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Acceso a recursos
Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario
(CENAGRO) 1993, un 4,7% del total de mujeres pequeñas
productoras cuenta con un título de propiedad
debidamente registrado frente a un 14,7% de varones.
Esta misma fuente señala
que el 46,1% de productoras y el 44,8% de productores
individuales disponen de unidades agropecuarias
con una parcela. Aunque las diferencias por género
no son muy significativas, si se considera por
regiones la tendencia es que las mujeres productoras
posean menos cantidad de parcelas, situación
que se acentúa en la sierra, donde el 85,9%
de las productoras tienen menos de tres hectáreas.
Es importante destacar que no
es suficiente analizar si las conductoras directas
de parcelas, que según el censo llega a
un 20,0%, poseen o no título de propiedad,
sino que también es importante saber si
es que todas las parejas casadas han entrado al
régimen de la copropiedad y si ha pasado
algo similar con las convivientes. Igualmente
es necesario saber en qué condiciones se
encuentran las mujeres solteras y viudas respecto
de este tema.
Tal vez el agua sea el más
importante de los recursos naturales. En el caso
peruano, la regulación del agua con fines
agrícolas vincula las posibilidades de
su uso con la titularidad de las tierras, lo que
nos lleva nuevamente al tema anterior.
El acceso al recurso agua va
más allá del aspecto productivo
agrícola, es importante para muchas tareas
que desempeñan las mujeres en tanto productoras:
crianza de animales, artesanías, venta
de comida, así como en su rol reproductivo
para las tareas domésticas; por ello, la
legislación y las normas que se establezcan
requieren de una especial mirada desde el género.
En la agricultura, el crédito
es sumamente importante para obtener semillas,
insumos y tecnología. Según los
datos del censo, muy pocas/os productoras/es lo
gestionan. El acceso de las mujeres rurales al
crédito es muy limitado, en tanto no pueden
reunir las exigencias de las instituciones formales
de crédito para el préstamo.
La garantía es uno de
los principales problemas, en especial porque
son pocas las mujeres que poseen título
oficial sobre las tierras y los documentos de
registro. Otros se refieren a los altos costos
de financiamiento, a la condición civil
(jefas de familia, viudas, solteras que por prejuicios
socio-culturales no poseen la propiedad de la
tierra), el analfabetismo y la falta de documentación.
Se requiere, pues, de una política
que incorpore, paulatinamente, a las mujeres como
sujetos de crédito; ello implica decisión
política, información y difusión,
y una campaña masiva de documentación.
Los programas de crédito deben ir acompañados,
a la vez, de programas paralelos de asistencia
técnica y gestión, que permitan
a las/os campesinas/os asegurarse y asegurar un
buen retorno del préstamo.
Las mayores dificultades que
encuentran las mujeres para acceder a la tecnología
son de orden social y cultural. Los servicios
de extensión y capacitación tecnológica
son dirigidos principalmente a los varones que
tienen un mayor grado de escolarización.
Las cifras del III CENAGRO, nos muestran que a
pesar que la necesidad de capacitación
técnica manifestada por las mujeres pequeñas
productoras alcanzó el 75,6% para 1994,
de éstas solo el 6,8% la recibió
efectivamente.
A ello se suman otros motivos
de discriminación como el monolingüismo,
sus responsabilidades domésticas, la invisibilidad
como productoras y la todavía imperante
división de tareas en las que el hombre
representa a la familia, aun cuando es la mujer
la que trabaja directamente en el campo.
Educación
La educación en el sector
rural corresponde, mayormente, a la educación
pública, en ese sentido el problema más
evidente se refiere a la infraestructura educativa.
El 68,0% de las escuelas primarias del campo no
tiene agua, 95,0% no tiene desagüe y un 90,0%
no cuenta con energía eléctrica
(Ministerio de Educación), inclusive en
casos en que existen servicios de agua y luz en
la localidad.
