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ARTÍCULOS


Políticas de igualdad de oportunidades en la gestión y el desarrollo local*


Diana Miloslavich Tupac**

Antecedentes

En el 2002, ante una invitación de la Comisión de Descentralización del Congreso para opinar sobre la descentralización, la RNPM, CLADEM, la FEMOCPAALC y el MAM presentaron un documento planteando que la descentralización debería constituir una oportunidad para fortalecer la democracia y promover la igualdad de oportunidades para las mujeres. Esta propuesta es incorporada en la Ley de Bases de la Descentralización que en el capítulo II, de Principios, artículo 4 inciso d, dice:

La Descentralización Es una forma de organización democrática del Estado que se desarrolla en los planos político, social, económico, cultural administrativo y financiero. Promueve la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores niveles de desarrollo humano en cada ámbito, y la relación Estado y sociedad basada en la participación y concertación en la gestión de gobierno.

Igualmente en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en el título I, articulo 8 de los Principios, inciso 7, dice sobre la Equidad:

Las consideraciones de Equidad son un componente constitutivo y orientador de la gestión regional. La gestión regional promociona, sin discriminación, igual acceso a las oportunidades y la identificación de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial por la gestión regional.

Cuando se discute el diseño de la descentralización se propone la creación de un espacio para las mujeres dentro de la estructura regional. Sin embargo, esta propuesta no encuentra apoyo ni se logran alianzas. Finalmente es considerada en la estructura de la Gerencia de Desarrollo Social, por eso es desde allí donde se desarrollaron y aprueban las políticas de género y de igualdad de oportunidad en las regiones en los últimos años.

Sin embargo, ¿qué sucedió en la práctica? Las organizaciones de mujeres buscaron, pelearon por una interlocución con los gobiernos regionales y desde allí se desarrollan experiencias como el Consejo Regional de Mujeres de Junín, el de Piura, Pasco, Huánuco, La libertad, San Martín. Se encuentra en proceso un Programa de Equidad de Genero en el Callao.

Luego vino el desarrollo de Planes de Igualdad de Oportunidades, desde diversas zonas y entre ellos destacamos el de la Provincia de Lucanas que marca un cambio en la práctica de elaboración de PIOS al venir desde un proceso distrital social y provincial apoyado por 19 Mesas de Diálogo de Mujeres en cada uno de los distritos y que tiene expectativas de incidir en el PRIO de Ayacucho en el futuro.

Actualmente se discuten las bases para un Plan Regional de Igualdad de Oportunidades en Cusco con el Gobierno Regional. Tenemos aprobados los Planes de Igualdad Regional en Ica 2005-2010; en Lima, en el Norte Chico del 2006-2010; en La Libertad del 2006 -2020. Y en Moquegua hubo una experiencia en la anterior gestión que esperamos que continúe. En Pasco tenemos también aprobada la elaboración de un PRIO. Y por ultimo, en Ucayali un Plan Regional contra la Violencia.

Con estos ejemplos quiero decir que las organizaciones de mujeres desde las regiones, desde las provincias y distritos, han acumulado una importante experiencia desde que se inicia la descentralización. Experiencias dadas a conocer en diversos eventos. Experiencias impulsadas por los municipios, las asociaciones de regidoras, las redes. La capacidad creativa de las mujeres en la descentralización ha sido enorme. Han sido cerca de 2,800 mujeres, entre consejeras, regidoras, alcaldesas que durante la gestión 2003-2006 se han comprometido con las políticas públicas sensibles al género.

¿Cómo lograr que estos planes se articulasen con los Planes Nacionales? Esto continúa siendo un desafió para el Estado y las organizaciones, y éste es un momento crítico, pues nos encontramos con nuevos escenarios políticos regionales y locales en el 2007. Lamentablemente, en nuestro país los procesos no tienen continuidad. Éste es otro reto: cómo lograr que las nuevas gestiones asuman lo avanzado por las anteriores. Y sigue siendo un desafío facilitar el desarrollo de la sociedad peruana dentro de pautas de convivencia más igualitarias. Avanzar en la igualdad requiere de compromisos y un cambio de actitudes. Requiere de diversos esfuerzos colectivos, de voluntades políticas.

