Violencia contra las mujeres y estrategias democráticas
en América Latina
Virginia Vargas*
La violencia contra las mujeres es un escándalo
ético y un escándalo democrático.
La violencia contra las mujeres es expresión
de las relaciones de género marcadas por
desigualdades de poder, que impactan a su vez
en todas las estructuras e imaginarios de una
sociedad. Es un asunto multisectorial, es integral,
es de derechos humanos, de seguridad ciudadana
y de salud pública. Pero sobre todo, o
por todo ello, es un asunto de las agendas y horizontes
democráticos de las sociedades pues su
resolución exige a su vez un sinfín
de otros cambios democráticos. En ellos,
la responsabilidad de los Estados es fundamental,
como lo es también, prioritariamente, responsabilidad
de las sociedades civiles y sus movimientos de
mujeres y hombres democráticos.
Posicionamiento
La violencia contra las mujeres como expresión
de las relaciones desiguales de poder entre géneros
ha sido el gran aporte del feminismo en el siglo
XX. No ha sido fácil. Estaba tan incrustada
en las prácticas culturales que no podía
distinguirse en el entramado social. El primer
acto político fue ponerle nombre a una
realidad inexistente. Este nombrar dio auto-reconocimiento
de una experiencia, personal y colectiva, de exclusión
y dominación, pero también de resistencias.
Nombrar lo personal en clave política convirtió
las preguntas, angustias, incertidumbres y desconciertos
personales en propuesta política colectiva,
alimentando una acción trasgresora de los
límites impuestos por una forma de conocimiento
y aprehensión de la realidad social, abriendo
un terreno subjetivo fundamental en los procesos
de cambio.
En el caso de la violencia, al volverla visible,
se volvió también un hecho político,
develando sus mecanismos, en lo público
y lo privado. Y se diferenció como violencia
física, sexual, emocional, psicológica,
doméstica, pública, en conflictos
armados, como incesto, violación, violación
en el matrimonio… Así se evidenció
toda su extensión, complejidad y tremendo
dramatismo.
Se ha escrito mucho sobre la raíces de
la violencia contra las mujeres, en la forma en
que históricamente las sociedades han percibido
y ubicado a las mujeres y a los hombres y la forma
de construcción de poder entre los géneros.
Quiero resumir ese proceso desde una breve aproximación
a lo que Ivonne Guevara, teóloga feminista
brasilera, llama “el rostro oculto del mal”.
Para ella la clave está en la valoración
diferencial que la conciencia humana hace del
sexo que mata y del sexo que engendra. El mal
de la desigualdad se manifiesta, para las mujeres,
en cuatro formas:
El mal de no tener: las mujeres como responsables
de cuidar a niños, enfermos, ancianos -despreciadas
por no tener cualidades “buenas” cuando
no lo hacen, culpables cuando no tienen recursos
para cumplir su rol. El mal no está en
el servicio que prestan sino en la imposición
de un destino.
El mal de no poder: hay una carencia de poder
no solo de los pobres (desposeídos) sino
de las mujeres que no tienen la misma libertad
de expresarse, su palabra no es valorada, su cuerpo
no es respetado, no tienen iguales oportunidades
democráticas.
El mal de no saber: aún con plenos derechos
a la educación, siguen sin igual acceso,
siguen analfabetas, sus conocimientos ancestrales
no son reconocidos, sus saberes domesticados,
la opinión masculina es más valorada
que la femenina. El ansia de saber es castigada.
El mal de no valer: las mujeres valen menos que
los hombres, como lo expresan los feticidios femeninos
en India y China, y los feminicidios en Ciudad
Juárez y Guatemala, los más visibles,
pero no los únicos. Este mal de no valer
es el que alimenta directamente la violencia,
pero todos los demás le dan sustento y
argumento.