De otro lado, la competencia
que existe entre el tiempo necesario para asistir
a la escuela con las actividades productivas y
domésticas del sector rural no corresponde
con la realidad. Diversos estudios concuerdan
en señalar que en el sector rural las/os
niñas/os, a partir de los cinco años,
se integran paulatinamente a la vida productiva
(Jeanine Anderson) y para cuando llegan a las
edades comprendidas entre los 14 y 24 años,
el 15,7% estudia y trabaja (INEI), dato relevante
si consideramos que el porcentaje de matrícula
oportuna para el nivel secundario (nivel que corresponde
a las edades señaladas) es bastante bajo;
es decir solo el 32,0% de niñas y el 27,0%
de niños se matriculan a la edad oportuna
(Ministerio de Educación).
Generalmente, más que
los varones, la lengua materna de las niñas
es el quechua, aymara u otra lengua nativa, hecho
que limita su alfabetización e instrucción
en la escuela tradicional. Asimismo, en determinados
contextos en la escuela se reproducen roles tradicionales
que tienen que ver directamente con la motivación
desigual entre los sexos. Por ejemplo, se constata
mayor motivación a los varones en su desempeño
en áreas de ciencias y matemática.
También, por lo general, los maestros se
interesan más por los alumnos, pues piensan
que tendrán más oportunidades de
desarrollo laboral y personal; asignando a las
niñas el cuidado del bebé de la
maestra y la preparación del desayuno escolar.
Igualmente, la ubicación
lejana de los colegios (en relación directa
al patrón disperso de la población
peruana, especialmente en el área rural),
afecta particularmente a las adolescentes, cuyos
familiares se preocupan por cualquier agresión
a su sexualidad en desarrollo (Carmen Montero),
hecho por el cual muchos padres deciden suspender
la asistencia al centro educativo.
De otro lado, si bien los niveles de analfabetismo
han disminuido, éstos siguen siendo altos,
especialmente entre las mujeres rurales con respecto
a las urbanas. Mientras para 1995 la diferencia
porcentual entre mujeres urbanas y rurales era
de casi 30 puntos, para 1998 ésta se redujo
en casi 10 puntos; sin embargo, aún una
cuarta parte de la población femenina rural
entre 15 y más años es analfabeta,
acentuándose esta característica
en las mujeres a partir de los 40 años.
Esto es significativo, si tenemos
en cuenta que en estas edades las mujeres inician
el ciclo productivo y reproductivo; es decir,
que ingresan al mercado laboral y tienen hijos.
Es importante mencionar la relación
entre pobreza y educación, específicamente
en lo referente a los años de estudio y
el acceso a un empleo. En las zonas rurales existe
un 51,6% de mujeres ocupadas que tiene nivel de
instrucción primaria. Es decir, que la
mayoría de mujeres que perciben algún
ingreso “formal” en zonas rurales
tiene primaria por lo menos. Las estadísticas
señalan que las mujeres sin ningún
grado de educación, generalmente trabajan
en condiciones desventajosas, como bajos salarios
y extensas jornadas laborales.
Asimismo, existe también
un vínculo entre los embarazos prematuros
y el nivel de instrucción. Las mujeres
analfabetas son más propensas a este hecho
por ver limitada su posibilidad de información
y conocimiento sobre su salud sexual y reproductiva.
Derechos sexuales y reproductivos
Al comparar las áreas geográficas,
encontramos grandes diferencias en las condiciones
y necesidades básicas insatisfechas entre
las mujeres que viven en zonas rurales y urbanas,
y se evidencia una clara concentración
de la atención en servicios para las ciudades,
en perjuicio de la calidad de atención
de la salud en zonas rurales.
En términos generales,
la evolución de la tasa de fecundidad entre
1991 y 1997 ha descendido. El promedio estimado
de hijos por mujer para el área rural en
1996 es de 5,6 frente a 2,8 hijos para la urbana,
lo que representa una diferencia de cerca de 3
hijos. Igualmente, las mujeres sin educación,
al final de su vida reproductiva, tienen más
de tres veces el número de hijos que aquellas
con educación superior (6,9 hijos por mujer,
versus 2,1), a pesar de tener aspiraciones similares
respecto al tamaño de las familias.
