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Agenda política


VIOLENCIA SEXUAL

De lo privado a lo público
La violencia sexual constituye una de las formas de vulneración de derechos más extrema y afecta mayoritariamente a las mujeres. Su impacto en la vida de quienes son víctimas puede llegar a resultados fatales como el suicidio, homicidio, mortalidad materna y VIH-SIDA.

Para aquellas mujeres que no pierden la vida, las repercusiones se expanden a todos los niveles de su desarrollo personal, sobre su salud física, con heridas, embarazo no deseado, aborto, enfermedades de transmisión sexual, lesiones y problemas ginecológicos diversos, incapacidades permanentes, dolor crónico y, en general, vulnerabilidad a enfermedades o problemas de salud graves; sobre su salud mental, incluyendo depresión, miedo, ansiedad, baja autoestima, disfunción sexual, problemas de alimentación, trastorno por estrés traumático y uso y abuso de drogas.

Si bien la ocurrencia de la violencia sexual se produce muchas veces dentro del ámbito doméstico o escolar y proviene de alguien del sexo masculino cercano a la víctima, el impacto que tiene sobre la vida de las mujeres trasciende el ámbito familiar privado, ya que involucra a diversos agentes públicos, tales como la policía, las/os prestadoras/es de salud, las/os profesoras/es, las/os operadoras/es de justicia, entre otros.

Pese a ello, durante muchos años se ha pretendido abordar el tema como un asunto privado que se soluciona solamente entre las partes involucradas, y se niega que se trata de una violación de derechos humanos, ante la cual deben existir sanciones para el agresor y reparaciones para la víctima y en la que el Estado tiene responsabilidades ineludibles.

Registro nacional unificado
Es deficiente la información con la que se cuenta en el país sobre las dimensiones de la violencia sexual. Sus fuentes son los casos que llegan a las autoridades y no se cuenta con datos de prevalencia a nivel nacional. Se calcula que sólo el 32% de las denuncias sobre delitos contra la libertad sexual en Lima ingresa al Ministerio Público.

Esta falta de datos impide conocer la magnitud y evolución del problema; también dificulta la elaboración de políticas y programas
de prevención, atención, capacitación y vigilancia en las distintas zonas del país. Esto constituye un grave problema que impide al Estado mejorar o implementar políticas acordes con las necesidades reales de las mujeres.

Por ello, es imprescindible que se brinden los mecanismos legales necesarios para cumplir con uno de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Violencia contre la Mujer 2002 y 2007, el cual textualmente señala el “Establecer un sistema que brinde información cierta, actual y de calidad sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia hacia la mujer”.

Y además, cumplir con atender la preocupación manifestada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que en el año 2002 señaló: “Preocupa al Comité que no exista un registro centralizado sobre los delitos sexuales, que no se haya prestado toda la atención necesaria a la violencia sexual y que el incesto no se haya penalizado en forma particular”.

El establecimiento de un registro único a nivel nacional sobre los casos de violencia sexual es una necesidad imperativa, pues permitirá conocer las verdaderas dimensiones del problema para darle la prioridad política que demanda.

No discriminación por edad
Cuando una adolescente mayor de 14 y menor de 18 años sufre una violación sexual, ésta no es tipificada ni sancionada como tal, sino que es prevista bajo la figura atenuada de seducción o estupro y calificada como engaño. La pena para el agresor será de tres años, la misma que cumplirá en libertad, según lo señala el artículo 175 del Código Penal. A la víctima no se le da las mismas garantías de protección legal que a una menor de 14 años, en cuyo caso sí es penada como violación de menor.

En este sentido se propone regular y sancionar penalmente la violación sexual de una adolescente mayor de 14 y menor de 18 años con el mismo tipo de sanción que la violación sexual a menores de 14 años, sin exclusión ni discriminación por razón de edad, garantizando los derechos humanos en igualdad de condiciones del conjunto de adolescentes.

Datos a tener en consideración

· 93% de las víctimas de violencia sexual es mujer y 76% hombres abusados menores de 14 años. (Siles, Abraham. Iindicadores de criminalidad sexual: lo que se puede saber. DEMUS. Lima, 1995).

