a la política de seguridad de la población, no se incorpora el horizonte de la Convención Belem do Pará que considera a la violencia como violación de derechos humanos, las leyes no van acompañadas de recursos. La cobertura es desigual, es mayor en las ciudades y mucho menor en zonas rurales (lo que nos habla de la urgencia de la descentralización). Hay ausencia de estadísticas comparativas a nivel nacional y menos regional, solo se registran las denuncias, que siempre son infinitamente menores que la realidad. Para la aplicación de las leyes existen muy pocos juzgados especializados, los jueces de paz o civiles no conocen ni quieren conocer. La atención se da generalmente por personal inexperto, no hay mecanismos de seguimiento adecuado. Hay un desconocimiento de la ley y sus derechos por parte de las mujeres.

A esto se añade el impacto de instituciones antidemocráticas que perpetúan la violencia. La familia, en su concepción tradicional, es una de ellas. Según muchas autoras, expresa la privacidad del odio en un espacio hipotéticamente de amor. A nombre de la preservación de la unidad familiar, las mujeres son atrapadas en procesos de conciliación que llegan en muchos casos a costarles la vida. Los programas más eficaces contra la violencia doméstica, dice Germaine Greer, son los que insisten en que se debe poner fin a la relación abusiva. La insistencia del discurso tradicional de la iglesia, en defender a toda costa la familia sin reconocer estas dinámicas de poder, debilita y desempodera a las mujeres.

Frente a esta realidad, tan persistente, quizá no nos estamos haciendo las preguntas adecuadas o las articulaciones adecuadas: Sharon Marcos nos dice que el énfasis mayor se ha dado en procedimientos policiales, definiciones legales, mayores penas, reparación y reivindicación en tribunales, lo que ha limitado la efectividad de una política dirigida a la prevención de la violación. Se ha buscado persuadir a los hombres que no violen (por temor al castigo) en vez de dar elementos a las mujeres que les permitan arrancar de las manos de los hombres la capacidad de violar y maltratar.

¿Cómo arrancar a los hombres esa capacidad? ¿Cómo lograr impulsar en las mujeres capacidad de arrancarla? Un primer paso es cambiando la forma en que la sociedad mira a las mujeres que sufren de violencia. Las mujeres que sufren violencia no son consideradas sujetos sino víctimas, y esta es posiblemente una de las limitaciones más tenaces. Del conjunto de luchas feministas desplegadas en toda América Latina, ésta fue la que tuvo más respuesta. Indudablemente por su dramatismo y su injusticia. Pero si es por ello, ¿por qué no hay mayor efectividad? ¿Por qué dimensiones como la violación en el matrimonio no son aún consideradas en las leyes? ¿Por qué se sigue impulsando a las mujeres a mantener relaciones familiares de agresión y muerte?

Quizá porque la violencia contra las mujeres es la dimensión que más nos acerca a la victimización, abriendo así posibilidades de aislar a la víctima de su condición de persona y sin darle condiciones para ser sujeto, aunque quiera. Son muchos los ejemplos de la justicia que nunca llegó cuando las mujeres la buscaron. Por ejemplo en una campaña por el 25 noviembre, Día de la no violencia contra la mujer, el feminismo peruano realizó una investigación en comisarías y en diferentes juzgados. En uno de los libros se encontró cuatro denuncias de una mujer contra su marido por maltrato, y el quinto documento era un certificado de defunción. En todos los casos, la justicia había facilitado que ella volviera a su hogar, a través de la conciliación, y el hombre había prometido reformarse. Esto no es nuevo: hace 180 años la misma Flora Tristán pudo obtener el divorcio, después de innumerables gestiones sin éxito, cuando su marido le disparó para matarla hiriéndola gravemente. Seguimos aún hoy con el mismo drama, a pesar de la enorme diferencia en leyes y reconocimientos en relación a la violencia hacia la mujer.

Estrategias para desarrollar condiciones de “ser sujeto” para las mujeres

Si la violencia hacia las mujeres es una violación de derechos humanos fundamentales y parte de las agendas democráticas de una sociedad, el reto es posicionar la lucha por una vida sin violencia en el horizonte democrático. Y al hacerlo, ampliar el contenido de la democracia incorporando lo subjetivo, lo personal y lo privado y ampliando sus espacios de incidencia. Lo que tiene que cambiar entonces es la concepción de democracia.