La fecundidad en adolescentes
es otro de los problemas que ha ido en aumento.
Aunque no contamos con datos que nos señalen
claramente las diferencias por área geográfica,
de 1991 a 1996 se ha dado un incremento considerable
en el número de adolescentes embarazadas
y éste es mayor en el área rural
y zonas de selva, sobre todo en esta última
donde los porcentajes de madres adolescentes van
del 28,0 al 34,0%. (INEI-FNUAP).
Entre las adolescentes iletradas,
el 55,5% ya era madre o estaba embarazada por
primera vez. Como hemos indicado, la mayor cantidad
de iletradas se encuentra en las zonas rurales
y en especial en los bolsones de pobreza. Como
resultado, la contribución de las adolescentes
a la fecundidad total para 1996 es de 10,6%. Si
a este grupo se agregan las jóvenes de
20 a 24 años, se tiene que el 36,0% del
total de nacimientos en el país ocurre
en mujeres entre 15 a 24 años. Se calcula
que cerca de la mitad de los embarazos adolescentes
son no deseados, convirtiéndose en un problema
prioritario de la salud sexual y reproductiva
en este grupo de edad junto a las ETS y VIH/Sida.
De otro lado, solo el 56,0% de
los partos fue atendido por profesionales de salud,
habiendo mejorado apenas un 5,7% frente a 1991.
La diferencia es abismal por áreas: mientras
en el área urbana la asistencia profesional
alcanza un poco más del 80,0%, en la rural
solo cubre la quinta parte (21,5%). (INEI-FNUAP).
Por departamentos, la situación
extrema se da en Huancavelica, donde menos del
10,0% de partos es atendido por profesionales
frente al 91,0% de Lima. Otros departamentos de
baja atención son también Ayacucho,
Puno y Cusco.
Según el INEI, en 1996,
un 65.1% de mujeres rurales dice conocer del Sida,
frente a un 97.9% de mujeres del área urbana.
La mayor fuente de conocimiento para las mujeres
de área rural es la radio en un 40%, seguida
por la TV en 24.3%. Un dato importante y que debe
llamar la atención de los educadores y
a los que implementan políticas, es que
la escuela no es una fuente importante de conocimiento
de esta enfermedad. Así según la
misma fuente y para el mismo año, encontramos
que la escuela es fuente de conocimiento sobre
Sida para un 5.9 de mujeres rurales y un 17.5
para las urbanas.
La escasa información con que contamos
nos da una idea de las condiciones en que se producen
los abortos al señalar a los proveedores.
Así nos encontramos nuevamente que las
mujeres rurales pobres recurren a personas no
capacitadas o se practican ellas mismas el aborto
(85,0%).
47 de cada 100 mujeres que se
someten a un aborto sufre complicaciones, de ellas
más de la mitad (69,0%) son mujeres rurales
pobres (INEI), cifra que encaja perfectamente
con el tipo de atención que reciben y la
inequidad social existente para este sector femenino
de la población.
Si en general el aborto se convierte en un grave
problema de salud para las mujeres, en las zonas
rurales éste se agudiza debido a la condición
de pobreza de su población, el bajo nivel
educativo alcanzado y a la lejanía de residencia
que imposibilita una atención inmediata.
Violencia
La violencia es una realidad
presente en las zonas rurales, donde toma matices
particulares. Existe muy poca información
sobre la violencia hacia la mujer rural. El gobierno
no ha realizado ningún estudio sobre la
materia en las zonas rurales y solo algunas ONG
han investigado y reflexionado sobre el tema,
considerando la especial situación de las
mujeres rurales.
Un estudio realizado en el departamento
de Ayacucho por la Comisión de Derechos
Humanos detectó que el 79,8% de la población
rural encuestada manifestó que la violencia
contra la mujer en las relaciones de pareja constituye
uno de los principales problemas de justicia en
las zonas rurales, teniendo a la fecha una incidencia
tres veces mayor que la problemática derivada
de la violencia política.