· Una de cada diez mujeres en Lima y Cusco ha sufrido violencia sexual a partir de los 15 años por parte de alguna persona distinta a la pareja. Los principales agresores son los propios varones de la familia, amigos o enamorados. (Güezmes, Ana; Palomino, Nancy, y Ramos, Miguel. Violencia sexual y física contra las mujeres en el Perú. Estudio Multicéntrico de la OMS sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres. Lima. 2002).

· Una de cada cinco mujeres en Lima y Cusco reporta abuso sexual en la infancia. El principal agresor sexual de las mujeres antes de los quince años en ambas zonas resulta ser algún familiar masculino (diferente al padre o padrastro). (Guezmes, Ana; Palomino, Nancy, y Ramos, Miguel. Ibid).

· 17,600 abortos (5% del total) se producen producto de una violación sexual. (Ferrando, Delicia. El aborto clandestino en el Perú. Hechos y cifras. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International. Lima. 2001).

· Según el Ministerio público, entre los casos que han pasado por examen médico-legal durante el año 2000 por delitos contra la libertad sexual, 73% fue mujer y el 94% de los hombres abusadores era menor de 17 años. (Defensoría del Pueblo. Violencia sexual: un problema de seguridad ciudadana. Las voces de las víctimas. Serie de Informes Defensoriales N° 21. Lima, 2000).

· La Policía Nacional, en las comisarías de Lima Metropolitana, ha registrado 4,807 denuncias sobre delito contra la libertad sexual en 1997; 4,677 en 1998; 5,762 en 1999, y 6,096 en el 2000. (Centro Flora Tristán. Datos y cifras sobre violencia familiar y violencia sexual del departamento de Lima. Documento de trabajo. Lima, 2002).

· Rädda Barnen reportó que de un total de 2,648 casos de violencia sexual registrados en 1997 por las DEMUNAS, 155 corresponden a violaciones y los demás a maltrato sexual.

· 60% de agresiones de tipo sexual es cometido por adolescentes de sexo masculinos menores de 18 años. (DESCO. Reporte especial N° 101, febrero. Lima. 2000).

COMPROMISOS DEL ESTADO

Internacionales
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 7º.

“A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” . Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Artículo 1º.

“Los Estado Partes condenan todo tipo de violencia contra la mujeres y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Artículo 7°.

“Adoptar medidas específicas preventivas para proteger a las mujeres, los jóvenes y los niños de todo maltrato, abuso sexual, explotación, tráfico y violencia, por ejemplo en la formulación y la aplicación de las leyes y prestar protección jurídica y médica y otro tipo de asistencia”. Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing. Párrafo 107.Q.

Nacionales
“Nadie debe de ser víctima de violencia moral, psíquica, o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes“. Constitución Política del Estado, art. 2, inc. h).

“Fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de valores éticos, el irrestricto respeto a la dignidad de la persona y de los derechos de la mujer, del niño, adolescente y de la familia, de conformidad con la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales ratificados por el Perú”. Ley 27306 que modifica el texto único ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Art. 3, inc.



Fuentes:
. Movimiento Manuela Ramos. Diagnóstico normativo de los derechos sexuales y reproductivos en el Perú. Lima, 2000.
. Defensoría del Pueblo. Violencia sexual: un problema de seguridad ciudadana. Las voces de las víctimas. Serie de Informes Defensoriales N° 21. Lima, 2000.
. Centro Flora Tristán. Datos y cifras sobre violencia familiar y violencia sexual del departamento de Lima. Documento de trabajo. Lima, 2002.
. Güezmes, Ana; Palomino, Nancy, y Ramos, Miguel. Violencia sexual y física contra las mujeres en el Perú. Estudio multicéntrico de la OMS sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres. Lima, 2002.
. Ferrando, Delicia. El aborto clandestino en el Perú. Hechos y cifras. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International. Lima, 2001.
. DESCO. Reporte especial Nª 101, febrero. Lima, 2000.
. CLADEM. Informe alternativo de CLADEM-Perú sobre la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Lima, 2002.


ADOLESCENTES Y SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

¿Quiénes son las y los adolescentes?
Del total de la población peruana, el 27% (casi la tercera parte) es adolescente entre 10 y 19 años. Para el año 2000 existen, aproximadamente, un millón 332 mil mujeres que son adolescentes entre los 15 a 19 años que representan el 19.4% del total de mujeres en edad fértil (MEF). 973 mil 268 residen en el área urbana y 358 mil 568 en el área rural.