La lucha contra la violencia hacia la mujer ha
sido intensa para enfrentar ese mal de la desigualdad
en las últimas décadas, y ha dado
indudablemente sus frutos: se ha logrado un conjunto
de cambios, leyes y reconocimientos nacionales
y globales, especialmente desde la década
de los noventa, a través de recomendaciones
de la CEDAW, las Plataformas y Programas de Acción
de las Conferencias mundiales, entre ellas la
de Viena sobre Derechos Humanos; la del Cairo,
sobre Población; y especialmente la IV
Conferencia de la Mujer en Beijing, en 1995. Desde
1993, existe la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. Desde 1994, existe
una Relatora especial sobre violencia. También
desde esa fecha, existe la Convención de
Belem do Pará, contra la Violencia hacia
la Mujer, y en la OEA hay una Relatora especial
sobre derechos humanos de las mujeres. En todos
los países de América Latina existen
leyes y programas contra la violencia a las mujeres,
tribunales especializados, comisarías especializadas,
etc., y amplios movimientos y redes feministas
y de mujeres que hacen de la lucha contra la violencia
su principal objetivo.
Sin embargo, este exitoso recorrido en legislación
y normatividad nacional e internacional no ha
logrado impactar sustantivamente en la violencia
contra las mujeres, ni en sus causas ni en sus
dramáticas expresiones.
La realidad de la violencia hacia la
mujer en América Latina
Ana Caicedo y Monserrat Sagot nos dicen que a
pesar de los grandes avances en el reconocimiento
de la violencia contra las mujeres como un problema
social de grandes dimensiones (servicios, leyes
nacionales, tratados internacionales) sigue causando
más muertes que la malaria, el sida y la
guerra en mujeres entre 15 y 44 años. Y
esto a pesar del amplio subregistro de violencia
física y sexual. Estamos así frente
a una situación de conflicto entre los
sexos, sustentada en desprecio, intolerancia,
superioridad de los hombres hacia las mujeres,
y de las instituciones en relación a los
derechos de las mujeres. Sino, no existirían
“leyes complacientes”: libertad para
violadores en pandilla si uno de ellos se casa
con la "víctima ", aún
en vigencia en varios países de la región.
No subsistirían aún en algunos países
atenuantes para el asesinato de mujeres desde
la figura de “homicidio por honor”.
Existirían más países con
leyes sobre violencia sexual en el matrimonio
(hoy solo la tienen Cuba y Costa Rica). Un ejemplo
dramático y reciente es el que nos cuenta
Silvia Rivera: hasta 1995 la tipificación
del delito de violencia doméstica castigaba
tan solo a partir del trigésimo día
de hospitalización o inhabilitación
de la mujer.
Susana Chiarotti resume bien esta realidad: la
violencia contra las mujeres sigue siendo un tema
aislado y menor. No está incorporado a
la política de seguridad de la población,
no se incorpora el horizonte de la Convención
Belem do Pará que considera a la violencia
como violación de derechos humanos, las
leyes no van acompañadas de recursos. La
cobertura es desigual, es mayor en las ciudades
y mucho menor en zonas rurales (lo que nos habla
de la urgencia de la descentralización).
Hay ausencia de estadísticas comparativas
a nivel nacional y menos regional, solo se registran
las denuncias, que siempre son infinitamente menores
que la realidad. Para la aplicación de
las leyes existen muy pocos juzgados especializados,
los jueces de paz o civiles no conocen ni quieren
conocer. La atención se da generalmente
por personal inexperto, no hay mecanismos de seguimiento
adecuado. Hay un desconocimiento de la ley y sus
derechos por parte de las mujeres.
A esto se añade el impacto de instituciones
antidemocráticas que perpetúan la
violencia. La familia, en su concepción
tradicional, es una de ellas. Según muchas
autoras, expresa la privacidad del odio en un
espacio hipotéticamente de amor. A nombre
de la preservación de la unidad familiar,
las mujeres son atrapadas en procesos de conciliación
que llegan en muchos casos a costarles la vida.
Los programas más eficaces contra la violencia
doméstica, dice Germaine Greer, son los
que insisten en que se debe poner fin a la relación
abusiva. La insistencia del discurso tradicional
de la iglesia, en defender a toda costa la familia
sin reconocer estas dinámicas de poder,
debilita y desempodera a las mujeres.
