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Políticas
de igualdad de oportunidades en la gestión
y el desarrollo local*
Diana Miloslavich Tupac**
Antecedentes
En el 2002, ante una invitación de la Comisión
de Descentralización del Congreso para
opinar sobre la descentralización, la RNPM,
CLADEM, la FEMOCPAALC y el MAM presentaron un
documento planteando que la descentralización
debería constituir una oportunidad para
fortalecer la democracia y promover la igualdad
de oportunidades para las mujeres. Esta propuesta
es incorporada en la Ley de Bases de la Descentralización
que en el capítulo II, de Principios, artículo
4 inciso d, dice:
La Descentralización Es una forma de organización
democrática del Estado que se desarrolla
en los planos político, social, económico,
cultural administrativo y financiero. Promueve
la igualdad de oportunidades para el acceso a
mayores niveles de desarrollo humano en cada ámbito,
y la relación Estado y sociedad basada
en la participación y concertación
en la gestión de gobierno.
Igualmente en la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales en el título I, articulo 8 de
los Principios, inciso 7, dice sobre la Equidad:
Las consideraciones de Equidad son un componente
constitutivo y orientador de la gestión
regional. La gestión regional promociona,
sin discriminación, igual acceso a las
oportunidades y la identificación de grupos
y sectores sociales que requieran ser atendidos
de manera especial por la gestión regional.
Cuando se discute el diseño de la descentralización
se propone la creación de un espacio para
las mujeres dentro de la estructura regional.
Sin embargo, esta propuesta no encuentra apoyo
ni se logran alianzas. Finalmente es considerada
en la estructura de la Gerencia de Desarrollo
Social, por eso es desde allí donde se
desarrollaron y aprueban las políticas
de género y de igualdad de oportunidad
en las regiones en los últimos años.
Sin embargo, ¿qué sucedió
en la práctica? Las organizaciones de mujeres
buscaron, pelearon por una interlocución
con los gobiernos regionales y desde allí
se desarrollan experiencias como el Consejo Regional
de Mujeres de Junín, el de Piura, Pasco,
Huánuco, La libertad, San Martín.
Se encuentra en proceso un Programa de Equidad
de Genero en el Callao.
Luego vino el desarrollo de Planes de Igualdad
de Oportunidades, desde diversas zonas y entre
ellos destacamos el de la Provincia de Lucanas
que marca un cambio en la práctica de elaboración
de PIOS al venir desde un proceso distrital social
y provincial apoyado por 19 Mesas de Diálogo
de Mujeres en cada uno de los distritos y que
tiene expectativas de incidir en el PRIO de Ayacucho
en el futuro.
Actualmente se discuten las bases para un Plan
Regional de Igualdad de Oportunidades en Cusco
con el Gobierno Regional. Tenemos aprobados los
Planes de Igualdad Regional en Ica 2005-2010;
en Lima, en el Norte Chico del 2006-2010; en La
Libertad del 2006 -2020. Y en Moquegua hubo una
experiencia en la anterior gestión que
esperamos que continúe. En Pasco tenemos
también aprobada la elaboración
de un PRIO. Y por ultimo, en Ucayali un Plan Regional
contra la Violencia.
Con estos ejemplos quiero decir que las organizaciones
de mujeres desde las regiones, desde las provincias
y distritos, han acumulado una importante experiencia
desde que se inicia la descentralización.
Experiencias dadas a conocer en diversos eventos.
Experiencias impulsadas por los municipios, las
asociaciones de regidoras, las redes. La capacidad
creativa de las mujeres en la descentralización
ha sido enorme. Han sido cerca de 2,800 mujeres,
entre consejeras, regidoras, alcaldesas que durante
la gestión 2003-2006 se han comprometido
con las políticas públicas sensibles
al género.
¿Cómo lograr que estos planes se
articulasen con los Planes Nacionales? Esto continúa
siendo un desafió para el Estado y las
organizaciones, y éste es un momento crítico,
pues nos encontramos con nuevos escenarios políticos
regionales y locales en el 2007. Lamentablemente,
en nuestro país los procesos no tienen
continuidad. Éste es otro reto: cómo
lograr que las nuevas gestiones asuman lo avanzado
por las anteriores. Y sigue siendo un desafío
facilitar el desarrollo de la sociedad peruana
dentro de pautas de convivencia más igualitarias.
Avanzar en la igualdad requiere de compromisos
y un cambio de actitudes. Requiere de diversos
esfuerzos colectivos, de voluntades políticas.