La violencia contra las mujeres tiene claves específicas que tienen que ser visibilizadas y articuladas con las otras formas de violencia, con la cultura de la violencia de nuestras sociedades. Muchas autoras sostienen que la violencia familiar, la violencia común o delictiva, la intolerancia política, religiosa o sexual, la inestabilidad económica, la desigualdad de oportunidades de acceso a bienes de cultura, constituyen un espacio cultural e intersubjetivo que facilita el aprendizaje de la violencia. Y todo ello alimenta, permanentemente, una cultura de violencia.

Frente a esta cultura de violencia es necesario desarrollar una cultura de indignación. Desde el significante de violencia hacia las mujeres, hacia los niños y niñas, confrontar toda forma de violencia, todo intento de resolver los conflictos por la fuerza, toda pretensión de guerra infinita, porque legitiman la solución de las diferencias en la forma más brutal y violenta: del castigo de los fuertes contra los débiles.

Todo esto ha añadido dimensiones nuevas de violencia y exclusión: trata de personas, desplazadas, refugiadas, emigrantes, que afectan a mujeres y hombres, pero las mujeres cargan y experimentan el plus de su opresión como mujeres.

Estamos frente a un doble reto: denunciar la violencia contra las mujeres no como hecho aislado, sino en este contexto de dramática violencia mayor. Y al mismo tiempo, visibilizar para la democracia una violencia negada, banalizada, hipócritamente asumida desde leyes que no se cumplen, y que se quieren solucionar con medidas conservadoras y antidemocráticas: pena de muerte en vez de destinar mayor presupuesto a la educación, a los programas integrales de violencia hacia las mujeres, a generar mayores oportunidades para posicionar a las mujeres como sujetos que ven violentados sus derechos y no como víctimas. En esta mirada, no podemos obviar que nuestros gobiernos destinan mayor presupuesto a defensa que a salud o educación.

Éste es el marco para pensar nuevas estrategias.

1. La lucha contra la victimización

Las mujeres no somos víctimas, tampoco somos buenas necesariamente. Lo que está en cuestión no es el comportamiento individual sino un comportamiento colectivo y sistemático contra ellas, es decir, nosotras.

Necesitamos de nuevos marcos interpretativos que superen la perspectiva de victimización y coloquen a las mujeres como sujetos de derecho, y a la violencia hacia las mujeres como una dimensión antidemocrática de impacto en toda la vida social, y no solo en las mujeres.

Necesitamos miradas que recuperen lo personal y subjetivo como dimensión fundamental del cambio democrático. ¿Por qué? Porque en los procesos que desencadenan la exclusión, la desigualdad, la violencia coexisten brechas materiales, fácticas, estructurales, junto a sensibilidades, subjetividades, formas de verse en el mundo, y percibir y tratar a los demás.

Estas dimensiones materiales y subjetivas de la exclusión se alimentan mutuamente. Ese es el contenido político de lo privado que han aportado los feminismos. En el último periodo, otros autores también han recuperado esta mirada. Para Boaventura de Sousa Santos el ser sujeto significa ser reconocido en su experiencia subjetiva. Norbert Lechner afirma que la sacralización de la lógica del sistema expulsa la subjetividad social. Las emociones, sentimientos de la vida cotidiana, al no tener espacio de expresión, al no tener nombre, no permiten reflexionar y no generan base subjetiva sobre la cual construir la cohesión social. Una política que no se haga cargo de las aspiraciones, miedos, subjetividades en la vida cotidiana, dice, se vuelve una política insignificante.

Considerar a las mujeres víctimas y no sujetos entrampados en relaciones subjetivas empobrecedoras y peligrosas, es volver el hecho político de la violencia hacia las mujeres un hecho político insignificante.

La lucha contra la victimización se asienta en muchas otras estrategias democráticas.

2. La lucha por la ciudadanía y por una nueva subjetividad

La transformación de las necesidades en derechos ciudadanos democráticos es lo que comienza a destruir la lógica de la exclusión al generar sujetos y actores sociales. Porque los derechos ciudadanos no son algo externo y dado, sino son más bien una permanente dinámica y nunca acabada construcción sociocultural, que se va complejizando y ampliando a medida que vamos descubriendo nuevos riesgos y nuevas exclusiones.