Frente a esta realidad, tan persistente, quizá
no nos estamos haciendo las preguntas adecuadas
o las articulaciones adecuadas: Sharon Marcos
nos dice que el énfasis mayor se ha dado
en procedimientos policiales, definiciones legales,
mayores penas, reparación y reivindicación
en tribunales, lo que ha limitado la efectividad
de una política dirigida a la prevención
de la violación. Se ha buscado persuadir
a los hombres que no violen (por temor al castigo)
en vez de dar elementos a las mujeres que les
permitan arrancar de las manos de los hombres
la capacidad de violar y maltratar.
¿Cómo arrancar a los hombres esa
capacidad? ¿Cómo lograr impulsar
en las mujeres capacidad de arrancarla? Un primer
paso es cambiando la forma en que la sociedad
mira a las mujeres que sufren de violencia. Las
mujeres que sufren violencia no son consideradas
sujetos sino víctimas, y esta es posiblemente
una de las limitaciones más tenaces. Del
conjunto de luchas feministas desplegadas en toda
América Latina, ésta fue la que
tuvo más respuesta. Indudablemente por
su dramatismo y su injusticia. Pero si es por
ello, ¿por qué no hay mayor efectividad?
¿Por qué dimensiones como la violación
en el matrimonio no son aún consideradas
en las leyes? ¿Por qué se sigue
impulsando a las mujeres a mantener relaciones
familiares de agresión y muerte?
Quizá porque la violencia contra las mujeres
es la dimensión que más nos acerca
a la victimización, abriendo así
posibilidades de aislar a la víctima de
su condición de persona y sin darle condiciones
para ser sujeto, aunque quiera. Son muchos los
ejemplos de la justicia que nunca llegó
cuando las mujeres la buscaron. Por ejemplo en
una campaña por el 25 noviembre, Día
de la no violencia contra la mujer, el feminismo
peruano realizó una investigación
en comisarías y en diferentes juzgados.
En uno de los libros se encontró cuatro
denuncias de una mujer contra su marido por maltrato,
y el quinto documento era un certificado de defunción.
En todos los casos, la justicia había facilitado
que ella volviera a su hogar, a través
de la conciliación, y el hombre había
prometido reformarse. Esto no es nuevo: hace 180
años la misma Flora Tristán pudo
obtener el divorcio, después de innumerables
gestiones sin éxito, cuando su marido le
disparó para matarla hiriéndola
gravemente. Seguimos aún hoy con el mismo
drama, a pesar de la enorme diferencia en leyes
y reconocimientos en relación a la violencia
hacia la mujer.
Estrategias para desarrollar condiciones
de “ser sujeto” para las mujeres
Si la violencia hacia las mujeres es una violación
de derechos humanos fundamentales y parte de las
agendas democráticas de una sociedad, el
reto es posicionar la lucha por una vida sin violencia
en el horizonte democrático. Y al hacerlo,
ampliar el contenido de la democracia incorporando
lo subjetivo, lo personal y lo privado y ampliando
sus espacios de incidencia. Lo que tiene que cambiar
entonces es la concepción de democracia.
La violencia contra las mujeres tiene claves
específicas que tienen que ser visibilizadas
y articuladas con las otras formas de violencia,
con la cultura de la violencia de nuestras sociedades.
Muchas autoras sostienen que la violencia familiar,
la violencia común o delictiva, la intolerancia
política, religiosa o sexual, la inestabilidad
económica, la desigualdad de oportunidades
de acceso a bienes de cultura, constituyen un
espacio cultural e intersubjetivo que facilita
el aprendizaje de la violencia. Y todo ello alimenta,
permanentemente, una cultura de violencia.
Frente a esta cultura de violencia es necesario
desarrollar una cultura de indignación.
Desde el significante de violencia hacia las mujeres,
hacia los niños y niñas, confrontar
toda forma de violencia, todo intento de resolver
los conflictos por la fuerza, toda pretensión
de guerra infinita, porque legitiman la solución
de las diferencias en la forma más brutal
y violenta: del castigo de los fuertes contra
los débiles.
Todo esto ha añadido dimensiones nuevas
de violencia y exclusión: trata de personas,
desplazadas, refugiadas, emigrantes, que afectan
a mujeres y hombres, pero las mujeres cargan y
experimentan el plus de su opresión como
mujeres.