Los planes constituyen el compromiso para hacer
realidad el principio de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y la Ley es fundamental
pues fortalecerá este proceso iniciado.
Será sustancial en el avance que la sociedad
peruana necesita. Además, puso en claro
los compromisos del grupo o la Mesa Parlamentaria
de Mujeres y de las organizaciones, con excepción
de quienes se sintieron no incluidas, como los
sectores del movimiento lésbico, para quienes
no fue suficiente que el articulo 2 de la LIO
dijera que:
Para los efectos de la presente ley, se extiende
por discriminación, cualquier tipo de distinción,
exclusión, o restricción, basada
en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos de las personas, independientemente
de su estado civil, sobre la base de la igualdad
entre la mujer y el hombre, de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social cultural
o en cualquier otra, en concordancia con lo establecido
en la Constitución Política del
Perú y en los instrumentos internacionales
ratificados por el Estado Peruano.
A pesar de ello consideramos fundamental el paso
dado con la promulgación de esta importante
Ley, que sienta las bases para la igualdad de
hombres y mujeres, que sin duda hay que desarrollar
en otro tipo de normatividad y políticas
públicas.
En qué momento estamos
La Mesa Multipartidaria de Mujeres y la Comisión
de la Mujer del Congreso en coordinación
con la sociedad civil han logrado un avance importante
para las mujeres, al establecer el marco normativo,
institucional y de políticas publicas en
los ámbitos nacional, regional y local
para garantizar nuestros derechos, pero, sobre
todo, define las políticas del Ejecutivo
y de los gobiernos regionales y locales, incluso
para el Parlamento. Esta ley constituye el marco
de la Reforma del Estado que queremos para las
mujeres.
Sin embargo, entre lo hecho a través de
los gobiernos regionales y locales existe un desfase
con relación al Poder Ejecutivo, que al
impulsar la Reforma del Estado varía el
enfoque que se viene desarrollando desde el Congreso
y desde las regiones. Aquí me voy a referir
al Decreto Supremo N° 004-2007-MIMDES, mediante
el cual se crea la Dirección General de
Protección Social, instancia que absorberá
las competencias y funciones del Programa Nacional
Wawa Wasi, el Programa Nacional contra la Violencia
Familiar y Sexual-PNCVFS y la Unidad Gerencial
de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción
del voluntariado del Programa Integral Nacional
de Bienestar Familiar-INABIF. Esto unido al Decreto
Supremo Nº 020-2007 de la PCM, publicado
el 30 de marzo, en el que se desarrolla un proceso
de reforma de los Programas Sociales.
Esta decisión gubernamental implica la
extinción del Programa Nacional de Wawa
Wasi y del Programa Nacional contra la Violencia
Familiar y Sexual, según lo indica explícitamente
la segunda disposición complementaria del
citado decreto. En lo que respecta a los programas
sociales no queda claro la permanencia de los
comités de gestión para la transferencia
de los programas alimentarios.
Observaciones al Decreto Supremo y a la
nueva orientación del Ejecutivo
Una primera observación es la relativa
al incumplimiento del mandato establecido expresamente
por el artículo 6º de la Ley de Igualdad
de Oportunidades de Mujeres y Hombres, Ley 28983
-vigente desde el 17 de marzo del presente año-,
en lo relativo específicamente al rol del
Estado, en sus diferentes expresiones de Poder
y niveles de gobierno.
Una segunda observación está relacionada
con los compromisos del Estado Peruano y el más
importante es La Convención para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
o Convención de Belém do Pará,
que fue ratificada por el Estado peruano en n
1996. Su importancia radica en la definición
de la violencia contra la mujer y en el establecimiento
de responsabilidades desde el Estado respecto
a esta problemática.
Una tercera observación es que La Constitución
Política Peruana de 1993, señala
que toda persona tiene derecho a la vida, a su
identidad, a su integridad moral, psíquica
y física, a su libre desarrollo y bienestar,
además, establece el derecho de la persona
a no ser víctima de violencia moral, psíquica
o física, ni a ser sometida a tortura o
a tratos inhumanos o humillantes. El Código
Civil Peruano considera que la violencia física
o psicológica pueden ser invocadas como
causal para la separación o el divorcio.
Una cuarta observación es que el 1993 se
promulgó la Ley 26260, Ley de Protección
Frente a la Violencia Familiar que estableció
la política del Estado y de la sociedad
frente a la violencia familiar. Ley que muchas
recordarán fue producto de un proceso muy
largo y que contó con una alianza entre
el Grupo Parlamentario de Mujeres, presidido en
ese entonces por la doctora Mercedes Cabanillas
y Lourdes Flores Nano, que entre otras hizo posible
esta legislación que fue mejorándose
a lo largo del tiempo.