La salud de las y los adolescentes y, por consiguiente, las políticas y leyes que se implementan para su cuidado son un tema de gran interés para diversas organizaciones y profesionales vinculados a los derechos sexuales y reproductivos; sin embargo, en la práctica, ellas/os han sido un grupo poblacional relegado y con nula participación en la construcción de políticas públicas.

No se considera a las y los adolescentes como ciudadanas y ciudadanos con derechos plenos, se olvida que les corresponde los mismos derechos que a cualquier persona, además de aquellos que se les reconoce de manera especial por condiciones de vulnerabilidad.

Así, las y los adolescentes en materia de sexualidad y reproducción tienen derecho al acceso a servicios de salud reproductiva de calidad, a información y educación sexual que les permita tomar decisiones libres sobre su sexualidad y reproducción, lo cual incluye evitar embarazos a edades tempranas y no deseados, no morir por causa de maternidad, tener acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos, estar libres de enfermedades como las de transmisión sexual, el VIH-SIDA, tener relaciones sexuales consentidas y que no pongan en riesgo su dignidad personal, entre otros.

En el Perú, las estadísticas sobre salud sexual y reproductiva demuestran los grandes inconvenientes que las y los adolescentes tienen para ejercer estos derechos; por ello, urgen políticas que den prioridad a las necesidades de este grupo poblacional importante.

Educación en sexualidad
En la actualidad, las y los adolescentes en edad escolar no acceden a una educación sexual que les permita obtener los conocimientos y habilidades necesarias para tomar decisiones informadas respecto a su vida sexual y reproductiva.

Numerosas investigaciones han demostrado que la educación e información en sexualidad es primordial para que las y los adolescentes puedan vivir una sexualidad libre de mitos, represiones y falsos temores, que en la mayoría de veces pone en riesgo su salud, y permita establecer relaciones más democráticas entre los sexos.

A pesar de las grandes necesidades en esta materia, la educación en sexualidad no es hoy una prioridad política, y las y los adolescentes no encuentran respuestas a sus numerosas interrogantes respecto a su sexualidad. Este problema constituye una preocupación para el Comité para la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas, que en el año 2003 manifestó expresamente al Estado su preocupación respecto a la insuficiente educación sexual orientada a la población adolescente.

Se considera primordial que se brinden los mecanismos legales necesarios para que en todas las escuelas del país se restituyan las acciones del Programa Nacional de Educación Sexual, cuyos contenidos deberán de ser ajustados a los compromisos internacionales en materia de salud y derechos de las y los adolescentes.

Acceso a servicios
En la actualidad, aún se mantienen barreras legales (además de las sociales y culturales) que impiden a las y los adolescentes acceder a servicios de planificación familiar. Las normas de planificación familiar señalan como uno de los requisitos ser mayor de 16 años para recibir atención en estos servicios y para el suministro de métodos anticonceptivos temporales; no obstante, a partir de los 14 años, según lo establece el artículo 46 del Código Civil, quienes hayan procreado gozarán de derechos tales como el reconocimiento, reclamo o demanda de gastos por embarazo o parto, entre otros. Es decir, pueden ejercer derechos reproductivos referidos a la paternidad/maternidad, pero no los relacionados al control de su fecundidad. Ello refleja una incoherencia entre la legislación y la política que se aplica desde el Ejecutivo.

Lo más grave es que las y los adolescentes entre los 12 y 16 años que no tienen hijas/os, pero sí tienen una vida sexual activa, no pueden recibir atención en servicios de anticoncepción, ello por las barreras antes señaladas, por lo que se encuentran expuestas/os a un embarazo de alto riesgo, a contraer ITS / VIH / SIDA -tal como lo demuestran las estadísticas-, de verse frente a un aborto y de morir a causa de ello.

Según lo señala el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAI) 2002-2010, “No se oferta el servicio de planificación familiar para las adolescentes, a pesar de su evidente necesidad... en general, se tiene en la actualidad una visión moralista acerca del ejercicio de la sexualidad por parte de este grupo, no reconociéndose como su derecho, sino más bien considerándolo como un problema, cuando el problema se ubica en la falta de orientación y servicios directamente dirigidos a prevenir todos los riesgos asociados a la sexualidad activa...” y, agregaríamos, sin protección.