Estamos frente a un doble reto: denunciar la
violencia contra las mujeres no como hecho aislado,
sino en este contexto de dramática violencia
mayor. Y al mismo tiempo, visibilizar para la
democracia una violencia negada, banalizada, hipócritamente
asumida desde leyes que no se cumplen, y que se
quieren solucionar con medidas conservadoras y
antidemocráticas: pena de muerte en vez
de destinar mayor presupuesto a la educación,
a los programas integrales de violencia hacia
las mujeres, a generar mayores oportunidades para
posicionar a las mujeres como sujetos que ven
violentados sus derechos y no como víctimas.
En esta mirada, no podemos obviar que nuestros
gobiernos destinan mayor presupuesto a defensa
que a salud o educación.
Éste es el marco para pensar nuevas
estrategias.
1. La lucha contra la victimización
Las mujeres no somos víctimas, tampoco
somos buenas necesariamente. Lo que está
en cuestión no es el comportamiento individual
sino un comportamiento colectivo y sistemático
contra ellas, es decir, nosotras.
Necesitamos de nuevos marcos interpretativos
que superen la perspectiva de victimización
y coloquen a las mujeres como sujetos de derecho,
y a la violencia hacia las mujeres como una dimensión
antidemocrática de impacto en toda la vida
social, y no solo en las mujeres.
Necesitamos miradas que recuperen lo personal
y subjetivo como dimensión fundamental
del cambio democrático. ¿Por qué?
Porque en los procesos que desencadenan la exclusión,
la desigualdad, la violencia coexisten brechas
materiales, fácticas, estructurales, junto
a sensibilidades, subjetividades, formas de verse
en el mundo, y percibir y tratar a los demás.
Estas dimensiones materiales y subjetivas de
la exclusión se alimentan mutuamente. Ese
es el contenido político de lo privado
que han aportado los feminismos. En el último
periodo, otros autores también han recuperado
esta mirada. Para Boaventura de Sousa Santos el
ser sujeto significa ser reconocido en su experiencia
subjetiva. Norbert Lechner afirma que la sacralización
de la lógica del sistema expulsa la subjetividad
social. Las emociones, sentimientos de la vida
cotidiana, al no tener espacio de expresión,
al no tener nombre, no permiten reflexionar y
no generan base subjetiva sobre la cual construir
la cohesión social. Una política
que no se haga cargo de las aspiraciones, miedos,
subjetividades en la vida cotidiana, dice, se
vuelve una política insignificante.
Considerar a las mujeres víctimas y no
sujetos entrampados en relaciones subjetivas empobrecedoras
y peligrosas, es volver el hecho político
de la violencia hacia las mujeres un hecho político
insignificante.
La lucha contra la victimización se asienta
en muchas otras estrategias democráticas.
2. La lucha por la ciudadanía y por
una nueva subjetividad
La transformación de las necesidades en
derechos ciudadanos democráticos es lo
que comienza a destruir la lógica de la
exclusión al generar sujetos y actores
sociales. Porque los derechos ciudadanos no son
algo externo y dado, sino son más bien
una permanente dinámica y nunca acabada
construcción sociocultural, que se va complejizando
y ampliando a medida que vamos descubriendo nuevos
riesgos y nuevas exclusiones.
Y éste es también un proceso subjetivo.
Es la dimensión subjetiva de la ciudadanía,
la cual no tiene necesariamente que ver con su
realidad objetiva, pues es aquella que lleva a
que las personas nos sintamos mayores o menores
merecedoras de derecho. Hay personas que se sienten
mucho más merecedoras de derechos frente
a otras, y hay personas, generalmente mujeres
e indígenas, que se sienten con mucho menos
merecimientos de derechos del que deberían
tener. Los hombres, mas allá de ser buenos
o incluso democráticos, se sienten generalmente
con mayores derechos que las mujeres.
Así, el desarrollo de la ciudadanía
subjetiva es absolutamente fundamental para la
transformación de la visión de la
persona y de la sociedad. La modificación
de la ciudadanía subjetiva en relación
a los derechos va más allá de la
lucha por un derecho específico, para ahondar
en el desarrollo de una conciencia de “derecho
a tener derechos”, lo que transforma la
subjetividad y la forma en que las mujeres se
ubican y se responsabilizan frente a sus derechos
ciudadanos. Para la construcción de esta
nueva subjetividad es fundamental otra concepción
de hacer y pensar la política y la recuperación
de muchos más espacios de expansión
democrática, que amplíen en las
mujeres su conciencia de sujetos y actoras sociales.