En abril del 2001, se creó el Programa
Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual
como órgano dependiente del Despacho Ministerial,
encargado de diseñar y ejecutar a nivel
nacional acciones y políticas de prevención,
atención y apoyo a las personas involucradas
en hechos de violencia familiar y/o sexual, contribuyendo
así a mejorar la calidad de vida de la
población, desde una perspectiva de género.
También se creó la Dirección
Nacional del Programa de Violencia Familiar y
Sexual. Este Programa y esta dirección
es quizás lo más importante en materia
de genero que creó el gobierno de transición
de Valentín Paniagua. Y ello gracias a
la lucha de las mujeres. Los Centros de Emergencia
Mujer fueron creados por Resolución Ministerial
en 1999 y ya funcionaban cuando se creó
el Programa, y con él mejoraron, centralizando
diversos servicios frente a la violencia familiar,
de tal modo que se facilitan los trámites
que deben seguir las mujeres frente a un hecho
de violencia, además de encontrase a nivel
nacional.
Un quinta observación es que La Ley orgánica
de Municipalidades y la Ley de Bases de la Descentralización
definen competencias regionales y locales de los
municipios y gobiernos regionales en materia de
prevención de violencia y otras.
Una sexta observación está relacionada
con la Cedaw. y que el Estado Peruano debiera
tomar en cuenta. En respuesta al VI Informe Periódico,
presentado por el Estado Peruano al Comité
de la CEDAW, ésta recomienda: “…
al Estado parte a continuar fortaleciendo el papel
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
como organismo rector y normativo, dotarlo de
presupuesto suficiente y asignarle los recursos
financieros necesarios para la formulación
y desarrollo de políticas y programas dirigidos
a la igualdad de género. El Comité
recomienda, asimismo, que asigne al Ministerio
mayor autoridad en el marco de las instituciones
del Estado para velar por la promoción
de la igualdad de género y por la incorporación
efectiva de la perspectiva de género en
todos los sectores de gobierno”.
Desafíos a futuro
La Ley de Igualdad de Oportunidades ha dado el
marco para la Reforma del Estado, y la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo en Debate tiene que tomar
en cuenta lo que ya está definido y consensuado.
El Decreto Supremo 05 tiene que ser revisado y
modificado. No es posible desactivar lo avanzado,
porque estarían contraviniendo la propia
ley promulgada este año.
Por ultimo, pensamos que tiene que haber voluntad
política de parte del Ejecutivo y del Gobierno
de no ir en contra de los avances de las políticas
públicas de género. No he querido
detenerme en indicadores, pero creo que este auditorio
está convencido de la necesidad de políticas
que disminuyan la violencia contra la mujer, que
estamos de acuerdo que servicios de cuidado como
son los Wawa-Wasi deben ser mejorados, porque
las mujeres siguen accediendo al trabajo sin tener
dónde dejar a sus hijos e hijas. Estos
servicios deben multiplicarse y tener presupuestos
adecuados. Programas de Educadores de la Calle
son esfuerzos importantes que deben continuar.
Queremos un Estado al servicio de las personas,
al servicio de las mujeres que al final de cuenta
somos la mitad de la población. Y está
demostrado que la violencia es básicamente
un problemas que las mujeres tenemos que afrontar,
y sin servicios y sin políticas no será
posible. Es por ello fundamental que en vez de
desactivar el Programa de Atención a la
Violencia Familiar y Sexual lo fortalezcan en
todos sus niveles de atención local, regional
y nacional.
Finalmente, no quiero dejar de señalar
que en esta reforma hay que tomar en cuenta las
contribuciones de las mujeres, en especial los
comedores populares y el vaso de leche con su
trabajo voluntario, igual quienes han creado casas
de refugio para mujeres maltratadas con su trabajo
voluntario.
Este proceso de reformas desde el Ejecutivo desmonta
las políticas de género, a pesar
de haber promulgado una Ley de Igualdad de Oportunidades
en marzo de este año. Éste es un
reflejo más de la inconsistencia de su
propuesta sobre el Estado que necesitamos.
*Texto leído
en la audiencia publica, impulsada por la Red
Perú y la Mesa Parlamentaria de Mujeres
el 25 de mayo del 2007.
**Coordinadora del Programa Participación
Política y Descentralización del
Centro Flora Tristán.
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