Resulta prioritario, entonces, modificar y adecuar las normas y políticas nacionales a las necesidades de este grupo poblacional, y eliminar las restricciones para el acceso a servicios de anticoncepción a adolescentes sin ningún tipo de discriminación.

Datos a tener en consideración

· 13% de las adolescentes entre 15 a 19 años de edad ya es madre (11%), o está gestando por primera vez (2%). El 41.8% de ellas quería ese hija/o, pero después. (INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima.2001).
· Los mayores porcentajes de adolescentes que son madres o están embarazadas se presentan entre las mujeres sin educación (37%) y entre aquellas que residen en la selva (26%) y en el área rural (22%). (INEI, ibid).
· Dentro de las causas que determinan el embarazo se encuentran: el abuso sexual de la niña o sexo forzado, uniones tempranas y el escaso conocimiento e información en algunas regiones y grupos sociales. (PROMUDEH. Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (DS N° 001-2000-PROMUDEH). Lima. 2000).
· Sólo el 8.8% de mujeres adolescentes utiliza algún método anticonceptivo, 5.6% uno moderno y 2.9 uno de los llamados tradicionales. (INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 2001).
· El 17.9% de casos de SIDA se da en el grupo entre 20-24 años (hombres 14% y mujeres 3.94%), y debido al largo periodo de evolución de la enfermedad (5 a 10 años), es seguro que la adquisición de la infección de VIH se produjo durante la etapa adolescente. (INEI, ibid).
· Sólo el 0.9% de mujeres adolescentes usa como método anticonceptivo el condón, el 28.8% de ellas conoce el VIH-SIDA pero no sabe cómo evitarlo. (INEI, ibid).
· Uno de cada 20 adolescentes se ve afectado por una ITS, 50.7% de las mujeres entre los 15 y 19 años no conoce sobre las ITS, convirtiéndose en un grupo de alto riesgo para contraer además el VIH-SIDA. (INEI, ibid).
· La muerte materna entre los 15 a 19 años alcanza una razón de 362 por 100,000 nacidos vivos, casi el doble de la razón general. (INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1996. Lima, 1997).

Compromisos del Estado

Internacionales
“...proporcionar a las/os adolescentes un entorno seguro y propicio, que les permita participar en la adopción de decisiones que afectan su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las cuestiones que afectan su salud. El ejercicio del derecho a la salud de las/os adolescentes depende de una atención respetuosa de la salud de las/os jóvenes que tiene en cuenta la confidencialidad y la vida privada y prevé el establecimiento de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva”. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 12, párrafo 23.

“Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia”. Convención sobre los Derechos del Niño. 24.2.f.

“...eliminar, cuando correspondiera, los obstáculos jurídicos, normativos y sociales que impiden el suministro de información y servicios de salud reproductiva a las/os adolescentes”. Programa de Acción de la CIPD. 7.45.

“...promover los derechos de las/os adolescentes a la educación, la información y la asistencia en materia de salud reproductiva y reducir considerablemente el número de embarazos entre las adolescentes”. Programa de Acción de la CIPD. 7.46.

Nacionales
“La incapacidad de las personas mayores de dieciséis años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de éste. Tratándose de mayores de catorce cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo, para realizar solamente los siguientes actos:
1. Reconocer a sus hijas/os.
2. Reclamar o demandar por gastos de embarazo y parto.
3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia y alimentos a favor de sus hijos”.
Código Civil del Perú. Art.46.

“La población adolescente, en especial aquella que es sexualmente activa, deberá de recibir información completa, orientación y atención preventiva en el área de salud reproductiva, en coordinación con el Programa de Salud Escolar y Adolescente”. Normas del Programa de Planificación familiar. Disposiciones para la atención en los servicios de planificación familiar. 1. Inc. q).

Fuentes:
INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 2001.
Távara, L. Ponencia en II Congreso Internacional en el Área Materno Perinatal. Lima, 2001. Información en base al MINSA.
PROMUDEH. Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (DS N° 001-2000-PROMUDEH). Lima, 2000.
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010. Lima. 2002
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LAS MUJERES Y EL VIH-SIDA

En la actualidad no se cuenta con información que grafique de manera real la magnitud de la pandemia en el Perú; además, muchos especialistas afirman que existe un subregistro en las cifras oficiales, y el propio Ministerio de Salud señala que éste sería del orden del 30 y 50%.