Diversas leyes se han promulgado
durante los últimos diez años para
atender la problemática de la violencia
familiar; sin embargo, existen innumerables obstáculos
para el acceso a la justicia por parte de las
mujeres, ello se agrava tratándose de mujeres
que habitan en ámbitos rurales, en los
que ni siquiera existen las autoridades encargadas
de su aplicación.
En el ámbito rural, ninguna
de las autoridades facultadas a intervenir por
la ley brinda servicios de protección frente
a la violencia familiar y, aunque éstas
funcionan en las capitales de provincia, las posibilidades
que las víctimas encuentren apoyo son escasas,
ya que desconocen su existencia y/o tienen problemas
derivados de la distancia, costos y desconocimiento
de los procedimientos y sus derechos que limitan
el acceso.
Las DEMUNAS, de enorme éxito
en las ciudades en la prevención de la
violencia contra la mujer, no se han instalado
como mecanismo en las zonas rurales y son conocidas
solo por la población joven debido al contacto
que tienen con las Defensorías Escolares.
El 77% de los casos de violencia
concluye en un acuerdo o conciliación y
solo en un 15% de ellos se sanciona a los responsables.
La sanción suele ser una multa o trabajo
comunitario.
Una de las más grandes
limitaciones de la actual ley sobre violencia
familiar es su carácter urbano. Es decir,
el circuito de atención para casos de violencia
familiar que desarrolla la legislación
vigente está diseñado para su aplicación
en un ámbito urbano, pues desconoce la
realidad del campo, así como las características
culturales, en general, y de administración
de justicia, en particular (Comisión de
la Mujer y Desarrollo Humano).
Existe una carencia de instancias
públicas y privadas para la atención
de la violencia familiar en las zonas rurales,
que se manifiesta a través de: bajo nivel
formativo de las autoridades; acceso limitado
a servicios de salud y administración de
justicia; servicios brindados sin tener en cuenta
la diversidad lingüística de la zona;
número limitado de DEMUNAS rurales; precariedad
en la provisión de servicios; desconocimiento
de las mujeres.
Es importante mencionar formas
propias de resolver problemas de violencia familiar
que existen en las zonas rurales. La existencia
de un derecho consuetudinario en comunidades campesinas
y amazónicas es una realidad que responde
a la diversidad cultural del país y a las
características particulares de los diversos
grupos étnicos. Son formas y mecanismos
alternativos a la justicia estatal, en los que
se aplican las costumbres existentes en las comunidades.
La justicia de paz es una instancia
que se presenta como parte de la justicia estatal,
pero es más cercana a la consuetudinaria.
Los jueces de paz son parte de la administración
de justicia y ejercen función jurisdiccional,
pero al no exigírseles formación
jurídica están facultados para resolver
de acuerdo con su buen entender y saber (Patricia
Balbuena). Un diagnóstico sobre justicia
de paz en nuestro país en base a una encuesta
a 374 jueces de paz, elaborado por el Instituto
de Defensa Legal, revela que los asuntos relacionados
con violencia familiar constituyen los casos más
frecuentes que ven estos jueces (21,4%).
Balbuena comenta la existencia
de un estudio que muestra cómo en el periodo
1987-1989, las rondas campesinas de Cajamarca
habían intervenido en 2,800 casos en el
rubro general de líos de familia. Esto
es, desde el reconocimiento de hijos, abandono
de hogar, peleas entre familias y separación
de hogar.
La jurisdicción comunal
está reconocida en nuestra Constitución
Política, pero siempre que respete las
normas sobre derechos humanos. Consideramos que
ello no se cumple, tratándose de las mujeres
víctimas de violencia, las que, como señala
un estudio de la Comisión de Derechos Humanos,
tienen de sus autoridades propuestas básicamente
de conciliación, hecho que las desprotege.
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