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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EL EJERCICIO DE NUESTRA CIUDADANÍA


Reconocidos como derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos (DSR) engloban el derecho de las personas a decidir de manera libre sobre su sexualidad y sobre su vida reproductiva, esferas de indiscutible importancia en la vida cotidiana y sin lo cual difícilmente se puede pensar en una ciudadanía real. Por ello, los DSR garantizan la convivencia y la armonía sexual entre hombres y mujeres, asegurando que la sexualidad y la reproducción se ejerzan con libertad, respetando la dignidad de las personas, permitiéndole al ser humano el disfrute de una sexualidad segura, placentera y con el menor riesgo posible de sufrir complicaciones de salud.

De manera puntual, los derechos reproductivos son los derechos de todas las parejas e individuos

  • A decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento e intervalo de sus hijos e hijas, y a disponer de la información, educación y medios para hacerlo;
  • A alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva; y
  • A tomar decisiones acerca de su reproducción libre de coacción, discriminación o violencia.

Y los derechos sexuales son los derechos de todas las parejas e individuos

  • A decidir libre y responsablemente sobre todos los aspectos de su sexualidad, incluyendo la protección y promoción de su salud sexual y reproductiva;
  • A estar libre de coacción, discriminación o violencia en su vida sexual y en todas las decisiones acerca de la sexualidad;
  • A contar con y demandar igualdad, consentimiento pleno, respeto mutuo, y responsabilidad compartida en las relaciones sexuales.

(Tomado de Family Care International. 2000. Sexual and Reproductive Health Briefing Cards. FCI: New York).

El Programa de Acción formulado por la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo-CIPD (El Cairo, 1994), así como Plataforma Mundial para la Acción resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre de la Mujer (Beijing, 1995) consolidan los compromisos políticos asumidos por los estados participantes respecto a los DSR, entre ellos los del estado peruano.

En El Cairo se definen los derechos reproductivos como aquellos que “abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes, aprobados por consenso en las Naciones Unidas; se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos, el intervalo entre éstos, a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos” (CPD, 7.3).

En Beijing se reafirma la definición brindada, pero incluye ,además, otros aspectos que pueden reconocerse como los contenidos iniciales de los derechos sexuales; señala que “se debe entender que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a coacción, a discriminación y violencia”. Agrega que “las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exige el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual” (C 96/97).

Entre los compromisos que el estado peruano asumió respecto a los DSR están:

  1. Que la salud reproductiva esté al alcance de todas las personas lo antes posible, preparando programas de salud reproductiva para atender las necesidades de las mujeres y las adolescentes.
  2. Apoyar el principio de la libertad de elección en la planificación de la familia, adoptando medidas para satisfacer las necesidades al respecto de la población lo más antes posible.
  3. Proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios de salud reproductiva.
  4. La promoción, el suministro y la distribución fiables de preservativos de buena calidad deberían convertirse en elementos integrantes de los servicios de salud reproductiva.
  5. Posibilitar el acceso de la mujer a los sistemas de seguridad social en condiciones de igualdad con el hombre durante toda su vida.
  6. Eliminar todas las prácticas de discriminación contra la mujer, ayudando a la mujer a establecer y realizar sus derechos, incluidos los relativos a las salud reproductiva y sexual.
  7. Intensificar esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y de otras infecciones del aparato reproductivo.
  8. Reducciones significativas de la mortalidad materna para el año 2005: una reducción de la mortalidad materna a la mitad de los niveles de 1990 para el año 2000 y una nueva reducción a la mitad para el año 2015.
  9. Reconocer y afrontar las consecuencias que tienen para la salud los abortos peligrosos. En todos los casos las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos.
  10. Eliminar los obstáculos jurídicos, normativos y sociales que impiden el suministro de información y servicios de salud reproductiva a los adolescentes.


Estos compromisos asumidos por el estado peruano en el año 1994 y 1995 evalúan de manera directa las gestiones de nuestros gobernantes, y de acuerdo a las estadísticas, aún está muy lejos de cumplir con sus compromisos internacionales:

• El Perú tiene una de las tasas más altas de muerte materna de América Latina y del mundo.
• En el Perú se producen cada año 352 mil abortos clandestinos, cada hora se realizan 40 y cada día 1000 (Delicia Ferrando).
• Cerca de un millón de niños/as nacieron sin que sus madres y padres hubieran querido tenerlos/as (ENDES, 2000).
• 862 mil mujeres continúa con escasa protección anticonceptiva o está totalmente desamparada frente al riesgo de un embarazo no deseado.
• 13% de las jóvenes entre 15 y 19 años ya son madres o están gestando por primera vez. Esta cifra asciende al 25% en zonas rurales y de la selva (ENDES, 2000).
• 5,000 personas se encuentran en el estadio final de la infección por el VIH denominada estadio Sida. Desde el inicio de la epidemia en el Perú (1983) ya han fallecido 5,000 hombres, mujeres y niños/as (Vía Libre).

Este panorama exige que nuestros políticos y gobernantes consideren que las ciudadanas y ciudadanos necesitamos que nuestros derechos sexuales y reproductivos sean reconocidos y protegidos al más alto nivel y además traducidos en leyes, políticas y programas públicos.

Ésta es la importancia del actual proceso de debate constitucional: poder incorporar de manera amplia en la norma de mayor jerarquía, que es la constitución, nuestros DSR, logrando así las garantías necesarias para que se puedan establecer políticas de estado que aseguren la libertad y autonomía personal sobre las decisiones en materia de sexualidad y reproducción.

 
 
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“No depende de establecer un interés unificado de todas las mujeres; depende, más bien, de establecer una diferencia entre los intereses de hombres y mujeres”.

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