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Se estima que en el Perú
se producen cada año 352 mil abortos inducidos,
según un estudio realizado en el 2001 por
Delicia Ferrando (Centro Flora Tristán
y Pathfinder International). Para 1994, un estudio
de Instituto Alan Guttmacher daba la cifra de
271.1 mil abortos. Es decir, se ha producido un
significativo incremento.
Se calcula, además, que
se registra un aborto por cada nacido vivo, que
la probabilidad de las mujeres peruanas de 15
a 49 años de provocarse un aborto es de
5.2% y que solo el 14% de las mujeres que tienen
un aborto se hospitaliza.
El aborto ocupa el cuarto lugar
como causa de muerte materna (7%), según
el Ministerio de Salud; sin embargo, numerosos
estudios sostienen que dentro de las muertes por
hemorragias (60%) e infecciones (13%) se encuentran
subregistradas muchas muertes por aborto. En consecuencia,
si existiera un buen registro de las muertes maternas,
el aborto ocuparía posiblemente el primer
lugar.
En el Perú, el aborto
es ilegal y constituye un delito contra la vida.
El único caso de aborto no sancionado por
la ley es el que se realiza para salvar la vida
de la mujer o evitarle un mal grave o permanente.
En la Ley de Salud existe una
norma legal que obliga al personal médico
a denunciar los casos en que existan indicios
de aborto. Esta disposición quiebra el
principio de confidencialidad médico-paciente.
Ante esta situación, las
Naciones Unidas, a través del Comité
para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (1995, 1998 y 1999) y a través
del Comité de Derechos Humanos (1996) instó
al Estado peruano a revisar la legislación
que contiene medidas punitivas para las mujeres
que abortan. Hace énfasis en que la criminalización
del aborto no desalentó esta práctica,
sino más bien tuvo el efecto de hacer el
proceso más inseguro y peligroso para las
mujeres.
La práctica clandestina
implica complicaciones especialmente a las mujeres
de escasos recursos, sean rurales (69%) o urbanas
(44%), y en mucho menor medida a las mujeres que
tienen altos ingresos (9%). Aproximadamente 65
mil mujeres son hospitalizadas cada año
por complicaciones de aborto.
Todo esto hace que el aborto
constituya en el Perú un grave problema
de justicia social y de salud pública que
el Estado debe enfrentar con la eliminación
de la normatividad punitiva, con políticas
adecuadas y los recursos correspondientes. El
aborto es un tema complejo y despierta sentimientos
encontrados, pero que deben ser dejados de lado
para tener como primera prioridad la vida de las
mujeres.
Hay que recordar que el Perú
ocupa el segundo lugar entre los países
de América del Sur con el más alto
índice de mortalidad materna. Cada año
mueren mil 800 mujeres por problemas relacionados
con el embarazo y el parto.
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