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ARTÍCULOS

La maternidad: causa de discriminación y exclusión social

María Isabel Rosas B*

En la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, uno de los objetivos centrales desde el Estado como desde las organizaciones de la sociedad civil es la lucha contra la discriminación y exclusión social que viven las mujeres. En ese contexto, el caso de la cadete Flor de Jesús Cahuaya Alegre, la joven expulsada de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú por haber quedado embarazada, merece una reflexión pues constituye un caso emblemático por sus implicancias.

El caso de la cadete embarazada, expulsada de dicha institución de formación militar evidencia, de un lado, la subsistencia del grave problema social que aún viven las mujeres: la discriminación y exclusión social a causa de la maternidad y, de otro lado, que son las propias normas y los funcionarios del Estado los promotores y partícipes de dicha discriminación y exclusión.

Flor de Jesús Cahuaya Alegre, considerada como la mejor alumna de su promoción por tener un excelente rendimiento académico y por ser la más disciplinada de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, fue separada definitivamente de la escuela a causa de haber cometido una grave infracción: estar embarazada. La maternidad, un derecho humano reconocido como universal, puede convertirse en una falta grave pasible de sanción en el Ministerio del Interior. Así lo creen y la mejor prueba de ello es que respaldaron hasta el final la Resolución del Consejo de Disciplina de la Escuela de Oficiales de la PNP del 19 de abril de 2007, que dispuso la separación definitiva de la cadete por su estado de gestación.

El embarazo figura como una falta grave en el Manual de Régimen Educativo de las Escuelas en Formación de la PNP aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 1966-2005-DIRGEN/EMG-PNP el 3 de setiembre del 2005, norma que, por cierto, es inconstitucional, pues viola los más elementales derechos constitucionales y, lo que es más grave aún, incumple los tratados internacionales de derechos humanos que el Perú ha suscrito y ratificado, y por tanto está obligado a cumplir.

Así, la mencionada Resolución vulnera los derechos humanos de igualdad y no discriminación, a la maternidad voluntaria, al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la intimidad y no injerencia del Estado, y el derecho a la educación y al trabajo.

Asimismo, incumple los compromisos adquiridos por el Estado peruano ante la comunidad internacional al haber suscrito y ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará” que establece el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia que incluye el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y obliga a los funcionarios del Estado a abstenerse de cualquier acción o práctica que vulnere los derechos de la mujer.

Así también la mencionada resolución incumple con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, la misma que también ha sido suscrita y ratificada por el Estado peruano que lo compromete a impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar y prohíbe, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad.

En el caso analizado la vulneración de derechos humanos de Flor de Jesús por los propios funcionarios de Estado, implica también la responsabilidad internacional del Estado peruano, además de la que corresponde a los propios funcionarios. Tal situación determina la posibilidad de acudir a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, de no actuarse con justicia en el ámbito nacional.

De otro lado, la legislación comparada en países con culturas de similar tradición jurídica, por ejemplo en España, se establece en el Real Decreto 1735/2000, del 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas, en su Artículo 7 sobre Protección de la maternidad. “Si alguna de las aspirantes no pudiera efectuar las pruebas físicas establecidas en la convocatoria por embarazo o parto, debidamente acreditados, realizará todas las demás, quedando la plaza que, en su caso obtuviera, condicionada a la superación de aquéllas (…) Si en esta fecha tampoco pudiera realizarlas debido a otro embarazo o parto, debidamente acreditados igualmente, podrá elegir de nuevo entre las dos opciones antedichas, sin que en ninguno de estos casos les sea de aplicación los límites de edad”.

Por su parte en Argentina, la Ley 25.808 que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 25.584, señala que los directivos o responsables de los establecimientos oficiales y privados de educación pública no podrán adoptar acciones institucionales que impidan la prosecución normal de los estudios a las alumnas en estado de gravidez o durante el período de lactancia, y a los estudiantes en su carácter de progenitores. En efecto el artículo 1 de la mencionada ley estipula expresamente: “Se prohíbe a los directivos o responsables de los establecimientos oficiales y privados de educación pública de todo el país, en todos los niveles del sistema y de cualquier modalidad, la adopción de acciones institucionales que impidan o perturben el inicio o prosecución normal de sus estudios a las estudiantes en estado de gravidez o durante el período de lactancia y a los estudiantes en su carácter de progenitores. Las autoridades educativas del respectivo establecimiento estarán obligadas, en cuanto a la estudiante embarazada, a autorizar los permisos que, en razón de su estado sean necesarios para garantizar tanto su salud física y psíquica como la del ser durante su gestación y el correspondiente período de lactancia”.

Frente a tales disposiciones que evidentemente protegen sobre todo al ser humano y sus esenciales derechos, en el Perú subsisten normas que vulneran dichos derechos con la tolerancia de las autoridades. Ello promueve la discriminación de las mujeres, quienes constituimos la mitad de la población peruana, y en particular que persista la exclusión social de este sector de la población a causa de la maternidad. Mientras ello continúe, será imposible imaginar siquiera una sociedad inclusiva, integrada y respetuosa de los derechos humanos. Por ello la resolución que den en los próximos días los vocales de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Lima en el caso Cahuaya será trascendental, no solo para la cadete expulsada y todas las mujeres que como ella decidan optar por la carrera militar o policial y enfrenten un embarazo, sino además para toda la sociedad en su conjunto.

* Ex Viceministra de la Mujer y abogada del Estudio Jurídico “Rosas Ballinas”.

 
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