Y ello significa básicamente el recuperar
la posibilidad de desarrollar una conciencia de
ser para sí mismas y no para los demás
(Julieta Kirkwood), base fundamental para una
conciencia de ser sujeto, y para confrontar el
“rostro oculto del mal”.
Y eso significa cosas muy concretas, por ejemplo:
no asumir el rol de estar al servicio de la familia
y de los hijos en exclusividad sino asumir que
eso es también responsabilidad y derecho
de los hombres. No tratar a las mujeres como menores
de edad que tienen que pedir permiso para salir,
permiso para entrar, permiso para fantasear sexualmente,
permiso real e imaginario a ellas mismas para
hacer las cosas que quieren hacer. No ubicarlas
como dependientes del marido ni del Estado ni
de la iglesia. Reconocer su aporte económico
y social a partir de reconocer su trabajo reproductivo,
reconocer que tiene derechos reproductivos y derechos
sexuales, y reconocer que tiene capacidad autónoma
sobre su vida y su cuerpo.
Y estos son procesos profundamente individuales
y también profundamente colectivos. Y son
procesos donde los Estados, con sus instituciones
y sus políticas públicas, tienen
clara responsabilidad.
Este acercamiento trae otra mirada a la política,
no solo incorporando justamente la dimensión
subjetiva que ha estado generalmente ausente,
sino extendiéndose también hacia
otros cambios y espacios democráticos.
Un ejemplo de estos nuevos espacios para la exigencia
democrática lo ofrecieron, hace muchos
años (1983), las feministas chilenas, quienes
en su lucha contra Pinochet extendieron infinitamente
la democracia –política y teóricamente-
desde una sola consigna: “democracia en
el país y en la casa”. Esta frase
condensaba justamente ese posicionamiento en lo
público incorporando la política
de lo privado en un terreno tan minado como el
del Chile pinochetista, atravesando los límites
de todas las democracias realmente existentes
y no solo de su ausencia en dictaduras. Esta sola
consigna expresaba una teoría de la democracia
y una forma transgresora de hacer política.
3. Un nuevo marco de justicia: la lucha por
la redistribución y el reconocimiento
En este proceso, ¿qué justicia
necesitamos? Una que recupere el derecho a la
redistribución y el derecho al reconocimiento
(Fraser). Porque la combinación de ambas
dimensiones también arrastra tras sí
un conjunto de otros cambios democráticos.
La justicia como redistribución frente
a las injusticias socioeconómicas que existen
y que marginan a mujeres y dan mayores oportunidades
a los hombres en razón del género,
y más aún cuando está cruzando
con la raza, étnia, ciclo vital, zona geográfica,
etc. Pero también la justicia al reconocimiento
como necesidad humana frente a formas invisibilizadas
de opresión, a un menosprecio que inhabilita,
a una invisibilidad que niega no solo actores
y personas, sino que también niega derechos.
Si la injusticia socioeconómica está
arraigada en la estructura política y económica
en la sociedad, la injusticia del no reconocimiento
está arraigada en lo simbólico,
en lo cultural, y por lo tanto para confrontarla
tenemos que confrontar ideas y lograr revoluciones
simbólicas culturales, y no solamente un
cambio de leyes. La perspectiva de género
es también una perspectiva contracultural.
Estas dos formas de justicia, profundamente relacionadas,
se han entendido separadas. La justicia como respuesta
a necesidades extremas, sin reconocimiento de
derechos, ha sido generalmente una justicia que
ha reforzado la idea de ciudadanías subordinadas,
de segunda categoría, de dependencia, unas
ciudadanías que se alimentan de caridades
y no de derechos, una ciudadanía cercana
a la carencia y la victimización. Es una
mirada de justicia mucho más compleja que
solamente dar un poco más de redistribución
o reconocer algunos derechos. Es un reconocimiento
que solo la articulación de ambas dimensiones
puede producir cambios de más largo aliento.