Y éste es también un proceso subjetivo. Es la dimensión subjetiva de la ciudadanía, la cual no tiene necesariamente que ver con su realidad objetiva, pues es aquella que lleva a que las personas nos sintamos mayores o menores merecedoras de derecho. Hay personas que se sienten mucho más merecedoras de derechos frente a otras, y hay personas, generalmente mujeres e indígenas, que se sienten con mucho menos merecimientos de derechos del que deberían tener. Los hombres, mas allá de ser buenos o incluso democráticos, se sienten generalmente con mayores derechos que las mujeres.

Así, el desarrollo de la ciudadanía subjetiva es absolutamente fundamental para la transformación de la visión de la persona y de la sociedad. La modificación de la ciudadanía subjetiva en relación a los derechos va más allá de la lucha por un derecho específico, para ahondar en el desarrollo de una conciencia de “derecho a tener derechos”, lo que transforma la subjetividad y la forma en que las mujeres se ubican y se responsabilizan frente a sus derechos ciudadanos. Para la construcción de esta nueva subjetividad es fundamental otra concepción de hacer y pensar la política y la recuperación de muchos más espacios de expansión democrática, que amplíen en las mujeres su conciencia de sujetos y actoras sociales. Y ello significa básicamente el recuperar la posibilidad de desarrollar una conciencia de ser para sí mismas y no para los demás (Julieta Kirkwood), base fundamental para una conciencia de ser sujeto, y para confrontar el “rostro oculto del mal”.

Y eso significa cosas muy concretas, por ejemplo: no asumir el rol de estar al servicio de la familia y de los hijos en exclusividad sino asumir que eso es también responsabilidad y derecho de los hombres. No tratar a las mujeres como menores de edad que tienen que pedir permiso para salir, permiso para entrar, permiso para fantasear sexualmente, permiso real e imaginario a ellas mismas para hacer las cosas que quieren hacer. No ubicarlas como dependientes del marido ni del Estado ni de la iglesia. Reconocer su aporte económico y social a partir de reconocer su trabajo reproductivo, reconocer que tiene derechos reproductivos y derechos sexuales, y reconocer que tiene capacidad autónoma sobre su vida y su cuerpo.

Y estos son procesos profundamente individuales y también profundamente colectivos. Y son procesos donde los Estados, con sus instituciones y sus políticas públicas, tienen clara responsabilidad.

Este acercamiento trae otra mirada a la política, no solo incorporando justamente la dimensión subjetiva que ha estado generalmente ausente, sino extendiéndose también hacia otros cambios y espacios democráticos.

Un ejemplo de estos nuevos espacios para la exigencia democrática lo ofrecieron, hace muchos años (1983), las feministas chilenas, quienes en su lucha contra Pinochet extendieron infinitamente la democracia –política y teóricamente- desde una sola consigna: “democracia en el país y en la casa”. Esta frase condensaba justamente ese posicionamiento en lo público incorporando la política de lo privado en un terreno tan minado como el del Chile pinochetista, atravesando los límites de todas las democracias realmente existentes y no solo de su ausencia en dictaduras. Esta sola consigna expresaba una teoría de la democracia y una forma transgresora de hacer política.

3. Un nuevo marco de justicia: la lucha por la redistribución y el reconocimiento

En este proceso, ¿qué justicia necesitamos? Una que recupere el derecho a la redistribución y el derecho al reconocimiento (Fraser). Porque la combinación de ambas dimensiones también arrastra tras sí un conjunto de otros cambios democráticos.

La justicia como redistribución frente a las injusticias socioeconómicas que existen y que marginan a mujeres y dan mayores oportunidades a los hombres en razón del género, y más aún cuando está cruzando con la raza, étnia, ciclo vital, zona geográfica, etc. Pero también la justicia al reconocimiento como necesidad humana frente a formas invisibilizadas de opresión, a un menosprecio que inhabilita, a una invisibilidad que niega no solo actores y personas, sino que también niega derechos.