Los planes constituyen el compromiso para hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Ley es fundamental pues fortalecerá este proceso iniciado. Será sustancial en el avance que la sociedad peruana necesita. Además, puso en claro los compromisos del grupo o la Mesa Parlamentaria de Mujeres y de las organizaciones, con excepción de quienes se sintieron no incluidas, como los sectores del movimiento lésbico, para quienes no fue suficiente que el articulo 2 de la LIO dijera que:

Para los efectos de la presente ley, se extiende por discriminación, cualquier tipo de distinción, exclusión, o restricción, basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social cultural o en cualquier otra, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Perú y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Peruano.

A pesar de ello consideramos fundamental el paso dado con la promulgación de esta importante Ley, que sienta las bases para la igualdad de hombres y mujeres, que sin duda hay que desarrollar en otro tipo de normatividad y políticas públicas.

En qué momento estamos
La Mesa Multipartidaria de Mujeres y la Comisión de la Mujer del Congreso en coordinación con la sociedad civil han logrado un avance importante para las mujeres, al establecer el marco normativo, institucional y de políticas publicas en los ámbitos nacional, regional y local para garantizar nuestros derechos, pero, sobre todo, define las políticas del Ejecutivo y de los gobiernos regionales y locales, incluso para el Parlamento. Esta ley constituye el marco de la Reforma del Estado que queremos para las mujeres.

Sin embargo, entre lo hecho a través de los gobiernos regionales y locales existe un desfase con relación al Poder Ejecutivo, que al impulsar la Reforma del Estado varía el enfoque que se viene desarrollando desde el Congreso y desde las regiones. Aquí me voy a referir al Decreto Supremo N° 004-2007-MIMDES, mediante el cual se crea la Dirección General de Protección Social, instancia que absorberá las competencias y funciones del Programa Nacional Wawa Wasi, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual-PNCVFS y la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del voluntariado del Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar-INABIF. Esto unido al Decreto Supremo Nº 020-2007 de la PCM, publicado el 30 de marzo, en el que se desarrolla un proceso de reforma de los Programas Sociales.

Esta decisión gubernamental implica la extinción del Programa Nacional de Wawa Wasi y del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, según lo indica explícitamente la segunda disposición complementaria del citado decreto. En lo que respecta a los programas sociales no queda claro la permanencia de los comités de gestión para la transferencia de los programas alimentarios.

Observaciones al Decreto Supremo y a la nueva orientación del Ejecutivo
Una primera observación es la relativa al incumplimiento del mandato establecido expresamente por el artículo 6º de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, Ley 28983 -vigente desde el 17 de marzo del presente año-, en lo relativo específicamente al rol del Estado, en sus diferentes expresiones de Poder y niveles de gobierno.

Una segunda observación está relacionada con los compromisos del Estado Peruano y el más importante es La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará, que fue ratificada por el Estado peruano en n 1996. Su importancia radica en la definición de la violencia contra la mujer y en el establecimiento de responsabilidades desde el Estado respecto a esta problemática.

Una tercera observación es que La Constitución Política Peruana de 1993, señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar, además, establece el derecho de la persona a no ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni a ser sometida a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. El Código Civil Peruano considera que la violencia física o psicológica pueden ser invocadas como causal para la separación o el divorcio.

Una cuarta observación es que el 1993 se promulgó la Ley 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar que estableció la política del Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar. Ley que muchas recordarán fue producto de un proceso muy largo y que contó con una alianza entre el Grupo Parlamentario de Mujeres, presidido en ese entonces por la doctora Mercedes Cabanillas y Lourdes Flores Nano, que entre otras hizo posible esta legislación que fue mejorándose a lo largo del tiempo.