Lo que sí es real, es que el VIH-SIDA constituye un problema de salud pública en el Perú, y que uno de los grupos más vulnerables y de especial atención son las mujeres. Por ello, en la actualidad se afirma que el VIH-SIDA tiene rostro femenino, joven y pobre, además su patrón de contagio es, predominantemente, heterosexual y monógamo.

Las mujeres muestran una mayor vulnerabilidad a las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA, por factores socio-culturales y biológicos. Las inequidades de género, marcadas por la subordinación de las mujeres y por un entorno muchas veces violento en las relaciones sexuales, ponen a la mujer y especialmente a las más jóvenes en mayor riesgo para contraer el VHI-SIDA.

Mujeres, acceso gratuito a tratamiento
En el Perú, las mujeres constituyen uno de los grupos con menores posibilidades de acceder a los medios económicos necesarios para cubrir prestaciones de salud; aún más, la gran mayoría no puede subvencionar personalmente los gastos para cualquier tratamiento.

El costo del tratamiento para controlar la infección por VHI en el Perú es de aproximadamente US$ 300 mensuales. Como es natural, esto lleva a pensar que miles de mujeres se encuentran condenadas a muerte y que sus posibilidades de posponer la aparición de la enfermedad sean nulas.

No obstante esta situación, en el Perú no existe una ley o política nacional que incluya la dotación gratuita de medicamentos antirretrovirales, tal como se hace en casi toda América; en Brasil, por ejemplo, el Estado ahorró 677 millones de dólares al brindar acceso universal a tratamientos.

Se propone por ello establecer los mecanismos legales que permitan brindar tratamiento gratuito en los servicios públicos a las personas seropositivas o con SIDA, especialmente a las mujeres, debido a su mayor vulnerabilidad social, económica y biológica.


Maternidad y VIH-SIDA
La situación de las mujeres gestantes con VIH-SIDA es alarmante, pues aquellas que acuden a un servicio de salud público reciben durante las seis semanas anteriores al parto sólo AZT, que logra disminuir el riesgo de transmisión de madre a hijo de un 30% a un 8%, pero que es insuficiente y poco potente para controlar al VIH en la mujer.

Otro aspecto importante es que a las mujeres se les suspende todo tipo de tratamiento, una vez que salen de la condición de embarazo, lo cual las hace más resistentes a futuros tratamientos.

Se ha demostrado que el uso correcto y sistemático del condón masculino reduce eficazmente la infección del VIH-SIDA; sin embargo, tal como señaló el director ejecutivo del Programa Conjunto de Naciones Unidas para VIH-SIDA (ONUSIDA), “sin métodos de prevención que las mujeres puedan controlar y tener acceso a ellos, no existe la posibilidad de hacer una diferencia real frente al problema”.

Ello debido a que el uso del condón masculino se da dentro de una “negociación” entre géneros, en la que la mujer, en la mayoría de casos, se encuentra en situación de desventaja y de subordinación respecto a las decisiones en materia de la sexualidad y de la prevención en particular. Eso coloca a muchas mujeres en una situación de vulnerabilidad frente al virus del VIH-SIDA.

Esta situación demanda que, sin desalentar el uso del condón masculino, se dé la normativa que facilite el acceso al condón femenino, acompañada de la obligación de proveerlo de manera gratuita desde los servicios públicos de salud, se regule su importación y se realicen campañas que difundan su efectividad. Esta estrategia ha sido probada en países como Brasil, Bolivia, Sudáfrica, Haití y Zambia.

La norma también deberá de considerar las medidas que aseguren campañas con acciones de educación en salud y sexualidad y de prevención, con una perspectiva de género, dirigidas a los grupos más vulnerables, entre ellos las y los adolescentes y jóvenes.

Todas estas acciones serán de un gran impacto en la salud y la vida de las mujeres, pues les permitirá tener una mayor protección frente a un posible contagio de VIH-SIDA, lo que, a su vez, disminuirá los casos de infección, y se evitarán embarazos no deseados.