Si la injusticia socioeconómica está arraigada en la estructura política y económica en la sociedad, la injusticia del no reconocimiento está arraigada en lo simbólico, en lo cultural, y por lo tanto para confrontarla tenemos que confrontar ideas y lograr revoluciones simbólicas culturales, y no solamente un cambio de leyes. La perspectiva de género es también una perspectiva contracultural.

Estas dos formas de justicia, profundamente relacionadas, se han entendido separadas. La justicia como respuesta a necesidades extremas, sin reconocimiento de derechos, ha sido generalmente una justicia que ha reforzado la idea de ciudadanías subordinadas, de segunda categoría, de dependencia, unas ciudadanías que se alimentan de caridades y no de derechos, una ciudadanía cercana a la carencia y la victimización. Es una mirada de justicia mucho más compleja que solamente dar un poco más de redistribución o reconocer algunos derechos. Es un reconocimiento que solo la articulación de ambas dimensiones puede producir cambios de más largo aliento.

No hacer esta ligazón es alimentar la política insignificante. Porque la caridad refuerza la aceptación y pasividad, es la otra cara de la victimización

4. La lucha por la autonomía y sus conexiones con las lucha democráticas

La violencia es una acción que se ejerce sobre otros/otras para lograr, por la fuerza, un comportamiento contrario a su voluntad, por lo tanto, a su autonomía, porque estamos frente a la negación de su ser como sujeto libre. La lucha contra la violencia de la mujer es también una lucha por la autonomía. Por ello es necesario recuperar la autonomía como una categoría compleja y de múltiples dimensiones, y como práctica fundamental para avanzar en los procesos de emancipación que conlleva el proceso de ser para sí mismas y no para los demás.

La autonomía física es la que se enfrenta a la violencia. Sin embargo, las complejidades de la autonomía se expresan en el hecho que ninguna de sus dimensiones puede lograrse en sí misma sino en interrelación con todas las demás dimensiones: autonomía física, política, económica, sociocultural, y con el cruce de las otras múltiples discriminaciones y exclusiones que viven las mujeres. Por ejemplo, la dimensión política de la autonomía ha sido la que más se ha desarrollado para las mujeres en América Latina. Hay leyes de igualdad, derecho al voto, políticas de afirmación positiva. Sin embargo, algunas no tienen real acceso por falta de documentación (no existen como ciudadanas), otras solo ejercen su derecho a voto. Otras están generando lentamente una autonomía que impulse una participación activa en las soluciones, que exija derecho a la transparencia y rendición de cuentas.

Pero estos niveles de autonomía política difícilmente se pueden ejercer si las mujeres no logran al mismo tiempo desarrollar dimensiones de su autonomía económica, tanto desde la exigencia de acceso al trabajo remunerado, como por el reconocimiento de nuevas categorías de análisis que den cuenta de los aportes económicos de las mujeres. Recuperar su dimensión reproductiva y el aporte de las mujeres a ella tiene impacto en la exclusión subjetiva y simbólica de las mujeres, pero también en la subjetividad de la sociedad, porque modifica los “lentes” con los que se mira las exclusiones que aparecen normales a los ojos de la sociedad y la política.

Este acceso al bienestar económico y al trabajo remunerado en igualdad de condiciones, así como el reconocimiento de su aporte a la dimensión reproductiva requiere, a su vez, una mirada crítica frente al modelo económico existente y el rechazo colectivo a patrones de vida particulares que son inviables para el conjunto de la sociedad. Y romper la lógica hegemónica actual que coloca a la economía por encima de la política, y al mercado por encima de los intereses ciudadanos. Igualmente la autonomía física es una dimensión fundamental de los derechos ciudadanos, al afirmar el derecho a la integridad física, a una vida sin violencia, a la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, tener acceso informado a los derechos reproductivos, incluyendo la posibilidad de elegir o no hacerse un aborto, y reconocer e informar los derechos sexuales de las personas, incluyendo el derecho a recuperar el placer sexual. Sin embargo, la falta de autonomía económica pone tensiones y límites a la autonomía física, y lleva a las mujeres a aceptar situaciones de violencia y exclusión por la falta de trabajo remunerado, o porque no tienen acceso a la propiedad de la tierra o de las casas.

Pero incluso en estas difíciles condiciones, todas estas diferentes dimensiones de autonomía requieren también el desarrollo de un marco sociocultural, capaz de generar los horizontes democráticos necesarios para ampliar los márgenes de decisión y de libertad: la autonomía sociocultural estaría expresada en la existencia de un Estado laico y una cultura secular.