No hacer esta ligazón es alimentar la
política insignificante. Porque la caridad
refuerza la aceptación y pasividad, es
la otra cara de la victimización
4. La lucha por la autonomía y sus
conexiones con las lucha democráticas
La violencia es una acción que se ejerce
sobre otros/otras para lograr, por la fuerza,
un comportamiento contrario a su voluntad, por
lo tanto, a su autonomía, porque estamos
frente a la negación de su ser como sujeto
libre. La lucha contra la violencia de la mujer
es también una lucha por la autonomía.
Por ello es necesario recuperar la autonomía
como una categoría compleja y de múltiples
dimensiones, y como práctica fundamental
para avanzar en los procesos de emancipación
que conlleva el proceso de ser para sí
mismas y no para los demás.
La autonomía física es la que se
enfrenta a la violencia. Sin embargo, las complejidades
de la autonomía se expresan en el hecho
que ninguna de sus dimensiones puede lograrse
en sí misma sino en interrelación
con todas las demás dimensiones: autonomía
física, política, económica,
sociocultural, y con el cruce de las otras múltiples
discriminaciones y exclusiones que viven las mujeres.
Por ejemplo, la dimensión política
de la autonomía ha sido la que más
se ha desarrollado para las mujeres en América
Latina. Hay leyes de igualdad, derecho al voto,
políticas de afirmación positiva.
Sin embargo, algunas no tienen real acceso por
falta de documentación (no existen como
ciudadanas), otras solo ejercen su derecho a voto.
Otras están generando lentamente una autonomía
que impulse una participación activa en
las soluciones, que exija derecho a la transparencia
y rendición de cuentas.
Pero estos niveles de autonomía política
difícilmente se pueden ejercer si las mujeres
no logran al mismo tiempo desarrollar dimensiones
de su autonomía económica, tanto
desde la exigencia de acceso al trabajo remunerado,
como por el reconocimiento de nuevas categorías
de análisis que den cuenta de los aportes
económicos de las mujeres. Recuperar su
dimensión reproductiva y el aporte de las
mujeres a ella tiene impacto en la exclusión
subjetiva y simbólica de las mujeres, pero
también en la subjetividad de la sociedad,
porque modifica los “lentes” con los
que se mira las exclusiones que aparecen normales
a los ojos de la sociedad y la política.
Este acceso al bienestar económico y al
trabajo remunerado en igualdad de condiciones,
así como el reconocimiento de su aporte
a la dimensión reproductiva requiere, a
su vez, una mirada crítica frente al modelo
económico existente y el rechazo colectivo
a patrones de vida particulares que son inviables
para el conjunto de la sociedad. Y romper la lógica
hegemónica actual que coloca a la economía
por encima de la política, y al mercado
por encima de los intereses ciudadanos. Igualmente
la autonomía física es una dimensión
fundamental de los derechos ciudadanos, al afirmar
el derecho a la integridad física, a una
vida sin violencia, a la capacidad de decidir
sobre su propio cuerpo, tener acceso informado
a los derechos reproductivos, incluyendo la posibilidad
de elegir o no hacerse un aborto, y reconocer
e informar los derechos sexuales de las personas,
incluyendo el derecho a recuperar el placer sexual.
Sin embargo, la falta de autonomía económica
pone tensiones y límites a la autonomía
física, y lleva a las mujeres a aceptar
situaciones de violencia y exclusión por
la falta de trabajo remunerado, o porque no tienen
acceso a la propiedad de la tierra o de las casas.
Pero incluso en estas difíciles condiciones,
todas estas diferentes dimensiones de autonomía
requieren también el desarrollo de un marco
sociocultural, capaz de generar los horizontes
democráticos necesarios para ampliar los
márgenes de decisión y de libertad:
la autonomía sociocultural estaría
expresada en la existencia de un Estado laico
y una cultura secular.
5. El cuerpo político: la lucha por
la justicia en Ciudad Juárez y Guatemala
Una nueva categoría, el feminicidio, da
cuenta de una nueva realidad: el asesinato de
mujeres por razones asociadas con su género,
y que tienen una tolerancia asombrosa por parte
del Estado. El caso de Ciudad Juárez en
México y el caso de Guatemala son los más
alarmantes en América Latina.