DATOS A TENER EN CONSIDERACIÓN

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Desde que se detectó el primer caso de VIH-SIDA (1983) hasta la actualidad se estima que perdieron la vida 15,283 personas. (Cabello, Robinson. Situación y respuesta al VIH-SIDA en el Perú. Vía Libre. Lima, 2002).
· Para el año 2,000 se calculó que el gasto en atención asumido por el Ministerio de Salud fue de 7.5 millones de dólares, mientras que 40 millones fueron costeados por las personas de manera individual. (Cabello, Robinson, Ibid).
· Cifras oficiales reportan que hasta septiembre del 2002, hay 25,739 personas con diagnóstico conocido, de las cuales 13,257 se encuentran en la ultima etapa llamada SIDA. (Cabello, Robinson. Ibid).
· Las proyecciones oficiales a 1999 señalan que existen 76,000 personas viviendo con VIH-SIDA, pero estimaciones indican que esta cifra supera las 100,000 personas y un 75% de ellas no sabe que son portadoras. (Cabello, Robinson, Ibid).
· El 70% de las personas afectadas tiene entre 20 y 39 años y el mismo porcentaje se encuentra en situación de pobreza a pobreza extrema. El 81% es hombre y el 19% mujer; sin embargo, la evolución de la razón hombre-mujer muestra que se ha acelerado la transmisión en las mujeres. (Cabello, Robinson. Ibid).
· En 1986, por cada 10 hombres una mujer estaba infectada; para el año 2001, esta proporción fue de 3 a 1 y el 70% de las mujeres fue contagiada por su única pareja. (Mesa Tripartita de Seguimiento a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, “Algo más que palabras”. Lima, 2001).
· Tan sólo el 4% de las mujeres y 11% de los hombres tienen relaciones sexuales protegidas con condón. (INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1996 (ENDES). Lima, 1997).
· El 24.7% de las mujeres conoce el VIH-SIDA, pero lamentablemente no sabe cómo evitarlo y tan sólo el 33.3% sabe que usando el condón puede evitar el contagio. (INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 2001).


Compromisos del Estado

Internacionales
“Exigen que se establezcan programas de prevención y educación para hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el comportamiento, como las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH-SIDA, y las que afectan de forma adversa a la salud sexual y reproductiva...”. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general N°14. Párrafo 16.

“Garantizar la prestación, mediante el sistema de atención primaria de salud, del acceso universal de las parejas y las personas a servicios de prevención... y ampliar la prestación de asesoramiento y servicios de diagnóstico voluntario y confidencial y de tratamiento para las mujeres; garantizar el suministro y la distribución a los servicios sanitarios de preservativos de calidad, así como medicinas para el tratamiento...”. Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing. Párrafo 107.G.

“El objetivo es prevenir las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA, reducir su incidencia y proceder a su tratamiento... prestando especial atención a las jóvenes y a las mujeres”. Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional de El Cairo. Párrafo 7.29.

Nacionales
“Toda persona con VIH-SIDA tiene derecho a la atención médica integral y a la prestación previsional que el caso requiera. Para el cumplimiento de esta disposición se prevé:
a) El Estado debe de brindar dichos servicios a través de las instituciones de salud, donde tenga administración, gestión o participación directa e indirecta; y
b)Dentro del régimen privado, los derechos de atención médica integral de seguros se harán efectivos cuando se trate de obligaciones contraídas en una relación contractual”.
Ley 26626, art. 7.

“El Ministerio de Salud gestionará la provisión de recursos presupuestarios para que:
a)Las gestantes infectadas por el VIH reciban tratamiento antiviral y lactancia artificial proveídos gratuitamente, en el esquema y por el tiempo recomendado por el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETTS);y
b)Todo niño nacido de madre infectada por el VIH, reciba tratamiento antiviral y lactancia artificial proveídos gratuitamente, en el esquema y por el tiempo recomendado por elPROCETSS”. Reglamento de la Ley 26626, Art. 10


FUENTES:
INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 2001.
Cabello, Robinson. Situación y respuesta al VIH-SIDA en el Perú. Vía Libre. Lima, 2002.
Gómez, Adriana, Ed. Mujeres, vulnerabilidad y VIH-SIDA, un enfoque desde los derechos humanos. RMSLAC. 1998.
Mesa Tripartita de Seguimiento a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Algo más que palabras. Lima, 2001.
Ministerio de Salud, ONUSIDA. “Estado de situación: El SIDA en el Perú al año 2000. Lima, 2001.
AISDCAP. El condón femenino, desde la etapa de investigación a la comercialización. 1997.


 

 

 



 

 


 



 

 

 



 




 

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