5. El cuerpo político: la lucha por la justicia en Ciudad Juárez y Guatemala

Una nueva categoría, el feminicidio, da cuenta de una nueva realidad: el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género, y que tienen una tolerancia asombrosa por parte del Estado. El caso de Ciudad Juárez en México y el caso de Guatemala son los más alarmantes en América Latina.

Julia Monarrez liga claramente estos asesinatos al sistema patriarcal, arguyendo que las mujeres son asesinadas no solo por el hecho de ser mujeres, sino también por el no serlo de manera adecuada, por salirse de la raya, por ser más autónomas. Ello explica porque las autoridades de Chihuahua encuentran explicación en el hecho que el comportamiento de algunas de las asesinadas no concordaba con lineamientos del orden moral, por ejemplo, estar hasta altas horas de la noche en lugares de diversión. También explica el contenido de las campañas de prevención, que tienden a responsabilizar a las mujeres sobre sus agresiones, especialmente cuando son en la noche, y llamando a los hombres a “cuidar” a sus mujeres.

Foucault ha expresado muy bien este proceso desde el significante del cuerpo que, finalmente, es el que recibe la agresión: el cuerpo es un campo político tensionado entre las relaciones de poder que actúan sobre él y lo marcan, lo limitan, lo castigan. La violencia es el mecanismo por el cual se somete a los cuerpos con menos poder al suplicio del escarmiento de los que tienen poder.

Si esto es así, la lucha por el reconocimiento del cuerpo como espacio político es fundamental.

En el contexto actual predomina una visión que ubica al cuerpo como la base material, concreta, profunda de dominación y sufrimiento, como territorio de comercialización y colonización, y de violencia. Sin embargo, el cuerpo es también, y activamente, el sustento de prácticas de libertad y democracia. El cuerpo es el lugar donde yo habito, el primer lugar de mi existencia. Es necesaria una nueva reconceptualización del “cuerpo” como lugar político, que está no solo atado a lo privado o al ser individual, sino también vinculado íntegramente al lugar, a lo local, a lo social, al espacio público, dicen Wendy Harcourt y Arturo Escobar. A su vez, Betania Ávila dice que el cuerpo ha devenido en un “campo dotado de ciudadanía” y por lo tanto de derechos frente a la violencia y a la negación de las mujeres como sujetos. El cuerpo, en sus múltiples expresiones y espacios de presencia, sufre permanente violencia, violaciones y embates reaccionarios, al mismo tiempo que genera resistencias y nuevos significantes de transformación.

Así, la negación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas ha generado una dimensión contracultural que reafirma el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho al placer, a una sexualidad diversa, diferente a la heterosexual. La negación del derecho a la salud cobra especial dramatismo en la lucha contra el SIDA, enfrentada tanto a las resistencias que provoca en iglesias y Estados, y que ha dado lugar a importantes movimientos contra el monopolio de las patentes de las trasnacionales de medicamentos. La militarización creciente y la disciplinación del cuerpo por el terror, expresado con crudeza inimaginable en los conflictos armados y las guerras, en los que el cuerpo de las mujeres es visto y asumido como “botín” de todos los bandos, ha generado un amplio movimiento global que ha logrado el reconocimiento de estas violaciones como “crímenes de lesa humanidad” en la legislación internacional. El racismo, que discrimina por el color de la piel, alimentando de manera perversa exclusiones sociales, culturales, económicas y emocionales, y en el caso de las mujeres tiene especial impacto en su cuerpo sexual, ha dado lugar a potentes movimientos de resistencia contra la discriminación étnico racial, por el reconocimiento de la diferencia y por la dignidad. Y el mismo modelo hegemónico neoliberal, con su secuela de exclusión, pobreza y hambre, que está quitando capacidades –generalmente con impacto irreversible- en el cuerpo de las nuevas generaciones, en nombre de la supremacía del mercado, ha generado movimientos globales de afirmación de la dignidad.

Solo en este marco de reconocimiento de la violencia hacia las mujeres como un hecho político y democrático, podemos comenzar a romper el andamiaje en el que esta violencia se vuelve impune e insignificante.




 
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