Julia Monarrez liga claramente estos asesinatos
al sistema patriarcal, arguyendo que las mujeres
son asesinadas no solo por el hecho de ser mujeres,
sino también por el no serlo de manera
adecuada, por salirse de la raya, por ser más
autónomas. Ello explica porque las autoridades
de Chihuahua encuentran explicación en
el hecho que el comportamiento de algunas de las
asesinadas no concordaba con lineamientos del
orden moral, por ejemplo, estar hasta altas horas
de la noche en lugares de diversión. También
explica el contenido de las campañas de
prevención, que tienden a responsabilizar
a las mujeres sobre sus agresiones, especialmente
cuando son en la noche, y llamando a los hombres
a “cuidar” a sus mujeres.
Foucault ha expresado muy bien este proceso desde
el significante del cuerpo que, finalmente, es
el que recibe la agresión: el cuerpo es
un campo político tensionado entre las
relaciones de poder que actúan sobre él
y lo marcan, lo limitan, lo castigan. La violencia
es el mecanismo por el cual se somete a los cuerpos
con menos poder al suplicio del escarmiento de
los que tienen poder.
Si esto es así, la lucha por el reconocimiento
del cuerpo como espacio político es fundamental.
En el contexto actual predomina una visión
que ubica al cuerpo como la base material, concreta,
profunda de dominación y sufrimiento, como
territorio de comercialización y colonización,
y de violencia. Sin embargo, el cuerpo es también,
y activamente, el sustento de prácticas
de libertad y democracia. El cuerpo es el lugar
donde yo habito, el primer lugar de mi existencia.
Es necesaria una nueva reconceptualización
del “cuerpo” como lugar político,
que está no solo atado a lo privado o al
ser individual, sino también vinculado
íntegramente al lugar, a lo local, a lo
social, al espacio público, dicen Wendy
Harcourt y Arturo Escobar. A su vez, Betania Ávila
dice que el cuerpo ha devenido en un “campo
dotado de ciudadanía” y por lo tanto
de derechos frente a la violencia y a la negación
de las mujeres como sujetos. El cuerpo, en sus
múltiples expresiones y espacios de presencia,
sufre permanente violencia, violaciones y embates
reaccionarios, al mismo tiempo que genera resistencias
y nuevos significantes de transformación.
Así, la negación de los derechos
sexuales y los derechos reproductivos de las personas
ha generado una dimensión contracultural
que reafirma el derecho a decidir sobre el propio
cuerpo, el derecho al placer, a una sexualidad
diversa, diferente a la heterosexual. La negación
del derecho a la salud cobra especial dramatismo
en la lucha contra el SIDA, enfrentada tanto a
las resistencias que provoca en iglesias y Estados,
y que ha dado lugar a importantes movimientos
contra el monopolio de las patentes de las trasnacionales
de medicamentos. La militarización creciente
y la disciplinación del cuerpo por el terror,
expresado con crudeza inimaginable en los conflictos
armados y las guerras, en los que el cuerpo de
las mujeres es visto y asumido como “botín”
de todos los bandos, ha generado un amplio movimiento
global que ha logrado el reconocimiento de estas
violaciones como “crímenes de lesa
humanidad” en la legislación internacional.
El racismo, que discrimina por el color de la
piel, alimentando de manera perversa exclusiones
sociales, culturales, económicas y emocionales,
y en el caso de las mujeres tiene especial impacto
en su cuerpo sexual, ha dado lugar a potentes
movimientos de resistencia contra la discriminación
étnico racial, por el reconocimiento de
la diferencia y por la dignidad. Y el mismo modelo
hegemónico neoliberal, con su secuela de
exclusión, pobreza y hambre, que está
quitando capacidades –generalmente con impacto
irreversible- en el cuerpo de las nuevas generaciones,
en nombre de la supremacía del mercado,
ha generado movimientos globales de afirmación
de la dignidad.
Solo en este marco de reconocimiento de la violencia
hacia las mujeres como un hecho político
y democrático, podemos comenzar a romper
el andamiaje en el que esta violencia se vuelve
impune e insignificante.
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