En abril del 2001, se creó el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual como órgano dependiente del Despacho Ministerial, encargado de diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y/o sexual, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población, desde una perspectiva de género. También se creó la Dirección Nacional del Programa de Violencia Familiar y Sexual. Este Programa y esta dirección es quizás lo más importante en materia de genero que creó el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Y ello gracias a la lucha de las mujeres. Los Centros de Emergencia Mujer fueron creados por Resolución Ministerial en 1999 y ya funcionaban cuando se creó el Programa, y con él mejoraron, centralizando diversos servicios frente a la violencia familiar, de tal modo que se facilitan los trámites que deben seguir las mujeres frente a un hecho de violencia, además de encontrase a nivel nacional.

Un quinta observación es que La Ley orgánica de Municipalidades y la Ley de Bases de la Descentralización definen competencias regionales y locales de los municipios y gobiernos regionales en materia de prevención de violencia y otras.
Una sexta observación está relacionada con la Cedaw. y que el Estado Peruano debiera tomar en cuenta. En respuesta al VI Informe Periódico, presentado por el Estado Peruano al Comité de la CEDAW, ésta recomienda: “… al Estado parte a continuar fortaleciendo el papel del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social como organismo rector y normativo, dotarlo de presupuesto suficiente y asignarle los recursos financieros necesarios para la formulación y desarrollo de políticas y programas dirigidos a la igualdad de género. El Comité recomienda, asimismo, que asigne al Ministerio mayor autoridad en el marco de las instituciones del Estado para velar por la promoción de la igualdad de género y por la incorporación efectiva de la perspectiva de género en todos los sectores de gobierno”.

Desafíos a futuro
La Ley de Igualdad de Oportunidades ha dado el marco para la Reforma del Estado, y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en Debate tiene que tomar en cuenta lo que ya está definido y consensuado.

El Decreto Supremo 05 tiene que ser revisado y modificado. No es posible desactivar lo avanzado, porque estarían contraviniendo la propia ley promulgada este año.

Por ultimo, pensamos que tiene que haber voluntad política de parte del Ejecutivo y del Gobierno de no ir en contra de los avances de las políticas públicas de género. No he querido detenerme en indicadores, pero creo que este auditorio está convencido de la necesidad de políticas que disminuyan la violencia contra la mujer, que estamos de acuerdo que servicios de cuidado como son los Wawa-Wasi deben ser mejorados, porque las mujeres siguen accediendo al trabajo sin tener dónde dejar a sus hijos e hijas. Estos servicios deben multiplicarse y tener presupuestos adecuados. Programas de Educadores de la Calle son esfuerzos importantes que deben continuar.

Queremos un Estado al servicio de las personas, al servicio de las mujeres que al final de cuenta somos la mitad de la población. Y está demostrado que la violencia es básicamente un problemas que las mujeres tenemos que afrontar, y sin servicios y sin políticas no será posible. Es por ello fundamental que en vez de desactivar el Programa de Atención a la Violencia Familiar y Sexual lo fortalezcan en todos sus niveles de atención local, regional y nacional.

Finalmente, no quiero dejar de señalar que en esta reforma hay que tomar en cuenta las contribuciones de las mujeres, en especial los comedores populares y el vaso de leche con su trabajo voluntario, igual quienes han creado casas de refugio para mujeres maltratadas con su trabajo voluntario.

Este proceso de reformas desde el Ejecutivo desmonta las políticas de género, a pesar de haber promulgado una Ley de Igualdad de Oportunidades en marzo de este año. Éste es un reflejo más de la inconsistencia de su propuesta sobre el Estado que necesitamos.

*Texto leído en la audiencia publica, impulsada por la Red Perú y la Mesa Parlamentaria de Mujeres el 25 de mayo del 2007.
**Coordinadora del Programa Participación Política y Descentralización del Centro Flora Tristán.

 
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Permitida la reproducción de esta imagen citando autoría del CMP Flora Tristan, Certificado de Registro INDECOPI Nº 00326-2009, 06-04-2009.

 
 




 
 
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